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El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) es un servicio de atención esencial para centenares de miles de personas vulnerables en toda España. Atienden en su domicilio no solamente a ancianos, sino a personas con discapacidades físicas, psíquicas o cognitivas, familias en exclusión social, niños de madres con trillizos o personas que no tienen como llevar o recoger a sus hijos al colegio por problemas de discapacidad o de familias desestructuradas. En definitiva, un usuario del SAD puede ser todo aquel que no tenga los recursos para desenvolverse en su vida cotidiana con normalidad o con ayuda familiar suficiente.
Esta profesión centrada en los cuidados, altamente feminizada, se ve sometida cada vez a la precariedad, la temporalidad, y ataques continuos a sus condiciones de vida y trabajo. Por ello, como en el caso de las Kellys en hostelería, sus trabajadoras han comenzado a organizarse por todo el país y a llevar adelante movilizaciones en defensa de sus derechos laborales
Hablamos con Eva Pérez, trabajadora del SAD en Terrassa y delegada sindical de CGT:
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¿Por qué pedís que el SAD sea un servicio municipalizado, porque creéis que mejoraría el servicio?
El SAD en Terrassa empezó en el 1982 siendo un servicio municipal y en el año 2000 se convirtió en un modelo mixto, el ayuntamiento tiene la obligación de supervisar el servicio, pero su gestión es privada. Aquí en Terrassa son tres las empresas que lo gestionan: Accent Social de Florentino Pérez, Sacyr Social del Grupo Valoriza y OHL ingresan de Villar Mir. El servicio cubre a 1700 usuarios y hay 300 trabajadoras.
Lo primero es que es un servicio público y por lo tanto no entendemos como un servicio público puede estar gestionado por empresas privadas, porque lo primero es que los beneficios van a ser para esas empresas y no para los usuarios o las trabajadoras.
La calidad del servicio es lo primero que se resiente porque todo tiene que pasar por las empresas, las quejas de los usuarios no pasan por el Ayuntamiento, servicios sociales derivan directamente las quejas a las empresas al igual que con las activaciones del servicio, se supone que el ayuntamiento debe supervisar eso, pero en los hechos no es así.
Las contrataciones también las realiza la empresa y por lo tanto no tienen los mismos criterios de calidad que si fuera el ayuntamiento que tiene que mirar mucho más qué tipo de profesional contrata y si necesita dotarlo de mayor formación, no solo las trabajadoras, sino los técnicos que trabajan en las empresas, etc… Porque el ayuntamiento no se saltaría el convenio como si hacen las empresas. Además, las empresas no piensan en las necesidades de los usuarios, sino por las horas de trabajo que pueden disponer de las trabajadoras cambiándolas de horario y servicio a conveniencia de la empresa sin informar a los usuarios ni a las trabajadoras.
¿Entonces las empresas en lugar de estar pendientes de las necesidades de los usuarios están más pendientes de su beneficio?
Claro, las empresas lo que cobran es por las horas que fichamos. Ni avisan a los usuarios de que le cambian la trabajadora, ni a nosotras de qué tipo de usuario vas a atender, ni nada, además lo que ocurre aquí en Terrassa es que se están concentrando los servicios de siete de la mañana a dos de la tarde, para así contratarnos por tiempo parcial, pero si tenemos horas negativas porque no se ha podido atender a un usuario esas horas siempre hay que devolverlas por las tardes en los pocos servicios que hay y además no podemos ni tener conciliación familiar porque hay que estar disponibles, ni podemos buscar otro trabajo por las tardes por que el convenio obliga a recuperar esas horas y así estamos completamente atadas.
«En un modelo privatizado, todo se centra en el beneficio de la empresa, y no en los usuarios o las trabajadoras»
Si estuviera gestionado por el ayuntamiento el usuario tendría más libertad para pedir otro horario porque también el servicio es por copago no es 100% gratuito y así el usuario también tiene capacidad de decisión y también las trabajadoras podrían orientar mejor los horarios a lo largo del día y poder dedicar más tiempo.
