Un delito contra el pueblo y la nación

Corrupción es traición

La corrupción es traición. No es un pro­blema nuevo. La CIA sacó de la cárcel a “Lucky” Luciano y le permitió seguir con sus negocios y crí­menes a cambio de su colaboración en la ocupación de Sicilia durante la II Guerra Mundial y la elimina­ción, incluso fí­sica, de los comunistas ita­lianos. Los colonialistas ingleses permitie­ron a los Maharajás de la India conservar sus privilegios a cambio de no levantarse contra el Imperio Británico. También hoy en España, detrás de las tramas corruptas no sólo está el atraco a los fondos públi­cos, también la intervención de la oligar­quí­a española y del gran capital extranje­ro sobre el paí­s. No es sólo una cuestión económica, sino también y principalmente de intervención polí­tica. Y no es principal­mente un robo económico, que también, sino una traición a la nación al servicio de la intervención exterior. No sólo tiene que ser denunciada como un delito de los co­rruptos, sino como un delito contra el pue­blo y la nación.

La trama corrupta de la “Ope­ración Púnica”, de nuevo en las primeras portadas por nuevos imputados y dimisiones de car­gos públicos, es mucho más que la dimisión de los nuevos cargos públicos imputados y los miles de euros de los que se han podido beneficiar, permite desentrañar el escandaloso maridaje entre el poder político y los ladrones pri­vados de alto standing.

La “Operación Púnica” y Gaz de France

Cuando en 27 de octubre de 2014 la Guardia Civil detenía a Francisco Granados, número dos del PP en Madrid y ex consejero de Esperanza Aguirre, a su socio el empresario David Marjaliza, al director general en España de Cofely y otros tres directivos del grupo, se destapaba una de las tramas más genuinas de corrup­ción, en la que Cofely, filial de Gaz de France en España, era el puntal sobre el que pivotaba la trama corrupta de la “Operación Púnica”, el epicentro de la co­rrupción. Uno de esos directivos, Pedro Pérez García, sería, según el juez Eloy de Velasco, “el prin­cipal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y pago de cohechos”. “Detrás de las tramas corruptas no sólo está el atraco a los fondos públicos, también la intervención de la oligarquía española y del gran capital extranjero sobre el país”

Gaz de France, empresa pú­blica controlada por el Estado Francés a través del grupo GDF Suez, es dueña al cien por cien de Cofely, la empresa especiali­zada en la comercialización de servicios de eficiencia energéti­ca. La trama urdida por Cofely tenía por objetivo el amaño de contratos con los ayuntamientos para asegurarse la adjudicación de servicios públicos. Según las investigaciones judiciales la tra­ma habría conseguido contratos fraudulentos por más de 250 millones de euros en apenas dos años en Madrid, Canarias, Cata­luña, Zaragoza, Valencia…, pa­gando comisiones del 2% y 3%. Las investigaciones aún no están cerradas, el juez todavía inves­tiga los contratos de eficiencia energética que otros ayuntamien­to firmaron con Cofely.

La presencia de Gaz de Fran­ce no se limita a su filial Cofely. Su principal apuesta está en Ca­taluña, a través de su filial Suez Environnement, aliado histórico de La Caixa en Aguas de Barce­lona (Agbar), sobre quién tiene el control total tras un intercambio de acciones con La Caixa y Suez Environnement. ¿Cómo evitar que la sombra de las famosas comisiones del 3% denunciadas por Margall sobrevuele las ope­raciones del grupo también en Cataluña?

Evidentemente, en la trama Cofely-Gaz de France, lo fun­damental no son las comisiones del 3% pagadas a los truhanes de turno por sus servicios, sino el expolio de las cuentas públicas a mayor beneficio de un monopo­lio extranjero. La corrupción ¿no es traición?

“Cherchez la femm”, buscar la raíz…

Pero Cofely-Púnica no es una excepción.

En el “Caso Rato” podemos quedarnos en su faceta de truhán y los 100.000 euros de sus tarjetas Blak o los 5,3 millones que puede haberse llevado a paraísos fiscales. Pero, ¿por qué no poner el foco en toda la trama urdida en torno a Bankia y al fraude contable de 3.500 millones de euros y su salida a bolsa que la llevó a la quiebra y al rescate con 23.000 millones de dinero público, para acabar vendi­da a precio de saldo a la gran ban­ca y fondos extranjeros?

