Miembros del entorno del expresidente de Bankia y vicepresidente Económico del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, no dan crédito a las explicaciones ofrecidas por el socio auditor de Deloitte a su negativa para aprobar las cuentas del 2012. Según ha declarado Francisco Celma ante el juez de la Audiencia Nacional no avaló las cuentas de Bankia aprobadas por el equipo de Rato, porque los entonces consejeros no se las presentaron firmadas, tal y como exige la ley. Esta explicación es novedosa. No era lo que se esperaba de la declaración del auditor, pero alertan de que quizás resulte la mejor fórmula. La ausencia de firma más famosa de los últimos años en materia financiera fue la de Emilio Botín cuando presentó su oferta por el Banesto intervenido de Mario Conde. Desde entonces no se conocía un caso similar.
Según la declaración de Celma como testigo, lo que le obliga a no mentir para no ser perseguido por la Ley si lo hiciera, la compañía auditora había alertado a los miembros de los Comités de Auditoría del grupo, a la dirección y al supervisor de la situación de la entidad y sus problemas de viabilidad futura, según las fuentes jurídicas habituales próximas a los responsables de la presentación de la denuncia. El juez debe haber quedado sorprendido. Porque hasta ahora los ex miembros del consejo de administración de Bankia, Ángel Acebes incluido, habían prestado un testimonio completamente distinto. Bien es cierto que a los imputados no se les exige que declaran en su contra, y por lo tanto no se les exige que digan en este caso la verdad.
Difícil papeleta para el juez. Rodrigo Rato declaró personalmente en la Audiencia, que las cuentas con 309 millones de euros, se rubricaron en la reunión del Consejo de Administración del 28 de marzo y que el auditor ya conocía con anticipación de un día de que se iba a producir así.
En cambio, según las fuentes que habitualmente informan tras las comparecencias ante el juez, Celma ha reiterado en su comparecencia de más de unas 5 horas, que los exconsejeros no entregaron las cuentas firmadas hasta el 25 de mayo justo cuando se había producido el cambio de administradores. Además, con la presidencia ya de José Ignacio Goirigolzarri, se reformularon las cuentas con unas pérdidas de 2.979 millones de euros.
Celma ha asegurado que una vez firmadas las cuentas pudieron emitir su opinión. La información claramente contradice lo declarado por los consejeros que han querido declarar. Algunos claramente no tenían conocimientos para estar en el consejo ni para manifestarse sobre las cuentas.
Con independencia de estas diferencias, el auditor ha asegurado que aunque hubiese tenido firmadas las cuentas habría reseñado en su informe la salvedad de que no podía dar su opinión porque le faltaba información, y hubiera añadido un párrafo con las dudas sobre la viabilidad del proyecto que les había presentado Rodrigo Rato.
Peor hubiera sido el caso de la auditoría de BFA, pues las salvedades habrían sido tanto a los créditos fiscales tal como estaban contabilizados como a la valoración de la participación en Bankia.
Según Celma, nueva contradicción con lo declarado por los exconsejeros, los miembros de las Comisiones de Auditoría de BFA y Bankia ya sabían desde el mes de octubre de estas observaciones según las advertencias realizadas por Deloitte. Celma ha especificado que no se le convocó para participar en las cuatro reuniones del consejo de BFA ni en las otras siete reuniones celebradas por el consejo de Bankia hasta el mes de marzo. Curiosamente ningún consejero de los que han declarado había mostrado ninguna extrañeza ni reserva sobre la inasistencia del auditor a las reuniones, pese a la gravedad de la situación.
Tampoco se conoce que el Banco de España hubiera realizado sugerencia alguna para que el auditor fuera convocado a estas reuniones. Expertos juristas alertan a capitalmadrid.com de que legalmente no resulta obligatorio hacerlo, pero consideran que hubiera sido lo más conveniente para poner sobre aviso a todos los miembros del consejo.
Respecto de la matriz ha subrayado que ya informó en el mes de enero, entre otros, a Rodrigo Rato y al entonces consejero delegado, Francisco Verdú, de que dada la relevancia de los temas pendientes de resolver, había dudas sobre su viabilidad del proyecto por lo que si no se resolvían, incluiría salvedades en el informe de auditoría.
Y todavía ha añadido más diferencias respecto de lo declarado hasta ahora por quienes han acudido a la Audiencia Nacional. Para Celma, las dudas sobre la viabilidad se incrementaron con de decreto ‘De Guindos 1′, primer decreto de la reforma financiera aprobada por el Gobierno en febrero. Y aquí hay una clara diferencia con lo declarado por el propio Rato ante la Audiencia. Explicó al Comité de Auditoría de BFA del 26 de marzo que, debido a la importancia de los temas pendientes, Deloitte no iba a entregar un borrador. Ha dejado por tierra toda la estrategia preparada para que no acabe siendo Rodrigo el único que sale claramente caballo perdedor de todo este proceso.
Ha añadido que llegó a comunicar semana a semana a los consejeros que le faltaban los documentos y que, cada tres o cuatro semanas se lo exponía al propio presidente de la Comisión de Auditoría, Alberto Ibáñez, al que en febrero le anticipó que si no corregía esta deficiencia, ello conllevaría la citada salvedad.
El currículo de Alberto Ibáñez González lleva a pensar que él si sabía muy bien de lo que le estaban hablando, pues había ocupado con anterioridad puestos relevantes en el sector financiero que le exigían conocimiento de la gestión de este tipo de entidades. Entre 1989 y 1998 fue presidente de Salomon Brothers España y entre 1999 y 2007 ocupó varios cargos en Citigroup, entidad que presidió para en España y Portugal.
La desvelado que se creó un grupo de trabajo en el que participaba Deloitte para buscar una solución. Optaron por dos alternativas: una fusión o una inyección de capital. El 18 de abril, Rato le telefoneó para informarle de que estaba a punto de conseguir los 7.000 millones que se necesitaban y le preguntó si sería posible conseguir en ese caso un informe sin salvedades.
Cela respondió que si se concretaba la llegada de capital adicional y Deloitte recibía la documentación pendiente, trabajarían ‘día y noche’, la expresión a la que se refirió Rodrigo en su comparecencia, para entregar un informe de auditoría favorable. Pero no se hizo. Si prepararon dos borradores, lo que Celma ha denominado papeles de trabajo.
Esta versión contrasta sobre todo con lo dicho sobre todo por los exconsejeros, Alberto Ibáñez y la miembro de la comisión de auditoría de Bankia, la profesora Araceli Mora.
Ibáñez afirmó en su declaración como imputado, lo que no le obliga a declarar en su contra, que durante el mes de abril, una vez formuladas las cuentas, tuvo varias conversaciones telefónicas con Celma para preguntarle si había algún problema o dificultad, a lo que la respuesta siempre fue que no veía ningún motivo de preocupación.
En cuanto a la profesora Araceli Mora recibió ese mes de abril dos mails de respuesta de Celma, al que había preguntado sobre este retraso, y que no le manifestó ningún tipo de circunstancia que le impidiese entregar el informe.
Celma ha negado que Mora, tras varios intentos frustrados de hablar con él consiguiera hacerlo el 3 de mayo por teléfono y que tras preguntarle por el informe, contestara Celma, tu sabrás, estáis en negociaciones.