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Colombia: paro agrario y popular

Los Tratados de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, Holanda y la Unión Europea han arrasado con el campo colombiano. A lo largo de 2013 diferentes sectores agrícolas se han levantado y ocupado las carreteras del país: caficultores, paperos, arroceros, cañeros, cebolleros, productores de leche y tomate, camioneros y mineros artesanales.

Ante las negativas reiteradas del actual gobierno en dar soluciones reales a los problemas por los que atraviesa el campo colombiano, las organizaciones agrarias se asociaron a nivel municipal, departamental y nacional bajo la Mesa de Interlocución Agraria Nacional (MIA), la cual convocó al Paro Nacional Agrario y Popular indefinido a partir del 19 de agosto, exigiendo al gobierno, mediante un pliego de peticiones, una reforma agraria estructural con perspectiva territorial e intercultural que tenga en cuenta una política agraria coherente que dignifique la calidad de vida de la población campesina, indígena, afrocolombiana y urbana; la participación efectiva de las comunidades, los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera; inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías; reducción en los precios de insumos como fertilizantes, plaguicidas, insecticidas y abonos; reducción de los precios de combustibles y peajes; sustitución gradual de cultivos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola por proyectos productivos; la no privatización de las semillas; la no entrega de territorios a trasnacionales; suspensión de la importación de alimentos que se cultivan en Colombia; y condonar las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero.

Los escenarios de la guerra colombiana son sus campos, en donde ha reinado la desigualdad, la injusticia y la barbarie. El problema central: la concentración de la tierra en pocas manos. El 67% de la tierra está en manos del 4% de la población. Los diferentes gobiernos no se han interesado por desarrollar programas acordes con las necesidades de la gente, a lo que se iría sumando, año tras año, las políticas neoliberales que han producido más pobreza con la privatización de empresas nacionales, la salud y el cada vez más fuerte intento de proyectarse sobre la educación.

Si bien la apertura económica dio inicio fuertemente durante el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), fue durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Juan Manuel Santos que la situación empeoró. La geografía del país ha sido emplazada en las lógicas de las transnacionales que se apropian de los recursos naturales presentes en las distintas zonas, en donde trabajan muchas de las veces con grupos paramilitares para desterrar a sus pobladores legítimos.

El Paro nacional Agrario y Popular.

El Paro Nacional Agrario y Popular se ha convertido en un acontecimiento histórico para Colombia, pues logró unir a los diferentes sectores afectados y mantenerlos en las carreteras del país durante 21 días pese al miedo de la población ante la represión estatal, y, además, logró la solidaridad extendida a lo largo y ancho del país de otros sectores, en especial de los jóvenes, quienes indignados ante la represión por parte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) y el invariable silencio de los medios de comunicación privados que manejan la información en el país, se encargaron de hacer circular por las redes sociales los vídeos que muestran el exceso desmedido de fuerza: mientras los manifestantes permanecían en las vías de manera pacífica, el ESMAD utilizaba bombas aturdidoras, gomas, gases lacrimógenos, tanques de agua y balas para intimidar y amenazar a la población. Igualmente, rompió vidrios de casas y entró a viviendas para golpear y reprimir.

Desde el inicio del paro la indignación se manifestó. Comentarios de rabia, impotencia y dolor rondaban las redes sociales, a lo que se iba a sumar el anuncio de Juan Manuel Santos del domingo 25 de agosto que “el tal paro nacional no existe”. Esa misma noche, por las redes sociales se organizó el cacerolazo nacional en apoyo al paro nacional y en contra de la represión estatal a los manifestantes. Desde entonces se han organizado cacerolazos en las principales ciudades, así como en ciudades como Argentina, Costa Rica, México, Australia, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Uruguay y Chile, en donde la población colombiana ha organizado distintas actividades en apoyo al paro y solidaridad con los campesinos. Una de sus consignas “Colombianos en el extranjero apoyamos el Paro Campesino en Colombia y pedimos justicia por la brutalidad y abuso de autoridad de las fuerzas policiales”.

El jueves 29 se sumaron al paro los estudiantes de la Mesa Amplia Estudiantil Nacional (MANE) para exigir al gobierno ampliar el derecho a le educación, gratuidad y calidad para todos. La respuesta fue, como se había hecho días previos en otras zonas de Colombia, la militarización de Bogotá con 50.000 hombres.

Mientras el 8 de septiembre, por fin el gobierno decidió reunirse con los voceros de la MIA. Tras dos horas de discusión a puerta cerrada entre los voceros de la MIA y el Vicepresidente de la República Angelino Garzón, se llegó al acuerdo de desbloquear las vías y carreteras del país para dar inicio al diálogo y la negociación sobre el pliego nacional de exigencias. Lo que no significa, sostiene la MIA, el fin del proceso de movilización por parte de las comunidades.

Lamentable saldo.

Tras los 21 días de paro, la MIA ha señalado 660 casos de violaciones a los derechos humanos, 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país; 52 hostigamientos y amenazas; 262 detenciones arbitrarias; 485 heridos –de los cuales 21 fueron heridos con arma de fuego-; 12 campesinos heridos; 12 muertos y 4 desaparecidos.

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