Cargando...«La realidad, sin embargo, es que hay tantas españas como clases sociales hay en España. Y hay tantas catalunyas como clases sociales hay en Catalunya. Por supuesto que las clases sociales dentro de una nación pueden tener intereses comunes. Ahora bien, lo que se olvida con gran frecuencia es que, de la misma forma que hay intereses comunes entre las clases sociales de una nación, también hay intereses comunes entre las clases sociales dentro de un Estado con varias naciones. Y la experiencia en España lo demuestra»
La clase trabajadora catalana ha tenido frecuentemente más intereses en común con las clases trabajadoras de otras naciones y ueblos de España que con las clases conservadoras que han gobernado Catalunya y España la mayoría del siglo XX. En realidad, el enorme retraso del Estado del bienestar español y catalán se debe primordialmente al enorme poder e influencia que tales clases han tenido a lo largo de nuestra historia sobre el Estado (PÚBLICO) LA VANGUARDIA.- Toda una vida de lucha por la seguridad en el empleo, por el mantenimiento de las conquistas, para que ahora se las lleve el viento de una crisis que lo arrasa todo, los viejos principios y las verdades que creían eternas. Con un complejo: se sienten obligados a hacer un trabajo sucio para eso que llamaban capitalismo. Con una angustia: le están limpiando el campo a su adversario, el Partido Popular, que será, cuando llegue, quien se beneficie de unas cuentas más saneadas y no tendrá que decretar el despido barato. EL MUNDO.- La Caixa no ha podido colocar el crédito sindicado de 1.000 millones de euros que le había encargado la Generalitat de Cataluña. Toda la banca extranjera, incluidos las mayores entidades del mundo, se han negado a participar. La negativa de la banca extranjera revela que existe un importante riesgo país y dudas sobre la solvencia financiera de la Generalitat. Y más allá de todo ello quedan patentes los problemas de financiación de algunas comunidades como Cataluña, que es todo un ejemplo de despilfarro, eso sí, siempre con la excusa de las causas identitarias. Opinión. Público ¿Conflicto de naciones y/o clases? Vicenç Navarro Es una característica de los nacionalismos conservadores y liberales existentes en España (tanto los centrales jacobinos como los periféricos) asumir que todas las clases sociales quedan homogeneizadas bajo la categoría de nación, identificando los intereses de tal nación con los de quienes lideran tales movimientos. De ahí que los nacionalismos sean hostiles al concepto de clase social que –según ellos– diluye el impacto de su propuesta soberanista. La realidad, sin embargo, es que hay tantas españas como clases sociales hay en España. Y hay tantas catalunyas como clases sociales hay en Catalunya. Por supuesto que las clases sociales dentro de una nación pueden tener intereses comunes, tales como la defensa en la utilización de su lengua y de su identidad nacional, un punto de una enorme importancia en Catalunya. No existe plena conciencia de ello en otras partes de España. La primera vez que me detuvieron en Barcelona fue en los años cuarenta, a la temprana edad de 7 años, cuando le escupí a la cara a un gris –un policía nacional español– por abofetearme por hablar en mi lengua materna –el catalán– tras insultarme, diciéndome: “No hables como un perro, habla como un cristiano”. Ahora bien, lo que se olvida con gran frecuencia es que, de la misma forma que hay intereses comunes entre las clases sociales de una nación, también hay intereses comunes entre las clases sociales dentro de un Estado con varias naciones. Y la experiencia en España lo demuestra. Las clases dominantes de las diferentes naciones de España se aliaron para derrotar a la República, siendo los nacionalistas conservadores y liberales catalanes de los años treinta los mayores promotores en Catalunya del golpe militar que persiguió con mayor brutalidad la identidad catalana. Como frecuentemente ocurre con los nacionalismos conservadores y liberales catalanes, antepusieron sus intereses de clase a los de la nación. Por las mismas razones, la clase trabajadora catalana ha tenido frecuentemente