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Torrent, ha puesto fecha para la sesión de investidura de un candidato alternativo a Puigdemont: el ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, todavía en prisión preventiva. Su investidura está puesta en cuestión. No ya por la oposición de Ciudadanos, o por las decisiones del Supremo o el Constitucional. Sino por la negativa de la CUP a darle su apoyo, alegando que jamás “votarán a un candidato autonomista”. Esta paradoja define la situación política en Cataluña. La de unas élites independentistas que están pasando, cada vez a mayor velocidad, del retroceso ordenado a la huida desesperada y en desbandada.
Hoy la política catalana toma posición a favor o en contra de la candidatura de Jordi Sánchez a presidir la Generalitat. Pero para llegar a este punto han debido pasar muchas cosas.
En primer lugar, Puigdemont se vio obligado a retirar públicamente su candidatura a presidir la Generalitat cuando pocos días antes repetía la consigna, presentada como un chantaje de “o Puigdemont o elecciones”.
Ese mismo día, en la primera sesión del Parlament tras las elecciones del 21-D, las tres fuerzas independentistas, Junts per Catalunya, ERC y la CUP, aprobaron una moción que reivindica la legitimidad de Puigdemont y los resultados del 1-O, pero en la que se “borró” la reivindicación de la DUI aprobada el 27 de octubre.
Al mismo tiempo, Puigdemont ha debido renunciar a que la estructura paralela que se pretende crear en Bruselas tenga mandato directo sobre el govern de la Generalitat en Barcelona.
Y sorprendentemente, evidenciando una división que es mucho más que una desavenencia, ERC votará a favor de una enmienda de En Comú Podem en la que se establece que no puede haber una estructura paralela en Bruselas -la que presidiría Puigdemont- que se encuentre por encima del govern efectivo en Cataluña.
Desde entonces se han sucedido los pronunciamientos en los que destacados líderes independentistas reconocen su derrota.
Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, pedía a la CUP “realismo”, recordándoles que “el contexto actual es muy diferente” del vivido anteriormente.
Una de las fuerzas de choque de la fragmentación, Òmnium Cultural, reclamaba unidad a todas las fuerzas independentistas para “recuperar las instituciones, algo absolutamente urgente”. Y, rompiendo la unidad que había presidido todas las movilizaciones independentistas, no secundaba la manifestación convocada por la ANC para exigir “avanzar hacia la república”.
Mientras Joan Tardà, peso pesado de ERC y portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, publicaba un artículo en El Periódico, titulado significativamente “Ni astucias ni huidas hacia delante; ahora toca ser más”, en el que llamaba a un entendimiento con los comunes e incluso con el PSC -que exigiría renunciar de momento a la independencia-, recordando que “el independentismo solo tendrá éxito si entiende que debe acumular fuerzas (no somos bastantes, hemos repetido muchas veces)”.
Era incluso más claro Santi Vila, conseller de Empresa en el gobierno de Puigdemont, al declarar que “2018 debe ser el año de la rectificación del independentismo, no de la ratificación”.
Una oleada que es expresión de un nuevo tiempo político en Cataluña.«Se esforzarán por presentar en la propaganda una nueva ofensiva, pero los hechos son contundentes; la situación de las élites independentistas es la de una derrota cada vez más abultada»
Archivado ya el procés, el objetivo de las élites independentistas es hacer posible una investidura que permita un gobierno efectivo, recuperando el control sobre los aparatos y el presupuesto de la Generalitat, base de su poder. Aislando cada vez más a los sectores más aventureros, representados por un Puigdemont que antes de ser obligado a renunciar a su intención de presidir la Generalitat, fue desautorizado públicamente por los más destacados representantes de las élites independentistas en Cataluña, tanto desde ERC, con Junqueras y Marta Rovira, como desde el PDeCAT con Artur Mas o Marta Pascal.
La misma candidatura de Jordi Sánchez tiene hoy un carácter muy diferente. Ante el juez, Jordi Sánchez ha acatado reiteradamente la Constitución, renunciado a la vía unilateral a la independencia, y comprometiéndose incluso a abandonar la política antes de cometer ningún acto ilegal.
Es improbable que el Supremo conceda a Jordi Sánchez el permiso para salir de prisión y acudir a su investidura. Pero incluso en ese caso, la CUP ha anunciado que se abstendrá para no apoyar una candidatura “cuyos planteamientos son de sumisión a la legalidad española”.
En este drástico cambio del panorama político catalán ha actuado de forma decisiva un protagonista silenciado; la mayoría social catalana que se pronuncia de forma cada vez más clara por la unidad y contra la fragmentación.
Es significativa la encuesta publicada por el Centre d´Estudis d´Opinió, el CIS catalán, que presenta un retroceso de ocho puntos en el apoyo al independentismo, situado en el 40%, pero que se reduce al 32% cuando se da la opción de ampliar competencias para Cataluña. Y que señala a Junts per Cataluña como la fuerza más castigada por el bloqueo político. La formación de Puigdemont perdería cuatro escaños, y sería rebasada por ERC.
En estas condiciones, las élites independentistas van a evitar cualquier enfrentamiento o desafío con el Estado. Su hoja de ruta se limita hoy a recuperar el gobierno catalán que, según el acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC, trabajaría con la premisa de “legalidad autonómica y obediencia republicana”.
Se esforzarán por presentar en la propaganda una nueva ofensiva, una actualización del desafío al Estado. Pero los hechos son contundentes; la situación de las élites independentistas es la de una derrota que ya empieza a adquirir la forma de una goleada de escándalo.