Cargando...«La eclosión de los movimientos sociales asociados al 15M, Democracia Real Ya e iniciativas similares, es solo una expresión de esa crisis de régimen, pero no su causa. Tras años de incredulidad se ha descubierto que la crisis va para largo y no habrá regreso a los años dorados del modelo económico Solbes-Rato, caducado para siempre. Y también se ha descubierto que las instituciones mantenidas por todos para hacer frente a estas cosas no sólo se revelan incapaces de resolver nada importante, sino que son en sí mismas fuentes de problemas derivados a la gente común, a la que ahora se exigen sacrificios»
La economía da muestras de agotamiento, amenazando convertir la crisis en ciclo de deresión, mientras las instituciones políticas siguen en manos de grupos atentos exclusivamente a sus intereses a corto plazo, sea por incomprensión o incapacidad, sea porque la ocasión la pintan calva. En los próximos meses no va a haber institución que no esté obligada a recuperar la legitimidad que ha perdido por su inactividad, ineficacia o responsabilidad política. De los ayuntamientos a la monarquía, de los medios de comunicación al mundo empresarial y especialmente el financiero. Es toda una crisis de régimen, y no un malestar pasajero. Lo que se precisa es un programa de reformas ambicioso, incluso revolucionario en algunos ámbitos, y no meras maniobras para capear la tempestad. (BLOG C. MARTÍNEZ GORRIARÁN) ABC.- Las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno español van por el buen camino, pero todavía queda mucho por hacer. Esta es la principal conclusión del informe del Fondo Monetario (FMI) sobre la economía española hecho público en la tarde de ayer, que recoge una larga lista de deberes tanto para el corto, como para el medio y largo plazo. Tareas, por tanto, para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, pero también para el que salga de las próximas elecciones. A juicio del organismo internacional, «el saneamiento de la economía española está incompleto y los riesgos son considerables» por lo que lejos de relajar el impulso reformista, España debe «seguir reforzando la consolidación fiscal, completar la reestructuración del sector financiero, fortalecer con ambición las reformas del mercado laboral, y continuar con la agenda de reformas estructurales». LA VANGUARDIA.- El presidente Zapatero parece querer agotar la legislatura hasta el último suspiro del último día. En teoría para seguir haciendo reformas, aunque ya es obvio que no tiene la autoridad política ni en el partido ni, sobre todo, en el Gobierno para sacarlas adelante. Quedó de manifiesto en el crítico Consejo de Ministros que hace dos semanas aprobó la reforma de la negociación colectiva. No logró imponer sus propuestas y el decreto que finalmente publicó el BOE quedó lejos de las posiciones de los empresarios, a los que el presidente quería ganarse con los cambios que intentó introducir a última hora. El jefe del Gobierno y Elena Salgado, su ministra de Economía, se quedaron sin la posibilidad de elevar el decreto a la categoría de cambio de envergadura. carlosmartinezgorriaran.net/ Es una crisis de régimen, no un malestar pasajero Carlos Martínez Gorriarán Cuando hace un par de años en UPyD comenzamos a explicar que la peculiaridad de la crisis española era la conjunción de una crisis financiera internacional con una crisis política, con el resultado de que la incapacidad de las instituciones estaba agravando la crisis económica y acabaría deslegitimando la democracia, pocos, muy pocos se tomaban este análisis en serio. Conste que es más agradable acertar el número de la lotería que este pronóstico, más propio de Casandra que de Papá Noel. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos confirma el acierto: lo que está en crisis no es ya sólo un determinado partido –aunque lo está el PSOE- y un cierto tipo de gobernanza –el bipartidismo imperfecto PP-PSOE más IU y nacionalistas como socios preferentes-, sino la propia arquitectura institucional de la Transición, o lo que es lo mismo, el régimen político conocido por “Estado de las Autonomías”. La eclosión de los movimientos sociales asociados al 15M, Democracia Real Ya e iniciativa similares, tanto las pacíficas y ejemplares como las violentas y degradadas (que lógicamente dominan en Cataluña), es solo una expresión de esa crisis de régimen, pero no su causa, como les gusta pensar tanto a la derecha más conservadora que atribuye estos inquietantes fenómenos a la perfidia maquiavélica de Rubalcaba, como a la paleoizquierda agrupada en torno a IU, despreciada en ese mundo tal como pudieron comprobar a sus expensas Cayo Lara en Madrid o Joan Herrera en Barcelona. Pero estos movimientos que en pocos días han pasado de solicitados –incluso por el inefable González Pons- y halagados –sobre