más intereses en común con las clases trabajadoras de otras naciones y pueblos de España que con las clases conservadoras que han gobernado Catalunya y España la mayoría del siglo XX. En realidad, el enorme retraso del Estado del bienestar español y catalán se debe primordialmente al enorme poder e influencia que tales clases han tenido a lo largo de nuestra historia sobre el Estado. Ni que decir tiene que España y Catalunya hicieron grandes avances económicos y sociales a partir del establecimiento de la democracia. Pero el gran avance económico no ha sido correspondido con un gran avance social, pues continúan estando a la cola de la Europa social. Así, España, según datos de 2007, es ya la octava potencia económica del mundo, con un PIB per cápita que es el 94% del promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto público social es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Por su parte, Catalunya es ya más rica que el promedio de la UE-15, con un PIB per cápita que es el 110% del promedio de la UE-15. Pero su gasto público social per cápita es sólo el 73% del promedio de la UE-15. La explicación que da el nacionalismo conservador y liberal catalán a este retraso social es que este se debe al déficit fiscal de Catalunya con respecto a España, consecuencia de que los fondos que el Estado central recoge de las personas que viven en Catalunya a través de los impuestos es mucho mayor que los que recibe Catalunya (tras su contribución a la necesaria solidaridad que Catalunya ejerce con el resto de España –y que allí pocos cuestionan–, y tras el pago de los servicios de todo el Estado que corresponden a Catalunya). Este déficit fiscal es considerado excesivo por la mayoría de la población catalana. Ahora bien, los pasos iniciados por el Gobierno de izquierdas de la Generalitat y aprobados por el Gobierno socialista español van en la dirección de corregir tal déficit. Pero lo que no citan los nacionalistas conservadores y liberales catalanes (ni tampoco citó el documental propagandístico que mostró la televisión pública TV3 a favor de la independencia de Catalunya) es que, incluso con la resolución del déficit fiscal, Catalunya todavía se gastaría en su Estado del bienestar mucho menos de lo que le correspondería por el nivel de desarrollo económico que tiene, lo cual requeriría la suma de 2.735 euros estandarizados per cápita más de los que se gasta en su Estado del bienestar (un euro estandarizado es la unidad monetaria utilizada para homologar el poder de compra de países de distinto nivel de vida en la eurozona). La corrección del déficit fiscal que Catalunya tiene con el Estado central significaría un crecimiento de 965 euros estandarizados per cápita en gastos sociales, pero aún faltarían 1.770 euros estandarizados más para que Catalunya se gastara lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Y la causa de que este dinero no se gaste es que ni el Estado central ni la Generalitat lo recaudan, debido al enorme poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña burguesía y clases medias de renta superior) existentes en Catalunya y su influencia sobre los gobiernos, tanto central como autonómico. Esto explica que no paguen los impuestos que sus homólogos en la UE-15 pagan. Lo mismo ocurre en el resto de España, donde el fraude fiscal alcanza dimensiones extraordinarias y son las rentas superiores las que practican más tal fraude. Según la propia Agencia Tributaria, un empresario en España y en Catalunya declara menor renta que un trabajador. Y esta es la mayor causa del subdesarrollo social de Catalunya y del resto de España, de la cual no se habla ni en Catalunya ni en España. El enorme dominio de tales clases sociales a los dos lados del Ebro explica que los nacionalismos conservadores y liberales centrales jacobinos y los periféricos (que se oponen en temas nacionales) sistemáticamente se alíen y apoyen políticas fiscales regresivas que benefician a las rentas altas a costa de las rentas medias y bajas de Catalunya y del resto de España. PÚBLICO. 