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La Asociación por la Tolerancia acaba de denunciar que la empresa que gestiona la publicidad que llevan los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) se ha negado a contratar una campaña que desde hoy, lunes 16, iba a divulgar la libertad de elección de lengua en la enseñanza pública en Cataluña. La empresa Promedios ha alegado que una campaña como esa «crea polémica y puede hacer daño al medio». Un ejemplo más del mundo al revés que el control mafioso del nacionalismo excluyente se esfuerza en imponer. La realidad no es como los nacionalistas excluyentes quieren, pero impiden, por todos los medios, que se pueda decir cómo es la realidad, de verdad.
Según la Asociación or la Tolerancia, ya se había "formalizado un precontrato" a mediados de febrero, y pagado la mitad de la campaña, pero según la citada empresa de publicidad "no ha podido pasar el último filtro". El “último” filtro, mafioso, que trata de impedir que la información veraz llegue a los ciudadanos de a pie. La “dañina” campaña consistía en difundir la sentencia del Tribunal Supremo 12/12/2008, que "obliga a la Generalitat" a incluir un casillero en los impresos de preinscripciónescolar para que los padres elijan la lengua de escolarización de sus hijos, con la frase "Sí puedes elegir" y dos casillas, ambas marcadas con una equis, en las que ponía "primera enseñanza en catalán" y "primera enseñanza en castellano” Como la imposición del nacionalismo excluyente no ha alcanzado el nivel de coerción que ha hecho ya famoso el dicho mafioso “y que parezca un accidente”, en Cataluña se practica el lema también mafioso “y que parezca un consejo” aunque sea realmente una amenaza de represalias profesionales y de sanciones económicas. En un comunicado, la Asociación por la Tolerancia se ha mostrado sorprendida de que publicitar una sentencia "pueda generar polémica y supuestos daños". Lo que realmente debe generar polémica, porque causa serios daños pedagógicos, es que las autoridades impongan una de las lenguas de la comunidad en la práctica educativa, bajo el “consejo” de practicar la inmersión lingüística; que “aconsejen” controlar que en los patios escolares, durante el recreo, se habla exclusivamente en catalán; que “aconsejen” a los profesores que hablen en catalán cuando se entrevisten con los padres de alumnos hispanoamericanos. Lo que realmente debe generar polémica porque causa serios daños democráticos es lacampaña de inspecciones para “aconsejar” a los comercios, es decir, para comprobar que cumplen la normativa de tener la información en catalán. La Generalitat afirma que se harán unas 500 inspecciones con unos 25 inspectores. Los inspectores repetirán su visita a los 3 meses y se pasará a hacer expedientes disciplinarios y sancionadores, con multas de entre 300 y 600 euros por infracción. Y la lógica “mafiosa” vuelve a justificarlo. El director general de Turismo dice que sería inconcebible que en Madrid no fuesen capaces de entenderte en castellano o en París no fuesen capaces de entenderte en francés. Lo que sería, y es, inconcebible que en Cataluña no fuesen capaces de entender en castellano a cualquier ciudadano de España o a cualquier turista extranjero.