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El reciente escándalo que dio a conocer que a la policía se les fijaban «cupos» para la detención de inmigrantes sin papeles a cambio de recibir compensaciones -tales como días libres- puso sobre aviso a las asociaciones de defensa de los derechos humanos ´de hasta dónde era capaz de llegar el gobierno socialista en su política migratoria. Tras saltar el escándalo de los cupos -por las denuncias de los mismos sindicatos de la policía- Rubalcaba, responsable de Interior, aseguraba en febrero que se acabarían este tipo de persecuciones.
Sin embargo, tres meses desués de estas declaraciones, la “cacería” del inmigrante en las principales ciudades españolas continúa, así lo ha denunciado hace pocos días la Asociación de Sin Papeles de Madrid y Ferrocarril Clandestino en un multitudinario acto en la plaza de Lavapiés. De hecho la persecución policial sigue a las salidas de las bocas del Metro, cerca de los consulados y embajadas, los juzgados y hasta los locutorios… cualquier sitio que frecuentesn los inmigrantes es bueno para buscar las detenciones. Los 66 testimonios presentados en el acto celebrado en Lavapiés de inmigrantes residentes en Madrid demuestran el trato indignante: “Me llamo Salma, soy de Marruecos. Al despertar una mañana a las 9.00 horas, mi hijo vio que le habían robado su bicicleta y fue a denunciarlo a la comisaría de Alcorcón. Allí le pidieron los papeles y, al no tenerlos, lo llevaron directamente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), del que salió, pasados los 40 días, con una orden de expulsión que por el momento ha impedido que le den el arraigo”. Mamadou, de 22 años, acorralado el pasado 12 de marzo a la salida de la estación de Príncipe Pío por seis coches de Policía y dos furgonetas, afirma “la imagen daba mucho miedo, parecía un operativo por terrorismo o algo similar”. Mama Luisa ecuatoriana detenida en la estación de Méndez Álvaro: “Me hicieron quitar toda la ropa y, así, desnuda, durante media hora nos insultaron, a mí y a otras mujeres latinas que estaban a mi lado. Después de 24 horas detenida, salí en libertad con una orden de expulsión”. Zaira, de 31 años, se ha quedado sin trabajo porque no se atrevía a abandonar su casa tras su segunda detención. María tiene miedo de ir a recoger a su hija al colegio, porque la Policía espera a los padres en la puerta para pedirles los papeles. Degen fue arrestado en el portal de su casa, tres días después de ser detenido y puesto en libertad. Pasó tres noches en comisaría y sólo le dieron galletas y zumo durante este tiempo. El gobierno de Zapatero lleva adelante la política más dura, reaccionaria y policial contra los inmigrantes –con y sin papeles- jamás llevada adelante por ningún gobierno en España. La próxima reforma de la ley de extranjería que se tramita en el parlamento es una muestra fehaciente de ello (pone más trabas a la reagrupación familiar, se opone a la regularización por arraigo o amplía el tiempo de “estancia” en los Centros de Internamiento). No se puede tolerar este trato contra las libertades de un sector de los trabajadores. Los derechos de los inmigrantes, sus condiciones de vida y trabajo, son también reivindicaciones propias del conjunto de la sociedad española de la cual ya forman parte.