De aquellos polvos vinieron estos lodos

La ridícula sanción adotada por el Consejo General de Poder Judicial contra el juez Rafael Tirado ha desatado la indignación social. Tirado es responsable de que Santiago del Valle siguiera en libertad a pesar de tener dos sentencias firmes por pederastía, lo que le permitió asesinar a la niña Mari Luz. A pesar de la enorme presión social que demandaba una sanción ejemplar para el juez, el máximo órgano de la justicia lo ha resuelto todo con una ridícula multa de 1.500 euros, y se ha negado en redondo a endurecer la sanción. Zapatero y el PP se han rasgado las vestiduras, acusando de corporativismo a los jueces. ¿Pero tienen derecho a indignarse, o son los máximos responsables de este desaguisado? Pero este no es el fondo del asunto. Al negarse a endurecer la sanción al juez Tirado, el Consejo del Poder Judicial ha demostrado un complejo alejamiento de la sensibilidad social, mostrando abiertamente su carácter de casta endogámica intocable. ¿Por qué la justicia es así? Porque así se quiere que sea. El ejemplo máximo es el pacto por la justicia acordado hace unos meses por Zapatero y Rajoy. Era la oportunidad para una reforma en profundidad de la justicia, sometiéndola a una profunda regeneración democrática, dando entrada en los máximos órganos judiciales a los jueces más independientes, progresistas y con mayor prestigio y conexión con la sensibilidad y las preocupaciones sociales mayoritarias. Se hizo exactamente todo lo contrario. PSOE y PP pactaron una distribución del Consejo General del Poder Judicial que dejaba fuera a todos los jueces independientes, incluyendo a todos los que, como el juez Grande Marlaska, no sólo están ampliamente reconocidos socialmente, sino que ocupaban los primeros lugares en la recogida de avales por parte de los jueces, que avalaban así su valía profesional. Quedó evidenciado que para los jueces independientes, que no se someten al criterio del poder, está vedada la entrada a puestos de mando en la justicia. Aunque sean los mejores y las más valorados por sus compañeros de profesión y por el conjunto de la sociedad. Sólo pueden llegar al Consejo del Poder Judicial aquellos que, como Carlos Dívar, se mantienen fieles al poder. Y es que la justicia es un aparato del Estado demasiado importante –y no precisamente ciega, como demuestra inclinándose siempre que tiene opción ante los poderosos- para dejarla en mano de gente independiente. ¿Acaso es extraño que en estas condiciones, el máximo órgano judicial se comporte como lo ha hecho en el caso Mari Luz? Para eso fue concebido, a pesar de que Zapatero y Rajoy clamen hipócritamente