Cargando...Tras una campaña electoral breve pero intensa, marcada por las denuncias sobre las tradicionales prácticas de distorsión de la voluntad popular y opacidad –sobre todo en su etapa final–, pero también por la irrupción de movilizaciones ciudadanas saludables y vigorizantes –principalmente las protagonizadas por jóvenes–, la ciudadanía asiste hoy a una nueva cita con las urnas. La trascendencia de ésta se mide no sólo por el número de cargos de elección popular en disputa –la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías federales; seis gubernaturas y la jefatura de Gobierno del Distito Federal; 579 curules legislativas estatales, 876 ayuntamientos y 16 jefaturas delegacionales–, sino porque en ella se juega buena parte de la vigencia y la credibilidad de la institucionalidad democrática en el país, que actualmente se debate entre el innegable proceso de avance y modernización que ha experimentado la sociedad en los años recientes y la persistencia de inercias autoritarias, antidemocráticas y turbias de gobiernos, partidos y poderes fácticos.
Si la presencia de las segundas tuvo el efecto de ensuciar el proceso electoral de hace seis años, y legó un gobierno deficitario de legitimidad, un conjunto de autoridades cuestionadas y un sentir de retroceso respecto de lo que se había avanzado hasta entonces en materia de democracia, la aparición de esos mismos elementos en los comicios actuales es un factor indeseable de incertidumbre, que amenaza no sólo con la posibilidad de un nuevo conflicto poselectoral, sino también de provocar un cisma en la actual institucionalidad republicana. La democracia del país asiste hoy, pues, a una de sus pruebas decisivas.