Otra de las reivindicaciones que planteáis es el reconocimiento de las enfermedades laborales, ¿Cómo es posible que no estén reconocidas lesiones producidas en el trabajo?
En el convenio no están reconocidas, en primer lugar porque no hay una valoración de riesgo laboral y está hecho en función de beneficiar a las empresas, y no a las trabajadoras. El trabajo es muy forzoso, los domicilios no están adaptados y aunque haya grúas, los movimientos de transferencia de usuarios repetitivos acaban generando lesiones.
Pero las mutuas laborales no lo reconocen. Si eres joven, te dicen que te lo has hecho haciendo deporte y “que tienes que vigílarte para no lesionarse más”. O si eres mayor pues te dicen que es el desgaste de la edad y que la lesión no se ha producido por el trabajo. Cuando por ejemplo en residencias esas lesiones no se producen, porque trabajan siempre dos personas en las transferencias.
Nosotras trabajamos solas y cuando ya por pesadez de quejarnos mandan a un técnico a revisar el caso, el técnico es de la empresa y allí reconocen que deben ir dos cuando sale la resolución de la empresa dicen que no que tienen que hacer un curso de transferencias. Eso le dijeron a una compañera con 15 años ejerciendo. Las grúas no se mueven solas, por muchos cursos que hagas y los usuarios encamados tampoco se mueven solos. Y luego las bajas laborales siempre son siempre por “enfermedad común”.
¿También estáis denunciando que el proyecto ILLES no es una solución?
Es un modelo de origen holandés aplicado en Barcelona por Ada Colau, y nos dicen que es un proyecto de autogestión, pero yo lo llamaría más bien de autoexplotación.
Sobre el papel, lo que se busca con este proyecto es que sea la trabajadora la que organice el trabajo, lo cual en principio parece algo bueno, si nosotras recibiéramos algo de beneficio del trabajo que vamos a hacer, pero las trabajadoras tienen que estar disponibles 24 horas. Por ejemplo, escogen 8 trabajadoras para cubrir todos los usuarios de esa manzana, entre ellas tienen que hacer toda la planificación: Vacaciones, bajas, etc.
Pero entonces, si tres de esas ocho trabajadoras se dan de baja ¿qué haces?, ¿acompañas a dos usuarios a la vez porque no te dan las horas? Desaparece también la gestora del servicio de los usuarios que llaman para hacer cambios en las visitas por los motivos que sean. Y entonces somos las trabajadoras las que lo tenemos que hacer todo, y por lo tanto alguien que está las 24h pendiente del teléfono, y de luego llamar a las demás para los cambios de planificación. Incluso fin de semana porque ya el lunes tiene que estar todo arreglado y los usuarios informados de los cambios.
«Nos dicen que el proyecto ILLES es un proyecto de autogestión… pero yo lo llamaría más bien de autoexplotación»
El proyecto también incumple el convenio porque una trabajadora puede estar hasta 12 horas trabajando cuando el convenio fija un máximo de 7. Pero como saben que es una explotación se acogen a que el trabajador lo ha cogido libremente, pero luego ya no puede salir porque les dicen que no hay otros servicios. Lo que ocurre en Barcelona es que hay muchas compañeras con depresión.
¿El Presupuesto que dedica el Ayuntamiento a pagar a estas empresas a cuánto asciende? ¿Sería menor si lo hiciera el propio Ayuntamiento?
Hemos conseguido un informe de la no viabilidad del servicio gracias también a la Síndica de Greuges [equivalente a la Defensora del Pueblo] de Terrassa. Nos entregaron este informe hace unos meses y la licitación es de ocho millones de euros, no sabemos cuánto era cuando era municipal, pero estamos elaborando un contrainforme para demostrar que gasta más así. Por ejemplo, si fuera municipal se ahorrarían el IVA de entrada, pero estamos convencidas de que se ahorraría más. Además de que habría menos quejas de los usuarios y podríamos recuperar servicios como el RESPIR para ayudar a familias que están cuidando de un familiar y que puedan descansar uno o dos meses para reponerse.