Cargando...Aunque a cuentagotas, desde el escándalo de Marbella se están destapando casos de corrupción urbanística en toda la geografía. El de Aragón, el escándalo de la Muela, suma seis nuevos imputados en la Operación Molinos, que de momento ha llevado a la cárcel a la alcaldesa de La Muela, Manuela Victoria Pinilla, del Partido Aragonesista, a uno de sus concejales y a un empresario madrileño dueño de la promotora implicada.
El coautor en la arte jurídica del Plan General de Ordenación Urbana de la Muela, Fernando Della-Casa Dulanto, es a su vez, secretario del ayuntamiento de Cuarte donde se ha hecho también una llamativa expansión urbanística. Su historial en cargos relacionados con urbanismo es largo y se remonta a 1994 cuando pasó a ocupar el cargo de secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de la DGA, donde coincidió con otro imputado, el subdirector provincial de Urbanismo, Carlos Martín Rafecas, con el que colaboró cuatro años después, como “experto”, en el anteproyecto de la Ley Urbanística de Aragón. Su profundo conocimiento de los entresijos del urbanismo aragonés bien le valió para ganarse el puesto de asesor legal del Ayuntamiento de la Muela puesto que el secretario de éste (licenciado en Filosofía y Letras) es lego en estas cuestiones.Cuatro empresarios y una sindicalista municipal podrían estar también implicados en la operación por la que, aprovechando información privilegiada, se impulsó la construcción de unas 800 viviendas en La Muela. Uno de los empresarios está vinculado a la empresa promotora (Brocover) de las viviendas (propiedad del madrileño en prisión) y otros dos empresarios lo están a la empresa Hostelería Río Grío, que gestiona el zoológico de La Muela. A la sindicalista (CSI-CSIF) se le cita por presunta prevaricación. El modelo “aragonesista” de crecimiento económico no parece distar mucho del que podamos encontrarnos en Gijón o Málaga. La exigencia de llegar al fondo (y arriba) y se apliquen penas duras de cárcel no es sólo una exigencia moral ante los que llaman a apretarse el cinturón ante la crisis pero roban el pan de todos. Es una exigencia política de quemar el nido de las serpientes que ha sustentado el modelo de ladrillo y servicios, base de la crisis de la Comunidad.