SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

Derecho a desobedecer

El pueblo español y otros europeos hemos comenzado a vivir bajo una tiranía.

Las autoridades imponen políticas que provocan daños económicos, físicos y morales a la mayoría de la población. Reducen los ingresos y aumenta la pobreza y la exclusión (solo entre 2009 y 2010 aumentó en 1,1 millones el número de personas pobres en España). Disminuyen la financiación de los servicios públicos básicos, lo que hace que aumente la mortalidad, las enfermedades y todo tipo de daños psicológicos y personales (la tasa de mortalidad ha aumentado un 20% en Portugal desde que empezaron a adoptarse las políticas de ajuste y la esperanza de vida ha bajado por primera vez en España). Recortan los derechos de los más desfavorecidos al mismo tiempo que aumentan los privilegios de quienes gozan de más renta y riqueza (la desigualdad aumentará en España un 9% en 2012 como consecuencia de los recientes ajustes fiscales del PP).

Además, imponen estas medidas recurriendo a todo tipo de mentiras.

Dicen que las toman para mejorar la economía pero esta está peor que antes de tomarlas. Nuestra prima de riesgo esta más de 400 puntos por encima de la que había en mayo de 2010 cuando empezaron los recortes que Zapatero y luego Rajoy dijeron que había que tomar para que bajase.

Dicen que las reformas del mercado laboral son para crear empleo y lo que sucede es que la tasa de paro está cinco puntos más alta que antes de aprobarse.

Dicen que hay que reducir el gasto social para disminuir la deuda y resulta que ahora está casi 17 puntos más arriba en porcentaje sobre el PIB que hace dos años porque lo que ocurre, lógicamente, es que con menos gasto público se generan también menos ingresos en todas las actividades.

Dicen que hay que reducir el gasto en personal público porque no hay dinero pero privatizan servicios a base de contratos a favor de empresas privadas que son más caros que el personal que ahorran. Así ha pasado, entre otros muchos casos, con la privatización del servicio de expedición de vidas laborales de la Seguridad Social pagando 4,7 millones de euros a una empresa privada.

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