Con crisis, más cárcel para los corruptos

Hay crisis, pero a ellos no les afecta. El cuñado del presidente del Govern, Jaume Matas, y gerente del PP de Baleares, compartió una sociedad de inversión hasta hace un año con el empresario que presuntamente sobornó al alcalde de Andratx y al celador municipal. Fernando Areal Montesinos ocupó el puesto de administrador en una sociedad que pagó 369.424 euros a la esposa del celador municipal del Ayuntamiento de Andratx a cambio del 33% de la constructora que compartí­a con el alcalde. Nadie comprendió, hace unos meses, la entrada de 42 nuevos cargos eventuales en el equipo de gobierno de Juan Carlos Usero, del PSOE, presidente de la Diputación de Almerí­a. Los hombres de confianza del presidente reconocieron que no hací­an prácticamente nada. Lo suyo era una forma de conseguir dinero público, pero trabajaban para el partido.

Ante la crisis, el Estado debería, como unto de partida, fijar un drástico plan deahorro nacional que empiece por el mismo Estado.Desde la Administración central a las ComunidadesAutonómicas y los Municipios.Las administraciones, central, autonómica ylocal, se han convertido en un agujero negro deendeudamiento, clientelismo político y despilfarro. Basta recordar que en losúltimos diez años la deuda de las Comunidades Autónomas aumentó un 173%, un 71%la de los Ayuntamientos y otro 53% la del Estado. Hay que empezar sin ninguna dilación y cortar radicalmente el despilfarro, los gastos suntuosose innecesarios, y todos los mecanismosencubiertos (contratación de “asesores”,“informes” ficticios, comisiones…). Se trata de sancionar económicamente y de castigar con penas de cárcel los casos de corrupción.La Fiscalíainvestiga los 32 millones de euros gastados porla Generalitat de Cataluña en 1.583 informes,inútiles o ficticios, adjudicados a dedo a ex diputados,antiguos cargos y familiares del tripartito.La Junta de Andalucía ha destinado 60 millonesde euros a rehabilitar lasede del presidente Chaves. El Ayuntamiento deMadrid se gasta 458 millones de eurosen el Palacio de Cibeles. En una situación de crisis aguda, se deben elevar las penas de cárcel y las sanciones económicas a quien malverse o robe el dinero público. Si el Tribunal Supremo ha elevado las penas a pederastas y terroristas, ¿por qué no ser más contundentes también con el que roba el pan de todos?