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En lo que respecta, pues, a Bárcenas y al diputado Jesús Merino, que declara hoy también como «imputado provisional», el proceso entra de aquí a septiembre en un periodo de espera e indefinición que, a falta de decisiones judiciales, sigue sirviendo de coartada al PP para persistir en una estrategia que combina el quietismo respecto a sus militantes y dirigentes implicados con el ventilador en todas direcciones en cuanto a buscar culpabilizaciones ajenas
EL MUNDO. Bárcenas debería haber dejado su cargo de tesorero hace tiemo porque, a pesar de que tiene todo el derecho a la presunción de inocencia desde el punto de vista penal, no puede seguir siendo responsable de las cuentas del partido con tan graves acusaciones sobre sus espaldas Editorial. El País CORTESÍA PROCESAL El senador y tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declaró ayer en calidad de "imputado provisional", una extraña y alegal figura procesal que el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo se ha inventado para ajustar la práctica judicial a la ley. Pues lo que dice la norma -la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002- no deja de ser un tanto incoherente: otorga a diputados y senadores la posibilidad de declarar voluntariamente en ejercicio de su derecho de defensa "cuando se les impute un acto punible", pero "sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución", es decir, de la preceptiva autorización de las Cámaras para su inculpación y procesamiento. La reforma, pues, desconoce la figura del "imputado provisional" y de hecho atribuye al declarante voluntario la condición de imputado a secas, aunque está claro que no puede tenerla sin autorización del Congreso o del Senado. De ahí el invento de esta figura contradictoria en sus propios términos y que supone situar al afectado en una especie de limbo procesal. Cabría deducir, pues, que esa declaración voluntaria y adelantada tiene todos los visos de ser un acto de cortesía y deferencia procesal que se ofrece a diputados y senadores con problemas con la justicia, pero que no puede ni debe sustituir su comparecencia como imputados en toda regla y con todas las garantías una vez solicitado y concedido el correspondiente suplicatorio. La declaración, ayer, de Bárcenas se ha producido ante la instancia judicial competente, pero no se alcanza a ver qué efectos puede tener, salvo haber dado oportunidad al declarante de adelantar una explicación al juez sobre el acto punible que se le imputa. Porque lo que parece claro, a pesar de la situación procesalmente confusa y equívoca creada por la reforma de 2002, es que ni el juez ni el ministerio público pueden a partir de la declaración tomar medidas, o solicitarlas, que afecten a un senador o diputado sin la previa autorización de las Cámaras. En lo que respecta, pues, a Bárcenas y al diputado Jesús Merino, que declara hoy también como "imputado provisional", el proceso entra de aquí a septiembre en un periodo de espera e indefinición que, a falta de decisiones judiciales, sigue sirviendo de coartada al PP para persistir en una estrategia que combina el quietismo respecto a sus militantes y dirigentes implicados con el ventilador en todas direcciones en cuanto a buscar culpabilizaciones ajenas. Bárcenas ha hecho su declaración voluntaria con conocimiento de los indicios de cohecho y fraude fiscal que se le imputan, pues, de lo contrario, no podría haber aportado las pruebas que dice haber presentado para desmontarlos y probar su inocencia. No ha habido, pues, indefensión ni desconocimiento de los hechos, como el PP se empeña en propalar no sólo respecto a Bárcenas sino al resto de cargos del partido implicados en las diversas variantes del caso Gürtel. Los autos judiciales hechos públicos en el proceso son suficientemente claros tanto sobre los hechos como los indicios delictivos atribuidos a los imputados. EL PAÍS. 23-7-2009 Editorial. El Mundo UNA DEFENSA HÁBIL QUE NO DISIPA LAS SOSPECHAS AUNQUE POCAS cosas nos sorprenden ya en la vida política, ayer hemos tenido ocasión de presenciar un hecho insólito: la comparecencia ante el Tribunal Supremo del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, acusado de delitos de cohecho y fraude fiscal. Bárcenas debería haber dejado su cargo de tesorero hace tiempo porque, a pesar de que tiene todo el derecho a la presunción de inocencia desde el punto de vista penal, no puede seguir siendo responsable de las cuentas del partido con tan graves acusaciones sobre sus espaldas. Ayer tuvo por fin la oportunidad de explicarse ante el juez instructor y el fiscal. Hay que reconocer que iba bien preparado, que su defensa fue hábil, aunque algunas de sus explicaciones son difícilmente creíbles. El interrogatorio del juez se centró sobre los dos delitos de los que se le acusa. El Supremo ha renunciado a imputarle de momento por blanqueo de capitales en una empresa de la que era socio de Francisco Correa porque los hechos no están todavía claros. En cuanto al delito fiscal, hay que señalar que la Justicia sólo puede exigirle responsabilidad penal por cantidades defraudadas con posterioridad a 2003, lo cual centra la acusación en haber eludido los impuestos de un pago de 300.000 euros que figura en la contabilidad de una de las empresas de Correa. Bárcenas negó haber recibido esa cantidad y explicó que solicitó un crédito por esas fechas para comprar un cuadro. Como la operación no se materializó, devolvió el dinero – casualmente 300.000 euros- al banco. Una explicación difícilmente creíble -tal vez una operación tapadera-, pero no inverosímil. Bárcenas presentó ante el juez documentos y transacciones para explicar el origen de su millonario patrimonio, que justificó por sus elevados ingresos y por una serie de afortunadas inversiones en la Bolsa. Evidentemente el juez tendrá que encargar un informe pericial para averiguar si los datos son ciertos. El tesorero del PP fue también interrogado por cohecho. En cuanto a este delito, la Justicia no puede acusarle de diversos pagos que aparecen en el sumario a nombre de «L.B.» porque entonces no era senador y, como se sabe, el cohecho sólo lo pueden cometer los funcionarios o cargos públicos en ejercicio de sus funciones. La Fiscalía le imputa en concreto un pago de 72.000 euros en 2007, cuyo beneficiario es «Luis el cabrón». Siguiendo la táctica de que la mejor defensa es un buen ataque, Bárcenas negó ser ese sujeto y acusó a Luis Delso, presidente de Isolux y antaño vinculado al PSOE, de estar detrás del apodo pero no explicó por qué. No deja de producir estupor que alguien trate de endilgarle un delito a otra persona sin molestarse en acompañar su acusación de indicio alguno. En este caso, Bárcenas se beneficia de que tiene que ser la Justicia quien demuestre que él era «Luis el cabrón». Corresponde ahora al juez instructor examinar la consistencia del testimonio del tesorero del PP y decidir si hay motivos para proseguir la causa, lo cual implicaría la solicitud de un suplicatorio al Parlamento. Bárcenas ya ha dejado muy claro que no dimitirá hasta que el Supremo no pida ese suplicatorio, pero lo que ayer se pudo constatar es la absoluta falta de apoyo del partido a su tesorero. Ni una muestra de solidaridad ni una declaración a su favor. Da la sensación de que el tesorero lo fía todo a que la Justicia no va a poder demostrar su culpabilidad en este asunto. Tiempo al tiempo. En todo caso, más le vale al PP romper amarras con este individuo porque la responsabilidad penal es una cosa y la sombra de la sospecha, otra bien distinta. EL MUNDO. 23-7-2009