Competencia reclama que los salarios y las pensiones no suban con el IPC

A partir del próximo mes de enero, los precios de los servicios públicos ya no se vincularán a la evolución de la inflación sino a sus costes, según el anteproyecto de ley de desindexación aprobado en septiembre por el Gobierno. Ahora bien, y en contra de lo planteado desde diversos sectores, los salarios y las pensiones han quedado al margen de esa normativa. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entiende que esas rentas se salven de la aplicación de la norma, pero recomienda en todo caso que no suban de por sí con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

«La CNMC comprende y comparte los motivos jurídicos por los que el órgano proponente no incluye estos precios o rentas en el ámbito de aplicación del anteproyecto de ley. No obstante, la CNMC recomienda que el órgano proponente indique en la exposición de motivos que, de forma alineada con otras iniciativas del Gobierno, tampoco es económicamente recomendable en estos ámbitos, «per se», realizar indexaciones a índices generales», dice el organismo en un informe sobre el texto aprobado ya en Consejo de Ministros y ahora en trámite parlamentario.

En lugar de actualizar los salarios y las pensiones conforme a la evolución de los precios, Competencia propone, por ejemplo, ligarla a índices específicos y relevantes en cada sector económico o de la propia empresa, como ya se ha hecho en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014. «Esto facilitaría la competencia por la oferta de trabajo entre las distintas industrias y unidades de producción, conduciendo a una más eficiente asignación de recursos laborales y facilitando el incremento del bienestar general», alega el organismo de regulación y competencia, de reciente creación y presidido por José María Marín Quemada.

Ámbito de aplicación de la norma

Con la norma se creará un nuevo índice de referencia para actualizar los precios, que tendrá en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde 1999. Y en definitiva se ligarán los precios a los costes de los servicios. Ese referente se llamará Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), tendrá un techo del 2% y un suelo del 0% y servirá para revisar rentas, precios y otros conceptos del sector público, como los de transportes, energía, servicios postales, agua, telecomunicaciones, tasas, multas y contratos públicos en todas las administraciones públicas. En el sector privado también puede servir de referencia cuando no se haya pactado ningún otro referente en los contratos.

La CNMC recuerda en este sentido que desde el inicio de la crisis los precios regulados de los servicios públicos se han incrementado un 25%, dando lugar a pérdidas de poder adquisitivo de los consumidores y usuarios y pérdidas de competitividad de las empresas que utilizan estos bienes y servicios. La desindexación, dice, permitirá eliminar o mitigar los efectos negativos de la inflación y ayudará a una mejora de la competitividad vía precios de los agentes económicos.