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Si la justicia se moviera por la «alarma social» estaría preocupada por aplicar la máxima severidad contra los corruptos y perseguir los flagrantes abusos de la banca. Pero la realidad es que el Tribunal Supremo enmienda la plana a varios jueces para evitar que Jaume Matas ingrese en prisión, o para archivar el caso contra José Blanco, dos ex ministros del PP y el PSOE. O denuncia al magistrado que se atrevió a encarcelar a Miguel Blesa, el ex presidente de Caja Madrid. ¿Es que las élites del bipartidismo y la gran banca son «intocables»?
La noticia de que el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, es también militante del PP ha provocado un sonoro escándalo.
Pero esta es sólo la superficie del problema. La gangrena no viene sólo, ni principalmente, determinada por “la ocupación de la justicia por parte de la derecha”. «¿Es que las élites del bipartidismo y la gran banca son “intocables”?»
El asunto es bastante más grave. Y tres de las últimas decisiones de los más altos organismos judiciales así lo demuestran.
La Audiencia de Palma había condenado a Jaume Matas –ex ministro y ex presidente balear- a seis años de prisión por seis delitos diferentes, a raíz del “amaño” de un concurso público a favor de su amigo Antonio Alemany.
Pues bien, el Tribunal Supremo ha revisado la sentencia, liquidando cinco de los seis delitos, y reduciendo la pena de seis años a nueve meses… Justamente lo necesario para evitar que Matas ingrese en prisión.
Lo sorprendente es que el Supremo ha aceptado los hechos… pero no los considera delitos.
Paralelamente, el Supremo también ha “echado un capote” a José Blanco, ex ministro socialista. El juez del Caso Campeón solicitaba que se juzgara a Blanco por tráfico de influencias, por las “gestiones” para que el empresario José Antonio Orozco obtuviera una licencia pública en un ayuntamiento catalán gobernado por el PSC.
El Tribunal Supremo ha desautorizado al juez instructor para archivar el caso y liberar a José Blanco.
Existen grabaciones telefónicas donde Orozco pedía a Blanco que intermediara a su favor, facilitándole una entrevista con el alcalde catalán, dado que los informes municipales le perjudicaban.
Pero, como en el caso de Matas, el Supremo ha considerado que Blanco “sólo gestionó la entrevista”… y eso tampoco es delito.
Y todavía hay más. El magistrado José Elpidio Silva decretó prisión incondicional sin fianza contra Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, por la concesión irregular de un crédito a Gerardo Díaz Ferrán y por el turbio trasfondo de la compra del City National de Florida.
Inmediatamente se activó un mecanismo… para proteger al banquero acusado y atacar al juez que lo investigaba.
La fiscalía presentó una denuncia contra el magistrado, la Audiencia Nacional decretó la nulidad de la detención, y el Tribunal Superior de Madrid ahora acusa al juez de prevaricación y retardo malicioso, suspendiéndolo durante 4 meses.
Lo que se dibuja es un pacto judicial soterrado entre PP y PSOE para esconder los casos de corrupción más sangrantes que afecten a las cúpulas del bipartidismo.
Sellado con la reforma del Consejo General del Poder Judicial impulsada por Gallardón, donde todos los vocales serán elegidos por el parlamento. El CGPJ nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, que luego tiene la última palabra en los casos donde hay aforados.
Por eso el PSOE ha mantenido un “discreto silencio”, sin levantar la voz para denunciar la escandalosa reforma de Galladón.
El pacto para proteger al bipartidismo contaría con la Corona como garante. Y se completaría con el blindaje judicial para la oligarquía. Lo que le ha pasado al juez del caso Blesa es un “aviso” de que ningún magistrado puede superar los límites que impiden acusar, y mucho menos encarcelar, a un banquero.
Es lo que algunos comentaristas han llamado la “Operación Tijera”. La misma tijera que a nosotros nos recorta los sueldos, la educación, la sanidad, las pensiones… es la que les protege a ellos.