todo por la izquierda pero no sólo por ella- a temidos y censurados por todos tras los amagos de asalto a las instituciones, no son la única expresión de la crisis de régimen. ¡Ni mucho menos!: también expresan esa crisis maniobras y acontecimientos de muy distinto género: la dimisión desvergonzada de los tres miembros del TC que de repente descubren que están siendo “secuestrados” por los partidos que los han nombrado con su absoluta complacencia demuestra que el merecido desprestigio del TC comienza a inquietar incluso a sus beneficiarios. Y en la acera contraria pero con idéntico significado la irrupción de Bildu, con las mejores tradiciones de Batasuna –exigencia de amnistía o impunidad para el terrorismo, amenazas a los críticos, acoso a concejales constitucionalistas, veto a los medios de comunicación-, demuestra que el régimen de la Transición ha fracasado incluso en una batalla que tenía por fin ganada, la del final de ETA sin compensaciones políticas. A estos sucesos podemos añadir el creciente malestar social que se expresa de mil formas estos días y que, con toda seguridad, seguirá creciendo en los meses inmediatos. Es una especie de brusco despertar: tras años de incredulidad se ha descubierto que la crisis va para largo y no habrá regreso a los años dorados del modelo económico Solbes-Rato, caducado para siempre. Y también se ha descubierto que las instituciones mantenidas por todos para hacer frente a estas cosas no sólo se revelan incapaces de resolver nada importante –véase por ejemplo la increíble historia de la incompetencia del Banco de España para prevenir la crisis de las Cajas de Ahorros, anunciada por el propio ente-, sino que son en sí mismas fuentes de problemas derivados a la gente común, a la que ahora se exigen sacrificios que habrían sido más moderados, equitativos y asumibles, aunque fueran inevitables, de haberse actuado a tiempo contra el derroche de las duplicidades administrativas, el mal gobierno de ayuntamientos y CCAA, el saqueo del Estado común, el intervencionismo de los partidos, la falta de transparencia, etc. Como quien despierta de un largo sueño agradable para verse inmerso en una realidad siniestra de incertidumbre y empeoramiento, millones de españoles están descubriendo que las defensas con las que contaban no sirven o no existen. Sanidad, pensiones, educación, subsidios de desempleo, servicios públicos… están abocados a una degradación de calidad resultado del mal gobierno. Y esto no ha hecho más que empezar. Ya hay indicios claros de que la gestión de esta crisis emprendida por PP, PSOE y demás partidos tradicionales no hará sino agravar las cosas y exacerbar el descontento. Reparemos por ejemplo en la propuesta del PP de Madrid y Valencia para reformar la Ley Electoral de esas comunidades al rebufo de la exigencia de reforma de la LOREG. La propuesta de listas desbloqueadas y de creación de distritos electorales donde el diputado será elegido por mayoría –una adaptación del modelo anglosajón- se presenta bajo el manto virtuoso de la “cercanía al elector”, pero esconde la obvia intención de reforzar aún más el poder aplastante del PP en ambas comunidades, pasando prácticamente del actual bipartidismo imperfecto a un régimen de cuasi partido único, con el PP gozando de abrumadoras mayorías superiores al 70% de los diputados con sólo el 40% de los votos válidos o menos. Los partidos minoritarios quedarían reducidos al papel decorativo de pintorescos e impotentes contradictores de decisiones tomadas por la apisonadora parlamentaria. La consecuencia: reducir aún más el pluralismo político y profundizar en la desigualdad del valor del voto. Y aumentar la abstención a niveles catalanes. ¿Pero qué más da si eso permite el gobierno incontestado de ese liberalismo intervencionista de Esperanza Aguirre o del berlusconismo fallero de Camps? Esa es la ceguera de la clase política actual: valorar los acontecimientos y mover piezas únicamente pensando en el beneficio partidista, se trate del PP barriendo para casa, del PSOE pensando únicamente en salvar los muebles, o de IU poniéndose al frente de cualquier manifestación que pase por la puerta. Y al fondo, como siempre, los nacionalistas intentando aprovechar la ocasión para dar un golpe definitivo al Estado común y obtener esa comodísima cuasi independencia de facto que llevan trabajando tantos años con gran éxito gracias a la ineficacia de las instituciones políticas y judiciales encargadas de impedirlo. En definitiva, la actitud del establishment combina incomprensión, embotamiento y oportunismo. Oportunista y peligrosísima es, por ejemplo, la política de “orden público” de la Generalitat, cambiando del exceso policial a la tolerancia de la agresión a parlamentarios para, previsiblemente, cargarse de razones ante la opinión pública si es necesario