Corrupción en cadena

Según cifras oficiales, la corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros anuales. Un gigantesco atraco al dinero público que todos pagamos. Es necesario desarticular las tramas de corrupción. En las que participan los más altos responsables de los partidos que han sido financiados ilegalmente. Y también -suele olvidarse- las grandes empresas que pagaron las mordidas como vía para asaltar los presupuestos públicos.

Ignacio González -ex presidente de la Comunidad de Madrid imputado en la “Operación Lezo”, la trama de corrupción con sede en la empresa pública Canal de Isabel II- ha implicado a Esperanza Aguirre en la red de comisiones que financió al PP madrileño desde 2007 a 2011.

Puede pensarse que se trata de una maniobra de un corrupto que, tras pasar seis meses en prisión preventiva, esparce las culpas como mecanismo de defensa.

Pero no es solo Ignacio González quien coloca a Esperanza Aguirre en el centro de la trama corrupta. También lo han hecho las dos fiscales anticorrupción del caso Púnica, que mencionan a la ex “lideresa” madrileña entre las personas que habrían integrado la «red de decisión y ejecución cohesionada» que puso en marcha «diversos canales de financiación irregular» con el objetivo de «sufragar los excesos» de las campañas electorales del PP.«Se saquea el dinero público en beneficio de monopolios o empresarios locales, y las élites políticas se quedan con la comisión por servicios prestados»

El mecanismo era relativamente sencillo. Desviando subvenciones públicas a través de la fundación Fundescam, o inflando el precio de trabajos para “mejorar la reputación en internet” de líderes políticos.

Con ellos se apropiaron de hasta 5 millones de euros, que fueron a sufragar el exceso de gasto electoral -por encima de lo permitido por ley, y que por tanto no podía declararse- en hasta cuatro campañas electorales del PP madrileño.

Los casos de corrupción, puestos en sordina por el estrépito mediático del procés catalán, son una cadena que siempre reproduce el mismo perfil.

En los seis casos de corrupción que afectan a la financiación ilegal del PP ahora investigados, los aportantes de comisiones y mordidas son siempre beneficiarios de contratos públicos.

Se saquea el dinero público en beneficio de monopolios o empresarios locales, y las élites políticas se quedan con la comisión por servicios prestados.

No es un hecho diferencial del PP, producto de su “pasado franquista”. La misma pauta se reproduce en Cataluña con los escándalos del 3%. Tanto el control continuado del poder autónomico y municipal del PP madrileño, como el dominio durante casi 40 años de la Generalitat por parte de la ex Convergencia, les permitió levantar auténticas tramas corruptas.

Un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pone cifras a la corrupción. Nos costaría alrrededor de 90.000 millones al año. Más de la mitad, 47.500 millones, en “sobrecostes administrativos” que nunca se justifican. Hasta 40.000 millones se llevan otras formas de corrupción: desvío de fondos…

A través de este “impuesto de la corrupción” se nos obliga a pagar a cada español 500 euros al año, que alimenta las 175 tramas corruptas investigadas en los últimos años.

Atajar el atraco de la corrupción no puede consistir solo en detener y condenar a los Correa, Bárcenas, Ignacio González… que desde luego merecen el castigo pero no dejan de ser actores secundarios.

Es necesario desarticular las tramas de corrupción. En las que participan los más altos responsables de los partidos que han sido financiados ilegalmente. Y también -suele olvidarse- las grandes empresas que pagaron las mordidas como vía para asaltar los presupuestos públicos.