Cargando...El objetivo de la visita a Madrid de los forenses turcos Bülent Sam y í–mer Müslümanoglu, que participaron en la identificación de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía, es, según han explicado a su llegada, solidarizarse con los militares fallecidos y prestar declaración si el juez les permite hacerlo. También quieren desmentir las acusaciones que los inculpados han vertido contra ellos durante el juicio que comenzó el pasado 24 de marzo. Los forenses turcos afirman que los militares españoles, con el general Vicente Navarro al mando, insistieron en repatriar a España los 30 cadáveres sin identificar, porque, según dijeron, tenían prisa para llegar al funeral que se iba a celebrar en España. Eran 30 cuerpos sin identificar, mezclados como basura en bolsas negras, para los familiares que esperaban los restos de sus seres queridos. Lo único que les preocupaba a los altos burócratas era que la ceremonia del funeral de Estado saliera bien, que ningún «problema» ni «retraso» lo estropeara. El objetivo estaba claro. Y el vodka.
Los forenses turcos han venido a Madrid atendiendo a la demanda de la asociación que agrua a la mayoría de los familiares de víctimas del siniestro. La Audiencia Nacional ha cambiado de criterio y les ha dejado declarar en el juicio. El magistrado Javier Gómez Bermúdez, que preside el tribunal, había desestimado su declaración el pasado 31 de marzo, como solicitaba la fiscalía y las acusaciones, por considerarla innecesaria. Bülent Sam ha afirmado que el equipo de forenses turcos identificó 32 cadáveres pero los otros 30 restantes no, aunque sí constataron que eran de españoles. Sam ha asegurado que los jefes militares españoles les prometieron que terminarían los trabajos de identificación en España y firmaron el documento final. Las autoridades españolas no quisieron tomar muestras de ADN porque tenían prisa por llegar al funeral. Aunque los forenses turcos sí recopilaron muestras de ADN de todos los militares fallecidos en el lugar del accidente, muestras que, según han afirmado, aún guardan. Lo grave que se manifiesta en toda la actuación de la cúpula militar y ministerial ante el accidente es el tratamiento que estos altos funcionarios del Estado dan a los ciudadanos, vivos o muertos. A los militares cuando están vivos se les usan sin preocuparse de su seguridad más elemental como es viajar en aviones adecuados. Cuando están muertos, sin la más mínima consideración y respeto por sus restos ni por las necesidades y los sentimientos de sus familiares. Y si protestan, se les amenaza. El problema principal no es, como el grupo Prisa intenta convencernos, la actuación de Trillo, aunque es, por supuesto, responsable y, por tanto, debe acarrear sus consecuencias. Ni lo son sus maniobras para echar la culpa a los forenses turcos y para intentar anular la prueba del acta que demuestra que las autoridades turcas entregaron a la delegación del Ministerio de Defensa español, encabezada por el general Vicente Navarro, 32 cadáveres identificados y 30 sin identificar, y que Navarro se comprometió a identificar a estos últimos en España. El general Navarro y la cúpula burocrática ministerial existían antes de que Trillo fuera ministro, existían con gobiernos del PSOE y del PP. Es una casta burocrática que no pone el Estado al servicio de los ciudadanos sino que los utiliza. Con o sin vodka.