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Este asesinato conmociona nuevamente al país, ya que la mujer mantenía una campaña de denuncia para esclarecer el asesinato, hace once meses, de uno de sus hijos por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Medellín. Y, aunque Ana Fabricia había recibido amenazas sistemáticas contra su vida, no tenía cobertura de seguridad y, por obvias razones, no confiaba en la ayuda de la policía para proteger su vida.
Hace tres años, Ana Fabricia Córdoba fundó la ONG “Líderes Adelante or un Tejido Humano de Paz” (Latepaz), que ofrece acompañamiento a víctimas de la guerra. Con la muerte de Ana Fabricia, son 49 del número de líderes de desplazados o demandantes de restitución de tierras en Colombia que han sido asesinados desde marzo de 2002. De ese total, 12 han muerto desde agosto pasado, cuando asumió su cargo el actual presidente, Juan Manuel Santos. Irónicamente, este crimen coincide con la firma por parte del actual gobierno de una “flamante” Ley de Víctimas, que busca contribuir a la restitución de derechos y tierras a quienes han sido desplazados por la guerrilla y los paramilitares. Sin embrago, todo parece indicar que para que tal restitución empiece a ser una realidad, aún falta un largo camino por recorrer. El caso de la muerte de Ana Fabricia Córdoba, de su hijo asesinado y de sus demás hijos hoy amenazados de muerte, son la expresión concentrada de una realidad de la absoluta impunidad, que permite a las fuerzas del Estado colombiano continuar cometiendo, sin límite ninguno, atroces crímenes contra desplazados por la violencia, sindicalistas, líderes comunitarios y sus familias. En este caldo de cultivo corrupto, indecente y completamente brutal, es el que permite que Colombia sea el primer país en asesinatos de sindicalistas en el mundo. Según un reciente informe de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia) en este país son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados del planeta. Pero las cifras detalladas son aún más espeluznantes. Según el informe de la Escuela Nacional Sindical, en el 2010 asesinaron en Colombia 51 sindicalistas (29 de ellos docentes) y 7 fueron desaparecidos forzadamente; y en lo corrido del 2011 ya van 4 sindicalistas asesinados. Cabe aclarar que estas cifras corresponden sólo a sindicalistas, no a los líderes comunitarios o líderes de organizaciones de desplazados, como es el caso de Ana Fabricia Córdoba.Continuidad en el actual gobierno Existe en el país una campaña mediática que busca convencer a la opinión pública de que con el nuevo gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, ha disminuido la violencia contra los sindicalistas. Sin embrago, desde agosto del 2010, en los primeros seis meses del actual gobierno, 20 sindicalistas fueron asesinados, 3 desaparecidos forzadamente y 7 sufrieron algún atentado. Si a estas cifras les sumamos las cifras de este año, desde la investidura del nuevo presidente han sido asesinados 39 sindicalistas; sin contar los chantajes, amenazas y atentados contra este sector, que se mantienen en niveles similares a los del anterior gobierno. El actual gobierno está empeñado en demostrar (aún sin éxito) una disminución en la violencia contra los sindicatos debido, fundamentalmente, a que es una de las exigencias de Washington para firmar el TLC (Tratado de Libre Comercio) y a la urgente necesidad de demarcarse del anterior presidencia del sanguinario Álvaro Uribe. Si nos vamos a las cifras globales, estas son apabullantes. Con los 51 homicidios de sindicalistas en 2010 (49 hombres y 2 mujeres), asciende a 2.857 el número de sindicalistas asesinados en Colombia en los últimos 25 años, y a 218 los desparecidos forzadamente, lo que convierte a Colombia en el más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. Aunque la violencia contra los sindicatos en Colombia ha sido histórica, es preocupante en la última década. Desde el 2000, más de 900 sindicalistas fueron asesinados en el país y como se ha mencionado antes, el 65% de los 1.717 casos de asesinatos de trabajadores sindicalizados ocurrido en el mundo en la última década, ocurrieron en Colombia. La verdadera naturaleza del genocidio Se calcula que en Colombia desde 1986 hasta la fecha, son 2.778 los sindicalistas asesinados, además de 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia. Es, en toda regla, un genocidio selectivo contra las organizaciones de trabajadores en Colombia. Pero tal vez lo que es aún peor que los crímenes, es la absoluta impunidad existente, que permite la reproducción permanente y magnificada del delito. Según datos de la Fiscalía de la Nación hay un 99% de impunidad sobre estos crímenes. Del total de sindicalistas asesinados, la justicia colombiana sólo está investigando el 25% de los casos, con muy poco éxito (casi nulo) a la hora de obtener condenas. Por otra parte, no llegan al 3% los casos investigados de otro tipo de violencia contra miembros de sindicatos (chantajes, amenazas, despidos ilegales, etc.). Las organizaciones sindicales denuncian como principal responsable de la matanza sistemática y de la situación de impunidad de estos crímenes, a sectores del Estado colombiano, en alianza con empresarios, multinacionales y sectores de derecha. Visto de conjunto, no es difícil darse cuenta que no estamos ante una simple matanza selectiva. Se trata de una campaña de limpieza ideológica selectiva y represión sistemática contra las organizaciones más revolucionarias de Colombia, perpetrada por oscuros sectores reaccionarios del Estado. Aunque son aterradoras las cifras de asesinatos y de impunidad, no deben sorprender proviniendo de un Estado en el que, sólo actualmente, se están juzgando cientos de los máximos responsables del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta colombiana) y a miembros las más granadas instituciones del Estado (congresistas, senadores, ministros, etc) por su vinculación con grupos de narco paramilitares. Además de los juicios que se llevan adelante por la implicación de altas instituciones del Estado colombiano en la campaña de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, durante los dos gobiernos del ahora ex presidente, Álvaro Uribe Vélez. Existe una clara relación entre la mafia narco paramilitar que ha anidado en sectores de las altas esferas del Estado y los crímenes (e impunidad) sobre los sindicalistas colombianos. El nuevo gobierno colombiano tiene el reto de realmente depurar estos negros representantes del poder narco paramilitar -fieles aliados a Washington- para conseguir un verdadero avance en las libertades y democracia en este país.