Lo que la troika nos prepara para 2016

Culminar el saqueo y las reformas estructurales

Las exigencias económicas al nuevo gobierno fijadas por el FMI y Bruselas en los últimos meses son un auténtico programa de gobierno y tienen un mismo objetivo: culminar en lo principal el saqueo al 90% de la población y las reformas estructurales que lo aseguren indefinidamente.

Primero recortes. Asegurando el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit pactados, que obligan a un ajuste ya cuantificado de 9.000 millones de euros en 2016.

El “programa de estabilidad” fija un objetivo de déficit para España del 2,8% en 2.016. Un objetivo que, según las previsiones de Bruselas, España no cumplirá y podría llegar al 3,6%. La Comisión Europea fija la necesidad de nuevos ajustes para cumplirlo por un total de 9.000 millones de euros. Ajustes que no vendrán de subir impuestos a los bancos, grandes empresas o las principales fortunas del país. El gobierno ya se ha encargado de rebajárselos. Y que por lo tanto han de venir, sobre todo, de recortes en Sanidad, Educación y recortes Sociales o de subidas de impuestos como el IVA reducido. “El programa de gobierno del FMI y Bruselas: culminar el saqueo al 90% de la población y las reformas estructurales que lo aseguren indefinidamente”

Segundo reforma laboral. “Completando” la reforma laboral para convertir en estructural el saqueo a las rentas salariales. En nombre de “acabar con la dualidad del empleo” se proponen dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral para imponer más moderación salarial y abaratamiento del despido y avanzar en la descentralización de los convenios, es decir en la desregularización de las relaciones laborales avanzando en los recortes a la negociación colectiva y en los derechos adquiridos por los trabajadores fijos para equipararlos cada vez más con los temporales.

Tercero pensiones. Poniendo en primer plano la necesidad de “una reforma del sistema de pensiones” que, en nombre de “asegurar su viabilidad” suponga un nuevo hachazo a las pensiones de los nuevos jubilados.

Aunque en la agenda inmediata aún no aparece ninguna propuesta concreta de reforma, las pensiones están en el ojo del huracán del FMI y la UE, de la banca y los fondos extranjeros. Y todo indica que están esperando el mejor momento para dar otra vuelta de turca al garrote. Es lo que se pide en editoriales de medios como El Mundo: “El nuevo Ejecutivo tendrá también que enfrentarse necesariamente al problema de la financiación de las pensiones, que este año van a generar un déficit de 15.000 millones, Rajoy ha tirado del fondo de reservas existente, pero esta política ya no se puede mantener. Hay que revisar el sistema para hacerlo sostenible.” (31-12-2015). Y lo que se deduce del editorial de La Vanguardia del pasado 1 de enero del nuevo año cuando advierte de que “la caída de las reservas de la Seguridad Social” pende como una “espada de Damocles en el escenario económico español.”

Aniquilar del todo “la hucha de las pensiones” con nuevas sacas este año -se quedaría a cero en 2017 al ritmo actual de saqueo- puede ser el momento elegido para lanzar otra reforma que dé el golpe definitivo al sistema de pensiones público, sentando las bases estructurales para la privatización.

Cuarto deuda. Garantizando el pago de los compromisos de la deuda -blindados por el artículo 135 de la Constitución- utilizando la necesidad de refinanciar 400.000 millones de deuda pública y privada como una palanca de presión.

En su “Informe de Vigilancia sobre España” la Comisión europea considera “el riesgo de deuda” que deberá asumir el nuevo gobierno. Entre otras cosas porque rebaja las previsiones de crecimiento del gobierno Rajoy presentadas en los Presupuestos Generales del Estado. Del 3,3% al 3,1% en 2015. Y del 3,1% al 2,7% en 2016.

La deuda pública inicia 2016 en el 98,5% del PIB. Las previsiones del gobierno en los Presupuestos son emitir 231.175 millones de euros en Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado para cubrir intereses (33.490 millones de euros), amortización ( unos 148.185 millones de euros) y endeudamiento neto (49.500 millones de euros).

En total España necesitará refinanciar 400.000 millones de deuda pública y privada. Desde los medios, De Gindos y las agencias de calificación yanquis se advierte que “un escenario de inestabilidad e incertidumbres” podría endurecer la financiación y afectar significativamente a España por la excesiva exposición a la deuda.

La subida de la prima de riesgo tras las elecciones es un aviso de los instrumentos de “tortura financiera” que están dispuestos a utilizar. Antes de las elecciones la prima de riesgo estaba en los 114 puntos básicos (llegó a estar por debajo de los 100 a principios de diciembre). Después de las elecciones ha subido hasta los 123 puntos. “Aniquilar “la hucha de las pensiones” puede ser el momento elegido para lanzar otra reforma que dé el golpe definitivo al sistema público de pensiones”

Quinto Bankia. Culminar la privatización de Bankia y BMN (Banco Mare Nostrum), las dos entidades en las que el Estado es mayoritario. El “Informe de Vigilancia” advierte de la “vulnerabilidad de la banca española”. Y pone el foco en la necesidad de acelerar la privatización de Bankia (que tiene que estar completada antes de fin de 2017) y BMN y las pérdidas del “banco malo” Sareb, otro “objetivo de los fondos buitre” extranjeros.

Y sexto TTIP. Asegurar el apoyo de España a la puesta en marcha del TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), el tratado de libre comercio que EEUU y la Unión Europea negocian en secreto, que abre la puerta a una mayor penetración del capital extranjero, especialmente norteamericano.

Aunque las diferencias en el seno de la UE han impedido avanzar las negociaciones al ritmo que pretendían inicialmente Washington y la Comisión Europea, su objetivo es firmarlo antes de noviembre de 2016, durante la presidencia de Obama.

Estas propuestas concentran, en lo económico, el objetivo principal de los centros de poder internacionales y la oligarquía: garantizar un nuevo gobierno que permita cuanto menos, en un plazo de dos años, culminar el grueso del saqueo al 90% y la apropiación de las principales fuentes de riqueza nacionales por el gran capital extranjero.

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