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La desescalada nos obliga a tomar decisiones en aspectos especialmente sensibles sin manual y sin experiencias previas en que apoyarse. Uno de esos terrenos es el de la educación. Afecta en primer lugar a los niños, a su salud y a su derecho a recibir educación. Pero también a los padres, en unas condiciones donde la conciliación enfrenta serias dificultades. Y a la contención sanitaria, dado el carácter de los niños como “transmisores” del virus.
Especialmente delicada es la decisión a tomar respecto a si los niños de edades hasta los seis años deben poder reincorporarse a clase a finales de mayo. Existen diferentes posiciones, y la resolución final debe adoptarse desde el consenso, escuchando a todas las partes. Colocando en primer lugar la opinión de las autoridades sanitarias, pero dando respuesta a todas las legítimas demandas de los diferentes sectores.
La propuesta del gobierno y la reacción de las autonomías
El debate sobre cómo afrontar la “vuelta al cole” antes de que dispongamos de una vacuna, y con el peligro de un rebrote de la pandemia, está abierto: ¿cómo garantizar la “distancia social” en las aulas?, ¿qué medidas sanitarias se deben adoptar para proteger a alumnos y profesores?, etc.
Hay tiempo -tampoco demasiado, y conviene resolverlo cuanto antes- para que el próximo curso pueda abrirse en septiembre con claridad sobre qué hay que hacer, y medios adecuados para llevarlo a cabo.
Pero hay cuestiones sensibles que están ya encima de la mesa.
El plan de desescalada presentado por el gobierno permite que en la fase 2 -a la que se llegará como pronto el 25 de mayo, y según provincias o áreas sanitarias- puedan acudir a clases presenciales los alumnos que cursan 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y FP, así como los que tienen necesidades especiales. Y especialmente contempla que puedan abrirse las escuelas infantiles para niños de hasta 6 años, para favorecer a aquellos padres que no puedan teletrabajar y afronten problemas de conciliación laboral, una situación en la que se encuentran muchas familias.
Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias educativas, se han mostrado reacias a abrir las escuelas infantiles alegando que no creen posible mantener las medidas de seguridad en niños de corta edad.
Este es un problema que afecta a casi dos millones de familias. Hasta 1,2 millones de niños de tres a seis años están escolarizados, a los que debemos añadir casi medio millón del primer ciclo, de cero a tres años.
Lo que opina la comunidad educativa
¿Qué opinan los profesores, aquellos que conocen de primera mano la situación de las escuelas?
Vicent Mañes, presidente de la federación de directores de infantil y primaria Fedeip, considera que “la vuelta solo podría hacerse si existen medidas de seguridad. Y cumplirlas antes de que acabe el curso parece inviable”.
Mientras que Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación de Directivos de Secundaria Fedadi, afirma que “la vuelta en mayo es prematura (…) nos preocupa que se den las garantías para realizar la actividad sin poner en riesgo la salud de nadie”.
Los sindicatos de profesores coinciden, con algunos matices entre ellos, en dejar para septiembre la vuelta a las aulas, alegando que no creen que vaya a poder garantizarse la seguridad.
Pero conviene recordar como las asociaciones de familias de la escuela pública son en su mayoría partidarias de la vuelta a las aulas siempre y cuando, claro está, se adopten medidas que garanticen un alto nivel de seguridad. Evidenciando como los problemas de conciliación -en los que el gobierno basa su decisión- existen, especialmente entre las clases más populares, y deben ser tenidos en cuenta.
Lo que dicen los médicos
La opinión de los especialistas sanitarios debería ser, también aquí, la voz más autorizada desde donde abordar la desescalada.
Y la Asociación Española de Pediatría se ha pronunciado a través de un informe. Aunque contradice algunas de las decisiones anunciadas por el gobierno, conviene recordar que fue encargado por el Ministerio de Sanidad y finalizado antes de que se presentara el plan de desescalada, que no pudo recoger sus recomendaciones.
El informe de los pediatras, entre los que figuran también muchos epidemiólogos, recuerda que la Organización Mundial de la Salud ha alertado del riesgo que implica precipitarse. Y que existen riesgos no solo para la salud de los propios niños: “hay que ser muy cuidadosos con la vuelta al cole, no tenemos información clara respecto a lo contagiosos que son los niños, hasta no tenerla debemos actuar como si lo fueran”.
Los pediatras consideran que Infantil debe ser la última etapa en volver a las aulas. Puesto que “por la necesidad de contacto físico estrecho entre el profesor-cuidador y los niños, este grupo de edad es el de mayor nivel de riesgo de cara a un posible contagio o transmisión del coronavirus”.
Reclaman un ratio de alumnos que “limite los grupos a un cuidador por cada cinco niños y clase”.
E insisten en que no será posible una “vuelta al cole” ordenada si no existe previamente un plan de conciliación para las familias, que exige dedicar recursos económicos, para proporcionar un cuidador a aquellos padres que deban trabajar y que sus hijos permanezcan en casa.
La salud es lo primero, y debe primar en la ordenación de la desescalada. Pero los propios pediatras confirman que una “vuelta al cole” segura exige destinar más inversión a la educación pública -con más profesores y mejores medios-, y un apoyo material para las familias trabajadoras.