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Hasta siete veces ha convocado el gobierno de La Paz a la oposición desde el jueves pasado, y siete veces ha sido plantado. La aprobación de una nueva ley electoral -ajustada a la constitución- se ha convertido en un nuevo caballo de batalla de la oposición proyanqui en Bolivia. Ante el planteamiento inicial del gobierno de Evo Morales de utilizar el censo tradicional -que data de hace más de quince años-, la oposición se retiró del hemiciclo para bloquear por falta de quórum. Pero su farisea indignación democrática -ante un censo que ellos mismos han aceptado en todas y cada una de las citas electorales anteriores- podría quedar ahora en evidencia: El gobierno del MAS encargará la elaboración de un nuevo, sofisticado y ultrafiable censo biométrico para las nuevas elecciones, lo que deja a la oposición sin su principal baza.
“Está claro que tiene que haber Congreso el día de hoy en la noche, está claro que vamos a amanecer trabajando, yo les ido que se preparen para ello, no voy a postergar la sesión para el día de mañana en la mañana, vamos a trabajar ahora en la madrugada, hasta el amanecer, el tiempo necesario. Entonces les pido que se preparen, que tomen un buen café, triple café (…) y prepararse para avanzar de corrido durante toda la noche, toda la madrugada", aseguró el vicepresidente García Linera, anunciando que la cámara legislativa trabajaría toda la noche. El gobierno ha puesto a disposición de los diputados ausentes hasta avionetas y helicópteros oficiales para que acudan a votar, poniéndose cada vez más en evidencia los fines espurios que defienden. "El principal tema de debate y confrontación está resuelto", dijo Álvaro García Linera, al anunciar la resolución de la Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia de confeccionar un nuevo padrón biométrico para los comicios del 6 de diciembre, que supondrá un coste de 35 millones de dólares. El nuevo censo biométrico incluirá registros informatizados de fotografías, huellas dactilares y firmas de los votantes. Además anunció, para mayor garantía de la oposición que para la elaboración del nuevo censo, se solicitará la observación de organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y el Centro Carter, entre otros. El problema, tal y como ha denunciado el gobierno boliviano, no es la falta de garantías democráticas de unos comicios que han sido elogiados por la ONU en numerosas ocasiones. Después del golpe que supuso para la oposición vinculada a Washington, nucleada en las provincias de la Media Luna, la victoria popular del proceso constituyente, la oligarquía cruceña y sus aliados intentan recuperar el aliento y la iniciativa contra el gobierno de Morales. Los niveles de popularidad del presidente boliviano continúan creciendo, y más de que Morales haya conseguido con su huelga de hambre que los sectores de “ultraizquierda indigenista” –insatisfechos por la representación y los mecanismos de poder que confiere a las comunidades indígenas la nueva Constitución- vuelvan a unirse a él. Un nuevo censo puede dar todavía más potenciales votantes de los sectores pobres, campesinos e indígenas, donde el apoyo al MAS es abrumadoramente masivo. Si querían sopa democrática, les han dado tres tazas.