pasar a mayores. Pero es una consecuencia del cáncer sistémico que pudre la democracia española porque se ha cargado la igualdad política y amenaza la libertad personal: la relativización de las leyes y su interpretación elástica en función de los intereses de los gobernantes. Por eso no cabe ser optimistas: la economía da muestras de agotamiento, amenazando convertir la crisis en ciclo de depresión, mientras las instituciones políticas siguen en manos de grupos atentos exclusivamente a sus intereses a corto plazo, sea por incomprensión o incapacidad, sea porque la ocasión la pintan calva. En los próximos meses no va a haber institución que no esté obligada a recuperar la legitimidad que ha perdido por su inactividad, ineficacia o responsabilidad política. De los ayuntamientos a la monarquía, de los medios de comunicación al mundo empresarial y especialmente el financiero. Es toda una crisis de régimen, y no un malestar pasajero. Lo que precisa es un programa de reformas ambicioso, incluso revolucionario en algunos ámbitos, y no meras maniobras para capear la tempestad. BLOG C. MARTÍNEZ GORRIARÁN. 21-6-2011 Economía. ABC El FMI exige a España nuevos ajustes y una reforma laboral “más radical” Yolanda Gómez Las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno español van por el buen camino, pero todavía queda mucho por hacer. Esta es la principal conclusión del informe del Fondo Monetario (FMI) sobre la economía española hecho público en la tarde de ayer, que recoge una larga lista de deberes tanto para el corto, como para el medio y largo plazo. Tareas, por tanto, para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, pero también para el que salga de las próximas elecciones. A juicio del organismo internacional, «el saneamiento de la economía española está incompleto y los riesgos son considerables» por lo que lejos de relajar el impulso reformista, España debe «seguir reforzando la consolidación fiscal, completar la reestructuración del sector financiero, fortalecer con ambición las reformas del mercado laboral, y continuar con la agenda de reformas estructurales». Pero junto a estas recomendaciones genéricas, el Fondo Monetario da unas recetas muy concretas. Despidos más baratos En el ámbito laboral, pide una reforma «más ambiciosa» y «más radical» para introducir flexibilidad en la empresa. Advierte que el coste del despido, pese a la reforma del año pasado, sigue siendo muy alto en España y debería continuar rebajándose al menos hasta llegar a los niveles medios de la UE. A su juicio, el coste actual supone un factor disuasorio para la contratación indefinida. Pide, además, que los salarios dejen de ligarse a la inflación y se ajusten a las condiciones específicas de cada empresa. En el ámbito de las finanzas públicas, reconoce que está en marcha un ambicioso programa de consolidación fiscal. Advierte, no obstante, que pueden ser necesarias medidas de ajuste adicionales ya este año para reducir el déficit público al 6% del PIB, si se materializan los riesgos a corto plazo. Y el principal riesgo es, a su juicio, que «algunos gobiernos regionales pueden volver a incumplir sus objetivos» como ya hicieron en 2010. «Esto deber ser evitado», alertan los expertos del FMI. Medidas adicionales Pero si las medidas de ajustes adicionales son una posibilidad en este ejercicio, para el próximo trienio son una necesidad. «Los objetivos de déficit fiscal a medio plazo del Gobierno son apropiados, pero requieren una implementación fuerte», avisa. En concreto, cifra estas medidas de ajuste adicional de aquí a 2014 en dos puntos del PIB, o lo que es lo mismo, unos 20.000 millones de euros. Y las medidas deberán empezar a incluirse ya en los Presupuestos de 2012. Junto a estas iniciativas de ajuste que inciden directamente en el déficit, el Fondo apuesta por las privatizaciones para asegurar la reducción del montante de deuda pública. El organismo considera adecuada la reforma de las pensiones que se está tramitando en el Congreso, pero afirma que el proyecto debe ser rápidamente aprobado y aplicado y que sería ideal reforzarlo en algunas áreas. En concreto propone hacer más automática la cláusula de sostenibilidad, que permite adaptar el sistema a las condiciones de empleo y a la pirámide poblacional de cada momento. Y como ya viene siendo habitual en todo informe económico que se precie, las comunidades autónomas merecen un capítulo especial. Alerta el FMI que si bien los estándares de transparencia del Gobierno central son fuertes y la información que da el Banco de España sobre la deuda de todas las administraciones es exhaustiva, la transparencia de «las cuentas subnacionales» (autonomías y entidades locales) tiene amplio margen de maniobra. En concreto, y al igual que ha pedido el Banco de España, el Fondo considera que las