Estos días se han producido unas declaraciones de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular (PP) sobre la demanda creciente entre la ciudadanía de que el Estado recupere algunas competencias que fueron transferidas a las comunidades autónomas. Rajoy ha calificado la propuesta de imposible e insensata. Ha criticado a UPyD, sin nombrarlo, de «actuar irresponsablemente». Pero realmente la disgregación de ciertas competencias básicas está teniendo serias consecuencias para la mayoría de la población española. Esto es lo que debe importar. Y no los intereses de las castas burocráticas regionales y los beneficios de las empresas monopolistas.
¿Acaso no es irresonsable que, como la crisis y el déficit público han sacado a la luz, la existencia de 17 sistemas sanitarios públicos dentro de España haya dividido las compras de medicamentos y haya debilitado la fuerza en la negociación con los grandes monopolios farmacéuticos, beneficiándoles, y haya encarecido, por tanto, su precio? Igual de perjudicial es, en la sanidad pública, la duplicación innecesaria de servicios y la descoordinación organizativa de especializaciones, la dificultad de movilidad nacional del personal, etc. La descentralización de competencias es buena o mala dependiendo de si mejora el servicio que presta a la mayoría de la ciudadanía española. Hay que analizarlo. Y el resultado en áreas básicas ha sido claramente desastroso. Lo insensato e irresponsable es mantener esta situación competencial. Salvo para las castas burocráticas regionales y las grandes empresas monopolistas. Es en lo que Rajoy está pensando cuando dice que es imposible devolver competencias al Estado. No hay cosa más imposible que lo que no se quiere hacer. Pero Rajoy vive preso de su “esquizofrenia”, ser el presidente de un partido nacional que “respeta las competencias” de sus barones regionales. No quiere que se impida aprender en castellano en ningún lugar de España pero en sus “comunidades” no se cumple. La funesta ruptura de la unidad del sistema educativo español es un ejemplo de la necesidad de que la competencia vuelva al Estado para que la igualdad de los ciudadanos no siga destrozándose. A ello se debe el apoyo creciente a las demandas de devolución de competencias al Estado. Y el ataque inconfeso e inconfesado de Rajoy a la alternativa política de UPyD, de devolver ciertas competencias autonómicas de índole básica al Estado para garantizar la igualdad en toda España, refleja el miedo a perder las “competencias” que tienen las castas burocráticas regionales, y los beneficios que obtienen las grandes empresas monopolistas.