24-6-2010 Opinión. La Vanguardia La agonía de la izquierda Fernando Ónega Antes, a la situación de un gobierno castigado por la izquierda y censurado por la derecha, le llamaban centrismo. Ahora le llaman soledad. Centrismo es, era, la ocupación de la centralidad política, donde se supone que está el equilibrio y la conexión con la mayoría social. Soledad no es estar solo. Es que te dejen solo. Y la soledad política es que haya quien disfrute viéndote solo; que haya partidos que se sienten contaminados por hacerse una foto a tu lado; que temen verse perjudicados en las urnas si alguien los presenta como salvadores de tu gobierno. Así está la fuerza política del señor Zapatero. Sus portavoces dirán, como siempre: no, cronista, no estamos solos; nos acompañan once millones de votantes. Sus entusiastas alabarán: y le respaldan Obama y los gobernantes europeos. Cierto. Pero aquí es la soledad. Votación a votación, o se pierde o se gana por la abstención de los demás. Las victorias se labran a base de pactos ocasionales y transacciones de coste desconocido. La geometría variable. El sobresalto permanente. La vida en un hilo. La incertidumbre en cada paso. Y así, hasta el juicio final de los presupuestos. Los socialistas tienen una fortuna: la ley de hierro de la disciplina. "Disciplina pura y dura", decía Felipe. Y les funcionó hasta que un sindicalista de biografía, Antonio Gutiérrez, miró los papeles de la gran reforma y se dijo: yo no puedo votar esto. Se plantó y se apuntó al ejército de la abstención. Y ahí asomó la tragedia de la izquierda: toda una vida de lucha por la seguridad en el empleo, por el mantenimiento de las conquistas, para que ahora se las lleve el viento de una crisis que lo arrasa todo, los viejos principios y las verdades que creían eternas. Con un complejo: se sienten obligados a hacer un trabajo sucio para eso que llamaban capitalismo. Con una angustia: le están limpiando el campo a su adversario, el Partido Popular, que será, cuando llegue, quien se beneficie de unas cuentas más saneadas y no tendrá que decretar el despido barato. ¿Desde cuántos escaños se habrá envidiado a Antonio Gutiérrez? No lo dudéis: desde más de uno; desde más de diez; quizá desde más de cien. Y vendrán más duras, eso es lo tremendo. Todavía habrá que meter mano en los subsidios. Todavía está pendiente la edad de jubilación. Todavía está intacto el Estado de bienestar, que es, en el fondo, el que se va a recortar. Y es natural que muchos socialistas, como el resto de la izquierda, miren los papeles y se digan: yo no voto esto. Lo votarán por disciplina. O por necesidad de sobrevivir, porque fuera del escaño no hay vida para ellos. Sólo les queda un consuelo: otros, como los conservadores del Reino Unido, suben más el IVA. Otros, como Alemania o Francia, hacen recortes más duros. Y son de derechas. Es que cuanto ocurre hoy no es ideología. Es el imperio de los mercados, que en tiempos de menos eufemismos se llamaba vil metal. LA VANGUARDIA. 24-6-2010 Opinión. El Mundo La banca no considera solvente a la Generalitat EL ENDURECIMIENTO del mercado del crédito puede pasar factura a las comunidades autónomas más endeudadas. EL MUNDO revela hoy que La Caixa no ha podido colocar el crédito sindicado de 1.000 millones de euros que le había encargado la Generalitat de Cataluña. Toda la banca extranjera, incluidos las mayores entidades del mundo, se han negado a participar. Por el contrario, hay bancos y cajas españolas que podrían suscribir hasta 450 millones de euros. La propia Caixa está dispuesta a aportar 200 millones y Caja Cataluña, que ha recibido una cuantiosa ayuda del Estado, también pondría otra importante suma. La negativa de la banca extranjera revela, en primer lugar, que existe un importante riesgo país que aconseja a esas entidades abstenerse de hacer negocios en España. En segundo, pone en evidencia las dudas sobre la solvencia financiera de la Generalitat. Y más allá de todo ello quedan patentes los problemas de financiación de algunas comunidades como Cataluña, que es todo un ejemplo de despilfarro, eso sí, siempre con la excusa de las causas identitarias. La Generalitat no logra que la banca le preste 1.000 millones C. Segovia La desconfianza en la solvencia