Cargando...
El gobierno de extrema derecha de Silvio Berlusconi ha conseguido aprobar su ley más reaccionaria y xenófoba hasta el momento, una legislación de claros tintes fascistas. Ser inmigrante ilegal a partir de ahora es delito en Italia, se promueve el colaboracionismo y se obliga a la delación a las autoridades. Las madres indocumentadas ni siquiera podrán inscribir a sus hijos. Estamos ante el ataque más grave a las libertades y los derechos humanos que se ha producido en la Unión Europea desde su fundación
Las asiraciones de la Liga Norte, el postfascista partido que gobierna en coalición con Silvio Berlusconi, se han hecho realidad. Los inmigrantes ilegales han sido declarados proscritos, y podrán ser perseguidos en cacerías de ciudadanos. El que ayude a un inmigrante, el que les ofrezca refugio o no colabore con el Estado, podrá ser juzgado y encerrado. No es ninguna exageración, no es propaganda alarmista, es literalmente lo que dice la nueva ley. Ser inmigrante indocumentado en Italia no sólo es ilegal, ahora es delito. Los trabajadores sin papeles no tendrán ninguna cobertura legal, ningún derecho, y serán objeto de persecución. A pesar de que en el último momento se ha eliminado la obligatoriedad de los sanitarios o de los directores de los colegios de informar de la presencia de ilegales en sus centros, los inmigrantes no podrán ser atendidos en los hospitales, escolarizar a sus hijos o denunciar un delito, porque pueden ser denunciados por cualquier ciudadano, ya que para el resto de los italianos sí es obligatorio delatar a la policía la presencia de sin papeles. Este drama es especialmente cruento para las embarazadas indocumentadas. Acudir a un hospital a dar a luz puede significar la deportación, y ni siquiera podrán inscribir en el censo a los recién nacidos en suelo italiano. Los niños sin papeles serán apátridas, desamparados, parias sin cobertura ninguna. Las organizaciones de derechos humanos auguran un aumento espectacular de partos fuera de los hospitales y de abortos clandestinos–con el aumento de mortalidad consiguiente-, así como de las entregas en adopción de los neonatos. Para los inmigrantes apresados, se amplia el plazo de detención en los centros de identificación y expulsión, verdaderos Guantánamos en el corazón de Europa. El periodo actual de permanencia en Italia en estos agujeros negros es de dos meses, y el gobierno Berlusconi ampliará el plazo al límite que le permite Europa: seis meses encerrado sólo por ser indocumentado. Los trámites de regularización se hacen más duros y más caros – entre los 80 y los 200 euros para los inmigrantes que soliciten o tengan que renovar su permiso de trabajo-. Los inmigrantes ilegales recibirán primero un aviso en forma de multa -que oscilarán entre los 5.000 y los 10.000€- y en caso de no abandonar el país, serán encarcelados de seis meses a un año. Pero la Ley no sólo persigue a los inmigrantes, sino que legaliza las turbas de delatores y colaboracionistas, llamadas `rondas ciudadanas´, al estilo de los minutemen autorizados por Bush para buscar y atrapar a espaldas mojadas en la frontera mexicana. Las patrullas de chivatos podrán vigilar cada barrio y cada calle, y cada ciudadano puede y debe ser un delator. Para aquellos que den refugio a un proscrito, alojando a un indocumentado o alquilándole una habitación, se contemplan también penas de cárcel. El gobierno no ha querido jugársela con la polémica Ley de Seguridad ( `Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)–además de por la oposición de la izquierda italiana, por la insistencia de numerosos juristas, que señalan la inconstitucionalidad de la ley- y ha querido `agilizar los trámites parlamentarios´ sometiendo las tres enmiendas que introduce a una `cuestión de confianza´ en el Parlamento. Se trata de un vericueto legal que impide el debate en la Cámara y la votación secreta, algo habitual en Italia. La Ley ha suscitado una ola de denuncias y de protestas. La oposición, a través de su lider, Dario Franceschini, denunció que “ya ha habido un momento en la historia italiana en la que se expulsaba a los niños del colegio por su religión. No podemos volver a las leyes raciales". Juristas independientes, como Alessandro Pace, presidente de la Asociación Italiana de Constitucionalistas, señaló que el artículo 2 de la Constitución Italiana "reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, no sólo de los ciudadanos italianos". Hasta la Iglesia, tradicionalmente indulgente con los ataques reaccionarios de Berlusconi, ha reaccionado ante la brutal ofensiva contra los derechos humanos que significa la Ley de Seguridad. “Se corre el riesgo de crear una franja de ciudadanos de serie B" y de hacer de los inmigrantes unas "no personas", dijo la Conferencia Episcopal Italiana. La clase dominante italiana parece haber dado rienda suelta a las medidas extremadamente reaccionarias y opresivas del gobierno Berlusconi, que día a día degradan la calidad de la democracia transalpina. Es necesario dividir y enfrentar a los trabajadores para cargar todo el peso de la crisis sobre sus espaldas. La sociedad italiana ha de reaccionar ante este ataque frontal a las libertades y derechos civiles, y es preciso que el resto de los europeos tracemos un cordón sanitario contra los aires ultraxenófobos y fascistoides que vienen del gobierno Berlusconi. Es preciso recordar que la crisis del 29 trajo el auge de los fascismos, y que antes de que el putsch de Hitler colocara a los nazis al frente del III Reich, las camisas negras hacía tiempo que habían marchado sobre Roma.