Cargando...«Zapatero se vio obligado a aceptar en la cumbre de anteayer las dos grandes condiciones que Angela Merkel exige ahora en el llamado Pacto del Euro, que busca fomentar la competitividad de las economías de la UE. El primero de esos requisitos es el compromiso firme de todos los Gobiernos de cumplir los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad. España tiene que reducir sus números rojos al 6% del PIB este año y en el ejercicio próximo debe llegar al 3%.»
El tiemo corre contra Zapatero, que tiene un plazo de apenas dos semanas para encauzar estas medidas que, por añadidura, le pueden reducir su ya mermado respaldo electoral. El presidente, que se negó a pactar con el PP cuando pudo hacerlo, se ha quedado ahora solo para afrontar una situación que se deteriora y que exige unas respuestas que requerirían un consenso que hoy es ya imposible (EL MUNDO) ABC.- . Es evidente que Alemania refuerza día a día su liderazgo económico, lo que explica que Rodríguez Zapatero haya tenido que aceptar la relación entre salarios y productividad. La fórmula no es discutida en los países con su inflación controlada y una economía bien asentada en el I+D y la cualificación de profesionales y trabajadores. En España, esta medida ya fue rechazada por el ministro de Trabajo, nuevamente desautorizado por su presidente, y los sindicatos, principalmente porque aquí hay inflación y poca productividad. Por tanto, la vinculación de los salarios a un factor inexistente supondría la congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo. EL PAÍS.- Los Gobiernos responsables en esa larga década expansiva, en especial los gestores durante las dos legislaturas del PP que convirtieron la burbuja inmobiliaria en motor de crecimiento, minimizaron igualmente el alcance de esa creciente exposición, a pesar de la frecuencia con que fueron advertidos de la urgencia en cambiar el patrón de crecimiento, demasiado especializado en construcción residencial y actividad inmobiliaria. La contribución de este sector en el valor añadido bruto de la economía y en el empleo duplicaba la correspondiente en la anterior crisis inmobiliaria, 12 años antes, y el promedio de las economías de nuestro entorno. Editorial. El Mundo Debilidad de Zapatero frente a las nuevas exigencias de Merkel ZAPATERO y el PSOE siguen sin levantar cabeza, según la encuesta que publicamos hoy. El dato más llamativo es que la intención de voto se sitúa en el 47,9% para el PP, mientras que cae a solamente un 31,4% para el PSOE. Estos 16,5 puntos de diferencia se traducirían en unas elecciones generales en alrededor de cuatro millones de votos de ventaja del PP, que obtendría la mayoría absoluta en el Congreso. Los resultados de esta encuesta no difieren mucho de la realizada en febrero pasado, lo que corrobora que se está produciendo una consolidación de la fuerte ventaja del partido de Rajoy. En concordia con este fenómeno, el sondeo arroja el dato de que el 52% de los encuestados valora la gestión de Zapatero como mala o muy mala. El presidente es calificado por el electorado con una puntuación más baja que dirigentes políticos como Rosa Díez, Duran Lleida, Artur Mas y el propio Rajoy. En estas condiciones de debilidad política y creciente desprestigio, parece muy difícil que Zapatero pueda disponer del impulso suficiente para afrontar la crisis económica y, más en concreto, para llevar a cabo las nuevas exigencias que impone Alemania a cambio de desbloquear el fondo de rescate europeo. Zapatero se vio obligado a aceptar en la cumbre de anteayer las dos grandes condiciones que Angela Merkel exige ahora en el llamado Pacto del Euro, que busca fomentar la competitividad de las economías de la UE. El primero de esos requisitos es el compromiso firme de todos los Gobiernos de cumplir los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad. España tiene que reducir sus números rojos al 6% del PIB este año y en el ejercicio próximo debe llegar al 3%. Ello exige un tijeretazo al desbocado gasto autonómico, que probablemente Zapatero tendrá que acometer mediante una nueva ley. No le será fácil conseguir apoyos para sacarla adelante, excepto que el PP opte por ofrecer su respaldo. La segunda condición es todavía más complicada porque Merkel exige que la subida de salarios no esté ligada a la inflación sino a la productividad. Ello supone no sólo reformar la negociación colectiva sino además enfrentarse nuevamente a los sindicatos, que ya han manifestado su total rechazo de la iniciativa. El tiempo corre contra Zapatero, que tiene un plazo de apenas dos semanas para encauzar estas medidas que, por añadidura, le pueden reducir su ya mermado respaldo electoral. El presidente, que se negó a pactar con el PP cuando pudo hacerlo, se ha quedado ahora solo para afrontar una situación que se deteriora y que exige unas respuestas que requerirían un consenso que hoy es ya imposible. Necesitamos elecciones generales cuanto antes. EL MUNDO. 