Cargando...En nombre de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de Mariano Rajoy le ha arrebatado su propia naturaleza. La asistencia sanitaria pública era un derecho universal desde 1986 de “todos los españoles y los ciudadanos extranjeros” que tuvieran establecida “su residencia en el territorio español”. Ahora, con el real decreto aprobado por el Gobierno, es un derecho solo para “aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”, una condición que impone el texto normativo publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado y que deja en entredicho los desmentidos oficiales de ayer de la propia ministra de Sanidad Ana Mato, empeñada en negar la evidencia.
La Ley General de 1986, que ayer cumplió justamente 26 años, fue una importante conquista social. Su aplicación ha llevado años y aun hoy hay flecos pendientes para cumplir con una norma clave del desarrollo del sistema sanitario español y que establecía que la salud debía estar “orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales”. El real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud deroga el espíritu de aquella ley dejando sin cobertura a algunos colectivos —inmigrantes en situación irregular— y, como mínimo, complica el acceso al sistema a otros —mayores de 26 años no cotizantes y divorciados sin ingresos—.