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Como hemos visto en el anterior artículo, el estudio de UPyD demuestra que, sin tocar el actual entramado autonómico organizado por las distintas burguesías burocráticas regionales y solamente siguiendo las prácticas de las menos derrochadoras, se podrían ahorrar anualmente más de 26.000 millones de euros. Un despilfarro que equivale a lo que tiene que pagar este año el Estado por la deuda pública emitida. Pero con el transcurrir de los días, los titulares arrecian en la prensa «Botín ve excesivo riesgo y resiste la presión de Montilla en los bonos catalanes», «Las autonomías ultiman el mayor recorte del gasto público en 30 años», «El riesgo de la burbuja de deuda autonómica»…
Por tanto, lo que no se ha podido cuantificar es la madre del cordero. Todas las actividades suntuosas, innecesarias o superfluas, producto de la voracidad y la rapiña de las burguesías burocráticas regionales, y todo el entramado burocrático-económico que las sustenta. Entramado que se generó disfrazado de competencias autonómicas y se aprovechó de los años de “vacas gordas” del “ladrillo” para construir monstruosos parásitos en cada autonomía. Ahora el FMI, la voz de Obama, y la UE, portavoz de Merkel, han impuesto a España, al gobierno de Zapatero, que ha ascendido así al rango de “gobierno bananero”, que paguemos las deudas de su crisis. Y Zapatero, obediente y presuroso, nos impone todo tipo de rebajas salariales y sociales, de congelación de pensiones en el presente y de recortes en el futuro, de aumento de impuestos,… exclusivamente para que el capital financiero estadounidense, alemán y francés, principalmente, sigan sacando los máximos beneficios de nuestro dinero público. Pero la administración central sólo gestiona el 21% del presupuesto estatal, ya que España es el país, a pesar de la contumaz mentira nacionalista avalada por sus activos cómplices del PSOE y del PP, con el gasto más descentralizado de toda Europa. Las autonomías, que nunca han dado cuenta de su endeudamiento, ni han sido controladas por el Estado, han supuesto un aumento en medio millón de empleados públicos entre 1990 y 2009, y que gestionen el 35% del presupuesto con el 50% de funcionarios. Las órdenes de los señores extranjeros de la deuda han agudizado la contradicción de la banca española con las burguesías burocráticas regionales. Por lo que, el seguro servidor de Botín y compañía, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha criticado recientemente a las comunidades autónomas, después de años de alimentarlas, por su falta de control del déficit. Y las endeudadas burguesías burocráticas, ávidas, se han lanzado a pedir más préstamos con Cataluña a la cabeza, pero Botín juega duro y se niega. Y ello a pesar de ofrecerse en el caso catalán un tipo de interés del 4,75% y un 3% de comisión, que supondrá la sangría de un 7,75% más para el ya elevadísimo endeudamiento autonómico. Sólo las cajas catalanas, todavía controladas por el poder autonómico, acudirán en su socorro. En otras autonomías imponen la subida de los impuestos autonómicos asfixiando así, aún más si cabe, la posibilidad de la reactivación económica. Sin embargo, hay otra salida ante la crisis. Una de las medidas es acabar con el despilfarro del dinero público, de nuestro dinero, usurpado por las burguesías burocráticas regionales. De acuerdo con el mencionado estudio de UPyD, se podría, para empezar, eliminar los órganos duplicados, como defensores del pueblo y del menor, los gastos excesivos dedicados a los representantes políticos autonómicos, y los costes de los medios públicos de comunicación autonómicos, televisiones y radios. Además se podría acabar con la usurpación de funciones a la administración central y la reproducción burocrática de toda la organización estatal, con tal cantidad de gastos, que su mera descripción muestra la política de reinos de taifas de las burguesías burocráticas regionales, como son las duplicidades administrativas, las estructuras autonómicas caprichosas e innecesarias, la creación de observatorios de todo tipo, “embajadas”, oficinas comerciales y de turismo autonómicas, los órganos consultivos con cualquier excusa, institutos estadísticos, meteorológicos, de protección de datos… No termina aquí la voracidad de las burguesías burocráticas regionales. Falta una parte sustancial de su base económica y de su organización clientelar. La proliferación de órganos público-privados que ha dado lugar a un crecimiento del 80% de las empresas públicas autonómicas y de las fundaciones de toda índole. A lo que se añade la excesiva externalización y subcontratación de servicios públicos. Así como el existente e importante sobrecoste que está suponiendo el fraccionamiento autonómico de servicios tan importantes y básicos como la sanidad y la educación, e incluso ciertas actividades del funcionamiento de la justicia. Cuando están cerrando pymes, están desapareciendo autónomos, los trabajadores son lanzados al paro, que no han vivido por encima de sus posibilidades ni son responsables de la deuda autonómica, es el momento, ahora, de cerrar empresas vinculadas económicamente a las castas, de desaparecer ‘chiringuitos’ autonómicos innecesarios, de deshacerse de los cargos de designación política, del llamado “personal de confianza”. Hay que acabar con la política de despilfarro que caracteriza a todas las burguesías burocráticas, y su representación política, la partitocracia, sin distinción de colores, en autonomías gobernadas tanto por el PSOE, como por el PP, o los nacionalistas. Hay que poner en marcha una drástica política de ahorro público, para disponer de suficiente dinero, porque riqueza hay, sin penalizar más al 90% de la población ni endeudarse más. Sólo hay que redistribuirla. Un dinero público necesario para la inversión productiva, para crear riqueza y empleo. Para salir de la crisis en beneficio de la mayoría.