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Tras el vencimiento del ultimatum de ocho días lanzado al gobierno de Nicolás Maduro, Pedro Sánchez ha comparecido para anunciar que reconoce a Juan Guaidó, cabeza de la oposición, como el “presidente encargado de Venezuela”. Un camino que han seguido la mayoría de países e instituciones de la UE. El reconocimiento está condicionado a la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales, pero agrava la crisis política en Venezuela, al agudizar el enfrentamiento con unas autoridades bolivarianas que, como evidenció la entrevista concedida por Maduro a Jordi Evole, están dispuestas a ofrecer resistencia.
Se presenta esta decisión de la UE -tomada con una celeridad a la que no nos tiene acostumbrada Bruselas- como la opción “natural” en defensa de la “transición democrática” en Venezuela. Pero los hechos son otros. Muy, pero que muy diferentes.
Un artículo publicado hace varios días en El País -un medio nada sospechoso de simpatías hacia Maduro-, y titulado significativamente “Trump exigió a España y a la UE romper todo diálogo con Maduro” así lo demuestra.
La posición de España ante la crisis venezolana era otra distinta a la finalmente adoptada. Y apostaba por abrir cauces de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, para alcanzar una solución negociada. Fueron las presiones directas de EEUU las que forzaron un cambio de postura.
El 22 de enero -un día antes de que Guaidó se autoproclamara presidente- el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica del gobierno español, Juan Pablo de Laiglesia, recibió en Washington un mensaje claro por parte de representantes del gobierno de Trump: “se avecinan acontecimientos importantes en Venezuela”.
Al día siguiente los detalles se concretaron. La embajada estadounidense en Madrid traslada al gobierno español que “es probable que Gaudió se proclame presidente hoy y nosotros lo vamos a reconocer”. En ese momento, el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, estaba reunido con su homólogo luso para impulsar un grupo de mediación, amparado por la UE, entre el gobierno de Maduro y la oposición. El mismo Borrell advertía que “tenemos mucha presión, no les voy a decir de quien, pero se lo pueden imaginar, para que votemos en contra de la creación de este grupo”. Al día siguiente, estos temores se concretaron.
Borrell acudió a una reunión solicitada por el embajador norteamericano. La valoración del ministro español tras salir de ella no pudo ser más clara: “ Estados Unidos está convencido y nos lo ha hecho saber que no ha lugar a más mediación, ni más facilitación, ni más conversaciones, ni más nada”.
A las pocas horas se produjo la reunión en Davos de Pedro Sánchez con los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica, férreamente alineados con las tesis norteamericanas.
Las presiones norteamericanas fueron expuestas públicamente en un artículo publicado en El Mundo por el embajador norteamericano en Madrid, que exigía un inmediato reconocimiento de Guaidó.
Estos son los hechos que han desembocado, primero en el últimatum lanzado a Maduro, y luego en el reconocimiento de Juan Gaudió como presidente.
Poco tienen que ver con la “defensa de la democracia” contra un “gobierno autoritario”. Y está muy relacionado con las presiones de la superpotencia para forzar a los países europeos, entre ellos España, a respaldar su ofensiva en Venezuela.
Tiene el valor de que estos hechos han sido desvelados por un medio como El País, cuya línea editorial es beligerante contra Maduro.
Este mismo medio confirma en otro artículo, titulado “Así se lanzó Trump al derribo de Maduro”, como las maniobras para forzar el derrocamiento del actual gobierno venezolano, se han fraguado desde hace meses en reuniones celebradas no en Caracas sino en Washington.
A la cabeza de esta campaña de desestabilización, según El País, han estado los sectores más reaccionarios de la administración Trump. Desde John Bolton -el hombre que propuso “demoler el edificio de la ONU” cuando la mayoría de sus miembros se opusieron a la invasión de Irak- a Mike Pompeo, ex director de la CIA y ahora jefe de la política exterior norteamericana.
También han alentado el “acoso y derribo” contra el gobierno de Maduro las cabezas de los nódulos más ultras del Partido Republicano, como el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Ballart. Este último es también, conviene recordarlo, la cabeza del lobby de apoyo a Puigdemont en Washington.
La información que proporciona El País confirma que fue en EEUU donde se tomó la decisión de acabar a cualquier precio con el gobierno de Maduro, alentando a la oposición venezolana.
Estos son los hechos. Que radiografían una clásica operación de reconducción, de las muchas que EEUU ha impuesto en el continente americano.
El gobierno de Nicolás Maduro ha competido muchos errores, algunos de ellos graves. Debe rectificar muchas de sus posiciones. Es imprescindible abrir una negociación real entre gobierno y oposición, para alcanzar una solución que deberá ser ratificada, de una u otra forma, por los venezolanos en las urnas.
¿Pero de verdad nos quieren hacer creer que la democracia y la defensa de los derechos humanos van a llegar a Venezuela de la mano de Trump y los halcones más ultras y reaccionarios de EEUU?
Para justificar los bombardeos de la OTAN en la guerra de Yugoslavia se acuñó el concepto de “guerra humanitaria”. Ahora, para amparar la maniobras norteamericanas en Venezuela, se lanza uno nuevo: “la injerencia legítima”. Así aparece formulado en un artículo publicado hoy, en el que se reconoce que “Trump no es el Bolivar del siglo XXI y EEUU no ha sido precisamente partero de la democracia en Latinoamerica”, y se constata que lo sucedido estos días en Venezuela ha sido un“golpe blando constitucional” y “la evidente injerencia en los asuntos de un país soberano”. Para afirmar a continuación que todo esto “puede ampararse bajo la doctrina de librar a la población civil de un gobierno manifiestamente injusto”.
El grado de distorsión de la realidad, para justificar ante la opinión pública la intervención norteamericana, liderada por alguien tan odiado como Trump, empieza a alcanzar extremos grotescos.
Guaidó acaba de presentar, en un documento bajo el nombre de “Plan País”, cual sería la política económica de su gobierno. Bajo el reclamo de la “ayuda humanitaria” se esconde todo un proyecto para privatizar y entregar al capital extranjero las enormes riquezas de Venezuela, empezando por su industria petrolera. Se entiende así mejor las razones de las presiones norteamericanas para allanar el camino de Guaidó a la presidencia.
Se tenga la posición que sea ante el actual gobierno de Maduro, aceptar que la superpotencia norteamericana tiene el “derecho de intervención” o que hay “injerencias legítimas” es encender una mecha que, como ha ocurrido en Brasil, encumbrando a un personaje tan siniestro como Bolsonaro, supone el más grave peligro para la democracia.
COMANDANTE ETERNO dice:
El ejército venezolano y las fuerzas de seguridad deberían inspeccionar con fruición la entrada de la supuesta «ayuda humanitaria», que de la mano de los USA y de las ONGs mundialistas lleva mezclado el grano con la paja y con las bombas para las decenas de miles de mercenarios ya entrados desde Colombia. ¿Cómo van a prestar ayuda humanitaria sin trampa los mismos interesados en el sufrimiento interno generador de demanda de su «ayuda externa» a fin de hegemonizar Venezuela a través de su agente Guaidó? Por otro lado, la plana mayor estatal en el Poder no debería ser llamada «bolivariana», por respeto a Chávez y a todos aquellos cuya ilusión y proceso han sido traicionadas por estos impostores.