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La caída del decreto que prorrogaba la moratoria antidesahucios pone en riesgo la protección de entre 60.000 y 70.000 hogares vulnerables en todo el país. Se trata de familias con menores, personas mayores, hogares monoparentales o personas con problemas de salud que, hasta ahora, podían frenar temporalmente su desalojo si acreditaban una situación de vulnerabilidad económica.
La moratoria, impulsada inicialmente durante la pandemia, se convirtió en una herramienta clave para contener la emergencia habitacional. Según datos recogidos por medios y organizaciones sociales, ha permitido suspender decenas de miles de desahucios en los últimos años, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, la precariedad laboral y la escasez de vivienda pública.
Sin embargo, el Congreso rechazó recientemente la prórroga del escudo social tras el voto en contra de varios grupos parlamentarios (PP, VOX y JUNTS). El resultado deja un vacío legal que podría reactivar miles de procedimientos de desahucio en los próximos meses, sin que exista un plan de realojo suficiente ni alternativas habitacionales garantizadas.
Ante esta situación, los movimientos por el derecho a la vivienda han intensificado su respuesta. El Sindicato de Inquilinas, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y otros colectivos han convocado concentraciones frente al Congreso de los Diputados y sedes de partidos políticos para exigir la restitución inmediata de la moratoria.
Las protestas denuncian que el fin de esta protección beneficia a grandes propietarios, fondos de inversión y entidades financieras, mientras deja desprotegidas a las familias más vulnerables. También reclaman medidas estructurales: ampliación del parque público de vivienda, regulación efectiva de los alquileres, suspensión estable de desahucios sin alternativa habitacional y una política pública que garantice el acceso a una vivienda digna.
Además de las concentraciones estatales, se han organizado movilizaciones en distintas ciudades, con asambleas abiertas, campañas informativas y acciones para visibilizar casos concretos de familias en riesgo de perder su hogar. Los colectivos advierten de un posible aumento de lanzamientos en 2026 si no se recupera la protección legal.
Mientras el Gobierno busca fórmulas para renegociar el decreto y reconstruir el escudo social, la presión social crece. La batalla por la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político y social, con una pregunta clave sobre la mesa: ¿puede un derecho básico depender de equilibrios parlamentarios tan frágiles?