13-3-2011 Editorial. ABC Alemania fija el rumbo LA reunión del Consejo Europeo se saldó el pasado viernes con un «pacto por el euro» en el que Alemania consiguió introducir buena parte de sus condiciones para apoyar la ampliación del fondo de rescate para países en riesgo. Es cierto que Angela Merkel iba a la reunión con un programa de máximos y que el consenso final ha obligado a todos a ceder, pero Europa parece tener claro que esta crisis impone un cambio de rumbo hacia economías más competitivas, mercados laborales más flexibles, fronteras más permeables para el comercio y los profesionales y sistemas de pensiones ajustados a la realidad demográfica. Más allá de si Merkel consigue imponer toda o parte de su agenda, es evidente que Alemania refuerza día a día su liderazgo económico, lo que explica que Rodríguez Zapatero haya tenido que aceptar —como era previsible desde que Merkel lo anunciara antes de su breve visita a Madrid— la relación entre salarios y productividad. La fórmula no es discutida en los países con su inflación controlada y una economía bien asentada en el I+D y la cualificación de profesionales y trabajadores. En España, esta medida ya fue rechazada por el ministro de Trabajo, nuevamente desautorizado por su presidente, y los sindicatos, principalmente porque aquí hay inflación y poca productividad. Por tanto, la vinculación de los salarios a un factor inexistente supondría la congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo. Si el apoyo expresado por Zapatero a la tesis de Merkel es serio, el Gobierno socialista tiene que ponerse inmediatamente a dar forma a esta novedad del régimen de los salarios, porque la inflación es alta y el incremento de los impuestos y del precio del petróleo empeora las expectativas para la competitividad. La cruz de esta moneda es que la implantación de un vínculo entre salarios y productividad supone para Zapatero otra crisis de su discurso social, una nueva distorsión de su perfil de izquierdas, lo que tampoco ha podido ni sabido compensar con una evolución favorable de la economía. Son necesarias medidas nuevas y audaces ante una crisis mucho grave, profunda y duradera de lo que desearía la sociedad española. Es necesario avanzar hacia una economía productiva y competitiva, como exige Bruselas. El problema para España es no tener un Gobierno con fuerza política suficiente para asumir el reto. ABC. 13-3-2011 Editorial. El País Fallaron los supervisores De los múltiples diagnósticos de esta crisis financiera, los fallos de mercado, las malas prácticas de evaluación y gestión de riesgos de los operadores y las insuficiencias de los supervisores han sido repetidamente destacadas. En EE UU, algunos de los responsables privados y públicos han admitido esos errores, aunque muy pocos han pagado por ellos. En Europa, las autocríticas de los supervisores bancarios han sido mucho menos frecuentes, a pesar de que la información disponible y la capacidad de influencia sobre sus supervisados era igual que al otro lado del Atlántico. Casi cuatro años después de la explosión de aquella crisis en el mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidenses resulta que son los bancos europeos los que tienen más dificultades para cumplir con las tareas de intermediación financiera para las que fueron autorizadas. El caso español es uno de los que con más crudeza ejemplifican esa dificultad. Al inicio de la crisis se mencionaba, con razón, la solvencia de los bancos y cajas de ahorros españoles, basada fundamentalmente en el celo que el Banco de España había ejercido en sus tareas como supervisor. El escarmiento derivado de las crisis bancarias sufridas en el pasado parecía haber actuado como vacuna aparente contra el contagio estadounidense. No fue así. Ninguno de los gobernadores de esa institución durante el largo periodo de acumulación de activos inmobiliarios fue suficientemente diligente para actuar frenando la concentración a todas luces excesiva en ese tipo de activos peligrosos para la solvencia de las entidades. Los Gobiernos responsables en esa larga década expansiva, en especial los gestores durante las dos legislaturas del PP que convirtieron la burbuja inmobiliaria en motor de crecimiento, minimizaron igualmente el alcance de esa creciente exposición, a pesar de la frecuencia con que fueron advertidos de la urgencia en cambiar el patrón de crecimiento, demasiado especializado en construcción residencial y actividad inmobiliaria. La contribución de este sector en el valor añadido bruto de la economía y en el empleo duplicaba la correspondiente en la anterior crisis inmobiliaria, 12 años antes, y el promedio de las economías de nuestro entorno. El Banco de España podría haber limitado la proactividad crediticia en la inversión inmobiliaria. Tanto con decisiones regulatorias como de inspección, podría haberse evitado que los activos de naturaleza inmobiliaria alcanzaran ese 50% de los activos totales del sistema bancario que significaban al inicio de la crisis. El Banco de España tenía autoridad para intervenir activamente, entre 1999 y 2007, contra la burbuja en marcha. Por ejemplo, aumentando la relación entre garantías y valores en los préstamos o supervisando estrictamente la acción de las tasadoras. Pero no lo hizo, quizá para no enfrentarse a Gobiernos que sostenían políticas económicas erróneas o porque confiaba en una moderación paulatina de la producción y los precios del ladrillo. Para los ciudadanos resulta inquietante esta debilidad política manifiesta en una institución con una sólida imagen de independencia. Sería bueno que el Banco de España revisara críticamente su cometido en una crisis que sigue teniendo en la paralización del sistema bancario el principal obstáculo para la recuperación del crecimiento económico y del empleo. EL PAÍS. 13-3-2011