En el “Caso Palau” Ferro­vial era el epicentro de la trama corrupta, pagando comisiones a Convergencia a cambio de la ad­judicación de obras públicas de gran envergadura, como la Ciu­dad de la Justicia o la línea 9 del Metro de Barcelona.

¿O qué decir del “Caso Pujol” cuarenta años de corrupción con­tinuada iniciada con el saqueo y quiebra de Banca Catalana? De­trás de la trama familiar encon­tramos al mismísimo Banco de España y al Fondo de Garantía de Depósitos que cubrieron un agujero de 19.600 millones de pesetas, y al BBVA que acabó quedándose con la entidad cata­lana y sus 2602.000 millones de las antiguas pesetas en depósitos. Además ¿cuántos grandes capita­les españoles y extranjeros, ban­cos y monopolios, se habrán ser­vido de esta trama para llevarse las grandes obras y servicios de Cataluña a cambio pagar al comi­sionista su 3%? ¿Cuántos bancos como el HSBC suizo, denuncia­do por fomentar el fraude fiscal, o el Banco de Andorra han ampa­rado o alentado la trama Pujol y cobijado en sus cuentas secretas miles de millones evadidos de Cataluña, de España? ¡Qué dolo­rosa e indignante traición del au­toproclamado “padre de la patria catalana”, truhán de baja estofa! “La lucha contra la corrupción es también una lucha por la soberanía, debe ser denunciada como un delito contra el pueblo y tratada como crimen organizado”

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un organismo público, fija en 48.000 millones de euros el coste de la corrupción en la contratación pú­blica, equivalente al 25% de to­das las licitaciones, obras públi­cas, infraestructuras y servicios públicos, un suculento negocio de 192.000 millones de euros re­partido entre grandes monopolios y fondos extranjeros. ¿Cuántos de estos miles de millones han ido a parar a grandes construc­toras como Sacyr Vallehermoso, OHL o la FCC de Florentino que pagaron religiosamente su tanto por ciento en la caja B del PP que manejaba Bárcenas?

¿Qué sino traición son las tra­mas para evadir capitales a Suiza y otros paraísos fiscales privando de miles de millones de recursos al país?

Corrupción e intervención política

Grandes monopolios, multi­nacionales y sus filiales en Espa­ña, bancos españoles y extranje­ros son, en última instancia, los epicentros de la corrupción, a través de la cual la oligarquía es­pañola y el gran capital extranje­ro intervienen no ya para llevarse el dinero público en suculentos contratos, sino para intervenir políticamente el país a través de ese extraño maridaje con cuadros de todos los niveles y dirigentes de los partidos políticos y cargos públicos que está en la base de todas las tramas de corrupción, como en cualquier mafia que se precie.

Hay un dicho que corre por las redacciones de los periódicos, “el periodismo de investigación se reduce casi siempre al dos­sier que alguien hace llegar a la redacción de noche o a primera hora de la mañana”. ¿Qué monta­ña de dossier son manejados por la oligarquía y el hegemonismo extranjero para intervenir políti­camente en el país? No es casua­lidad que en los momentos más decisivos o periodos electorales, lleguen estos dossier a las me­sas de los directores, desde una cacería de elefantes para forzar la dimisión de un rey al simple intento de un político emergente por rebajar un pago a Hacienda para eliminar un dirigente incó­modo. Intervención política que va más allá de la adjudicación de contratos multimillonarios a sus monopolios, sino que tiene por objetivo “corregir” derivas peli­grosas para sus intereses o forzar “reconduciones” que garanticen la continuidad de las políticas que sirven a sus intereses globa­les, y que ahora pasan por las po­líticas que les permitan el saqueo y disponer de los recursos del país al servicio de sus intereses.

Ahí radica, en última instan­cia, la verdadera naturaleza de la corrupción como traición a la nación, como traición a un pue­blo y a un país, al servicio de la intervención exterior de las gran­des potencias y el gran capital extranjero.

Por eso, la lucha contra la co­rrupción, es también una lucha por la soberanía y debe ser trata­da, como propone el programa de Recortes Cero, como crimen or­ganizado, en el que hay que per­seguir y llevar ante los tribunales no sólo a los truhanes de turno y políticos corruptos, sino a los au­ténticos “padrinos” de la mafia, a los bancos, monopolios y multi­nacionales nacionales y extranje­ros que están en la base de todas las tramas de corrupción.

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