autonomías deberían hacer públicas sus cuentas con la misma asiduidad que el gobierno central (una vez al mes). Y un objetivo inmediato debería ser publicar trimestralmente informes con las cuentas autonómicas siguiendo criterios de caja y de contabilidad nacional. Desde finales del pasado año, el Gobierno central ha empezado a hacer públicas los datos trimestrales de las autonomías, pero solo utilizando criterios de caja. Por último, apunta que los planes de reequilibrio, que las comunidades deben presentar cuando incumplen sus objetivos de déficit, deberían ser finalizados más rápidamente y ser publicados. Pide además, al Ejecutivo, que aplique estrictamente las prohibiciones de endeudamiento cuando se incumplen los objetivos y que implante reglas de control del gasto en todas las administraciones. Reestructuración rápida Respecto al sector financiero, el Fondo considera que hay dudas en el mercado sobre si el sistema bancario español ha reconocido plenamente las pérdidas relacionadas con el sector inmobiliario. Ante esta situación urge a una reestructuración rápida del sector y advierte que los bancos débiles que no sean claramente viables deben ser «resueltos rápidamente». Y el FROB debe quedar como último recurso y suministrar fondos en condiciones de mercado. Pide también más transparencia y reducir el número de miembros independientes en la junta directiva de las cajas. En este escenario, el bajo crecimiento económico y las dificultades de financiación son los principales riesgos para la economía española, a juicio del Fondo. Para la vicepresidenta Salgado el informe hace una valoración muy positiva de la actuación del Gobierno. ABC. 22-6-2011 Opinión. La Vanguardia Vacío de poder Manel Pérez El presidente Zapatero parece querer agotar la legislatura hasta el último suspiro del último día. En teoría para seguir haciendo reformas, aunque ya es obvio que no tiene la autoridad política ni en el partido ni, sobre todo, en el Gobierno para sacarlas adelante. Quedó de manifiesto en el crítico Consejo de Ministros que hace dos semanas aprobó la reforma de la negociación colectiva. No logró imponer sus propuestas y el decreto que finalmente publicó el BOE quedó lejos de las posiciones de los empresarios, a los que el presidente quería ganarse con los cambios que intentó introducir a última hora. El jefe del Gobierno y Elena Salgado, su ministra de Economía, se quedaron sin la posibilidad de elevar el decreto a la categoría de cambio de envergadura. Aquella reunión dejó claro que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, no quiere erosionar todavía más el apoyo electoral de las bases tradicionales del PSOE y, por ello, con un ojo examina cualquier propuesta que pueda implicar más conflictos mientras que con el otro calcula las consecuencias políticas de la creciente riada de indignados. Está claro a estas alturas que la mayoría de los implicados está más cerca del candidato que del presidente saliente, un auténtico pato cojo. Por ello, dos semanas después de lo ocurrido, es difícil saber en qué punto del camino está la agenda económica del Gobierno. Lo que tampoco importa demasiado a una crisis financiera que sigue virulentamente activa en la colina de la Acrópolis, desde donde se deja ver a lo largo del litoral norte del Mediterráneo. Por eso la banca anda histérica, pues hasta al Santander le cuesta colocar su deuda. Las grandes empresas se lamentan ante la apatía de la demanda del mercado español e incluso la mayor, Telefónica ha debido aplazar la colocación en bolsa de una de sus filiales. Y las pequeñas empresas andan aún peor, sin apenas crédito y afligidas por los largos plazos de pago que les imponen las grandes y las administraciones. A estas alturas ya nadie sabe con certeza cuál es la parte de responsabilidad que le toca a cada una de las instancias implicadas, el Gobierno español, la Comunidad Europea, Alemania, las agencias de calificación, el sistema financiero, los bancos centrales, los mercados… Pero todo el mundo se dirige a quien tiene más a mano y si además el afectado transmite una manifiesta sensación de vacío de poder aún más. Por todo eso, y por los errores del pasado, ayer le cayó al Gobierno español uno de los rapapolvos más duros desde que asumió sus funciones en esta legislatura, allá por el año 2008. De un lado, las organizaciones empresariales –algunas como la CEIM madrileña, de estricta obediencia a la lideresa Esperanza Aguirre pidieron abiertamente el anticipo electoral–, el FMI y el Gobernador del Banco de España, un agitado Fernández Ordóñez que se mostró muy duro con los políticos en el Congreso. De otro, los sindicatos, atenazados entre la presión del Gobierno, el paro y las críticas de los indignados. El Gobierno resistió el chaparrón más resignado que convencido. LA VANGUARDIA. 22-6-2011