futura de algunas comunidades autónomas cobra niveles muy inquietantes. La Generalitat de Cataluña ha pedido un crédito sindicado a la banca por valor de 1.000 millones de euros y sólo ha conseguido recabar por ahora un 35% de lo deseado, apenas 350 millones, según ha podido saber EL MUNDO. Ante la imposibilidad de colocar deuda actualmente en los mercados financieros a precios razonables, la Generalitat ha contratado a La Caixa para que dirija un crédito sindicado que dé un balón de oxígeno a las maltrechas cuentas catalanas. El tripartito afronta además elecciones autonómicas este año y está encontrando problemas para afrontar la multiplicidad de gastos de sus servicios públicos. La Generalitat ofrece una remuneración de euribor más 200 puntos básicos que es, teóricamente, atractivo ante la solvencia que se espera de una institución pública de su envergadura. Pero el plazo concluye la semana próxima con un negro panorama. La Caixa ha intentado emplearse a fondo y ha llegado a contactar con 50 entidades de todo el mundo. Ésa es la cifra que ha transmitido en sus contactos con otros bancos, pero un portavoz oficial de la caja catalana declinó hacer comentarios a este diario. El resultado del sondeo es deprimente para el Gobierno de Cataluña. De momento, sólo la propia Caixa ha comprometido 200 millones y otras entidades catalanas, como el grupo de cajas fusionadas que lidera Caixa Catalunya, y también Caixa Penedès han mostrado interés firme en participar con hasta 150 millones adicionales. La caja que preside Isidro Fainé -la más solvente actualmente de España- se lo puede permitir, pero sorprenden las otras. Se da la circunstancia de que Caixa Catalunya, que preside el socialista Narcís Serra, ha pedido 1.200 millones de euros al Estado para sanear sus propias cuentas. También Caixa Penedès ha acudido a la ventanilla del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el mecanismo público de rescate. La Generalitat tiene la posibilidad de recabar más de 100 millones adicionales y alcanzar los 450 si una decena de entidades españolas, encabezadas por el Banco Santander, confirman su participación. De momento, las cajas gallegas muestran especial interés, mientras que tanto el banco cántabro como Banesto o Caja Madrid se han limitado a asegurar que la propuesta catalana «está en estudio» y que tienen que evaluar si supera los niveles de riesgo contraídos con esa comunidad autónoma. El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, está manteniendo una política de gestos hacia Cataluña desde que accedió al cargo, pero aún no ha dado un sí definitivo a contribuir al crédito. El mayor drama para las autoridades catalanas -en todo un aviso para otras autonomías- es el nulo apetito internacional por contribuir al crédito. De una larga lista de entidades contactadas como Citicorp, HSBC, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, BNP, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas o Deutsche Bank, ni una sola ha mostrado interés alguno en aportar siquiera algunos millones de euros al crédito sindicado para una de las comunidades autónomas más poderosas de España. Algunas de ellas ni siquiera han pedido un mayor tipo de interés. «Es que tenemos el riesgo con España ya demasiado cubierto», afirman en una entidad estadounidense. «No hemos aceptado, porque la remuneración era insuficiente», afirman en otra entidad británica. El crédito sindicato era la alternativa perseguida por el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el consejero de Hacienda, Antoni Castells, ante la imposibilidad de emitir bonos en el mercado a precios razonables. «Es imposible emitir ahora deuda y viene bien contar con financiación, pero no hay peligro en nuestra capacidad de devolver deuda, tenemos un calendario de vencimientos muy cómodo», explicó a este diario un alto cargo del Gobierno catalán. Standard & Poor’s rebajó el pasado mayo la calificación crediticia a largo plazo de Cataluña del nivel AA- al nivel A+ (muy por debajo del rating de España) y reiteró que la perspectiva económica es «negativa» por el peso de su deuda y el deterioro de sus cuentas. EL MUNDO. 24-6-2010