Confusión judicial, réditos políticos

El “juicio del siglo” ha llegado. La apertura, en la sala segunda del Tribunal Supremo, de la causa contra los 12 dirigentes independentistas, por organizar un proceso de ruptura que culminó en una declaración unilateral de independencia, va a ser en los próximos meses un inevitable foco de atención  de tensión.

En torno a este juicio va a jugarse una decisiva batalla. Sembrando una espesa confusión judicial, ofreciendo la imagen de España como un país donde “se vulneran derechos fundamentales, “se persiguen las ideas independentistas” o “se juzga a la democracia, al considerar delito poner las urnas”. Intentando obtener de ello réditos políticos.

Es imprescindible aclarar en primer lugar, partiendo de los hechos, una confusión que busca subvertir la realidad.

¿Quién ha recortado la democracia?

“Esta es una causa general contra el independentismo (…) Un vodevil procesal que atenta contra la disidencia política”. Así definía el proceso contra la élite del procés uno de los abogados de los acusados en la primera sesión del juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Pocas horas antes, otro de los letrados de la defensa había denunciado estar ante “un juicio a las urnas”.

Las élites independentistas se sitúan como “defensores de la democracia” contra un Estado español que persigue al independentismo.

Esta propaganda choca frontalmente con la imagen de Quim Torra, presidente independentista de la Generalitat elegido tras unas elecciones, colocado en un puesto  preferente para que pudiera seguir el juicio en primera línea. Conviene recordar que Cataluña es la única región europea donde existe un gobierno públicamente favorable a la independencia.

Se puede disentir de que los delitos cometidos por los dirigentes independentistas juzgados sean merecedores de la calificación de rebelión. O considerar abusiva la prisión provisional, prolongada durante más de un año. Pero si hemos llegado a esta situación es porque desde las élites del procés se quiso imponer de forma antidemocrática la ruptura contra la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana.

Primero en los plenos celebrados el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament de Catalunya. Donde las fuerzas independentistas violaron el Estatut -que obliga a una mayoría de dos tercios que no tenían-, y amordazaron a la oposición para imponer la aprobación de la Ley de Referéndum y de “desconexión con España”. 

Posteriormente, convocaron el 1 de octubre un referéndum sin  las mínimas garantías democráticas, donde solo votaron los independentistas. Para utilizar sus resultados -avalados solo por el 38% del censo- para aprobar una DUI, una declaración unilateral de independencia.

Eso no es “defender las urnas y la democracia”. Sino una estafa antidemocrática donde se intentaba imponer por la fuerza voluntad de un tercio contra el rechazo de una mayoría de dos tercios de los catalanes. 

Las élites del procés no solo vulneraron la Constitución y el Estatut de Catalunya, sino que intentaron imponer un proyecto antidemocrático, en primer lugar contra la mayoría de los catalanes. 

Conviene recordarlo, ante la propaganda que intenta presentarlos como víctimas.

¿Una justicia española cuestionada?

Los abogados de los dirigentes independentistas juzgados han denunciado que “se ha vulnerado el derecho a un juicio con garantías”, y que “se está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la indivisibilidad de la nación española”. Elaborando un relato que nos presenta a una justicia española “cuestionada en Europa” y que “no cumple los estándares democráticos”.

Comparemos la situación de la justicia española acudiendo a la Corte Europea, aquella donde los independentistas aspiran a recurrir.

España ha sido condenada 103 veces, mientras que Francia ha sufrido un dictamen adverso en 728 ocasiones. Siete veces más que España. La comparación con Bélgica, que ampara a Puigdemont, vuelve a ser rotunda. La justicia belga ha recibido tres veces más condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que España.

El juicio contra los dirigentes independentistas va a ser retransmitido en streaming, y podrá ser seguido en directo por cualquiera. Ningún tribunal europeo se ha atrevido a tal ejercicio de transparencia en un caso de tanto calado.

Los hechos también desmienten a Quim Torra cuando afirma que “este juicio no se debería haber celebrado nunca en un Estado que se dice democrático”.

Cuando los países europeos se han enfrentado a un desafío a su integridad territorial han reaccionado de forma similar a como lo ha hecho España. La justicia alemana prohibió la celebración de un referéndum soberanista en Baviera, y la italiana hizo lo propio cuando el gobierno regional de Veneto quiso impulsar una consulta independentista. En 1997 esos independentistas de Veneto simularon  la ocupación de la plaza de San Marcos de Venecia, con proclama independentista incluida. Solo era un acto público sin trascendencia jurídica. Pero fueron condenados a cuatro años de cárcel.

Degradar para dominar

Cuando se presenta la falsa imagen de una justicia española como la propia de una república bananera, alejada de las “democracias avanzadas europeas”, se está degradando el país. Y se hace no para defender altos preceptos, sino intereses materiales mucho más mezquinos.

Las élites independentistas para ocultar el carácter antidemocrático de sus proyectos, que chocan contra una mayoría social catalana que no acepta la fragmentación. Y para intentar aprovechar la “ventana de oportunidades de una España débil”.

Desde el exterior para degradar a un país sobre el que se quiere imponer un dominio mayor. La misma justicia alemana que no permite siquiera pensar en que un länder pueda organizar una consulta soberanista, deniega la petición de extradición de Puigdemont enmendando la plana al Tribunal Supremo.

Conviene tener en cuenta todos estos factores para que las toneladas de propaganda que van a vertirse durante el juicio no nos nublen la vista.