Cargando...Se ha dicho ahora del corrupto Correa. Ni la policía ni los jueces han logrado averiguar la cantidad de lo robado por su complejo y corrupto entramado empresarial. Y, aunque llegara a saberse, el dinero nunca se recuperará. Pero se puede decir de todos los casos importantes de tramas corruptas. Tramas que aprovechan los paraísos fiscales existentes en Europa y en el resto del mundo para almacenar y guardar su botín. Hay que aumentar la dureza en el castigo de la corrupción. Hay que usar todos los instrumentos legales para que devuelvan lo robado.
En el caso Gürtel, or ejemplo, el juez encargado de la instrucción ha constatado el fracaso en conseguir la colaboración de las autoridades de los paraísos fiscales en suministrar la información de los movimientos monetarios y, aún menos, a devolver el dinero robado. Por un lado, hay que localizar dónde está el dinero. Los paraísos fiscales están en Estados Unidos y en Europa. En la lista española figuren ocho países europeos: Andorra, Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, islas de Jersey y Guernesey, isla de Man, Chipre, Luxemburgo y Suiza. Además, están Panamá, las Islas Vírgenes, las Antillas Holandesas o las Islas Caimán, entre otros. Por otro lado, conseguir que las autoridades de esos países y territorios colaboren para recuperar lo robado por la trama corrupta. Supuestamente, España encabeza la lucha contra los paraísos fiscales, territorios donde se oculta una cantidad que supera el billón de euros. Pero ni siquiera existe una estimación de las cantidades robadas como en Estados Unidos, Alemania y Francia (75.000 millones de euros, 30.000 millones y 20.000 millones de euros, respectivamente). No hay datos. Eso sí. Hay otros datos. Los dos grandes grupos bancarios españoles, Santander y BBVA, disponen de multitud de sucursales en los paraísos fiscales, así como más del 50% de las empresas del Ibex 35. Como ha afirmado Francisco de la Torre, portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la clave estaría en la supervisión y en la punición; y critica la levedad con la que España castiga los fraudes al fisco, llegando a no haber ni siquiera embargos; así como la nueva legislación promovida por el Gobierno que elimina los impuestos sobre los intereses de la deuda a los residentes en paraísos fiscales, y permite mantener el anonimato. Hace falta una ley específica que trate a la corrupción y a los corruptos como uno de los más graves delitos penales, puesto que atenta contra el patrimonio público, el dinero que es de todos.De la misma forma que existe una acusada sensibilidad social contra delitos especialmente repugnantes como el maltrato a las mujeres o los abusos sexuales a menores y se han reforzado las leyes, los tribunales y los castigos contra este tipo de delitos, debe procederse exactamente igual contra la corrupción y los corruptos. Ya existe en nuestro ordenamiento jurídico la capacidad y la posibilidad de dar a la corrupción el tratamiento que se da a otras formas del crimen organizado. Deben ampliarse los años de cárcel por los delitos de corrupción, los condenados deben responder con su patrimonio de devolver hasta el último euro de lo robado. Las responsabilidades, si no penales sí al menos políticas y administrativas, deben extenderse a aquellos organismos encargados de fiscalizar las cuentas de los organismos e instituciones donde han anidado tramas de corrupción y no lo hicieron.