Cargando...Vistos los resultados del órdago de la financiación autonómica, los alcaldes correspondientes han empezado inmediatamente a reclamar su parte. Así, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y los presidentes de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Manel Bustos, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Salvador Esteve, han pedido a la Generalitat que convoque la comisión mixta Generalitat-Gobiernos Locales para tratar de la financiación municipal. Los ingresos de los ayuntamientos se basaban hasta ahora en una financiación excepcional que se apoyaba en la desaforada carrera inmobiliaria. Pero en este momento han caído en picado debido al parón en la construcción. Y al mismo tiempo deben hacer frente a las demandas asistenciales de los ciudadanos que más están sufriendo la crisis.
Las castas olítico-burocráticas sólo han exigido financiación y han vaciado las arcas estatales para alimentarse y alimentar a sus redes clientelares. Nunca han pensado en los ciudadanos de a pie y ni en sus necesidades, ni en las de las administraciones locales. La situación de los ayuntamientos puede llegar a ser límite debido a la caída de los ingresos propios, estatales y autonómicos y al aumento de la demanda de prestaciones y servicios sociales, que se agravará cuando las personas paradas dejen de cobrar la prestación y engrosen la lista de usuarios de los servicios asistenciales.Esencialmente, hay dos caminos posibles. Uno es el que reclaman los burócratas locales, el mismo que ha conseguido la Generalitat con el nuevo modelo de financiación autonómica. Un modelo en el que se tenga en cuenta su aportación a los impuestos autonómicos, agudizando las desigualdades sociales, y justificándose en que asumen competencias que no les son propias. Lo que aumenta el gasto público innecesario. De tal palo autonómico, tal astilla local. Es decir, que pongamos más dinero.El otro camino, al contrario, es llevar a cabo un decidido adelgazamiento de las administraciones públicas, mediante la eliminación de las dobles y triples competencias existentes (estatal, autonómica y local) para un mismo servicio público. Es decir, ahorro drástico del gasto público.