Diferentes sectores de la sociedad colombiana, así como organismos internacionales han reclamado a las autoridades colombianas, serias investigaciones para dar con los responsables de los crímenes contra el movimiento obrero y desterrar la cadena de impunidad característica de los asesinatos de sindicales en el país.
Favio Arias, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia denunció que los crímenes contra la clase obrera no han cesado en el aís, tras confirmar que en el 2009 se han registrado 17 asesinatos de sindicalistas.Expresó que detrás de esos crímenes se encuentran grupos armados ilegales con estrechos vínculos con el gobierno.Dijo que tales asesinatos ponen en tela de juicio las afirmaciones de la actual administración del presidente Álvaro Uribe en torno a que está progresando la situación de violencia, crímenes y estigmatización del movimiento sindical.Señaló que el Ejecutivo se cuida mucho de aparecer como el actor intelectual de dichos atropellos y violaciones.Mostró indignación por la recurrencia de los asesinatos de líderes sindicales, pues manifestó que son seres que sólo luchan a favor de los derechos fundamentales de los trabajadores.Denunció que la represión al movimiento sindical es permanente y sin tregua.El vocero de la CUT colombiana, Favio Arias, manifestó que la demanda de los trabajadores es un cese a las persecuciones y a los hostigamientos que son sometidos, además de la aplicación de políticas gubernamentales efectivas de empleo.También exigen, entre otros aspectos, una revisión del salario, así como velar por el respeto a los trabajadores, consagrados en el derecho internacional.Colombia ostenta el triste record de ser el estado con mayor número de asesinatos de sindicalistas: 3 de cada 5 asesinatos de este tipo que se cometen en todo el mundo, se llevan a cabo en este país. Aunque la mayoría de estos crímenes quedan impunes, es comúnmente aceptado que detrás de ellos se encuentran los grupos paramilitares de extrema derecha. Estos «escuadrones de la muerte», que surgieron en la década de los 80 financiados por los finqueros (grandes propietarios), continúan justificando los asesinatos de civiles como parte de su lucha contra la guerrilla, cuando, en realidad, responden a otros intereses más lucrativos.Entre los beneficiarios de su actividad criminal aparecen ahora la Oligarquía Colombiana y los intereses de las multinacionales, con la creación de las llamadas» Zonas Francas», grandes extensiones industriales en teoría libres de impuestos, pero también de sindicatos.Durante un viaje a Colombia, plasmado en un reportaje en el diario francés Le Monde, el filósofo y periodista, Bernard-Henri Lévy preguntó al líder paramilitar Carlos Castaño sobre el motivo de los asesinatos de sindicalistas. í‰ste le contestó: «Los sindicalistas impiden trabajar a la gente. Por eso les matamos.»Los asesinatos de sindicalistas y los turbios intereses que los motivan, tienden a pasar inadvertidos en medio de la violencia de un conflicto que genera una media superior a los 15.000 muertos anuales. Rara vez los asesinados son conocidos por su nombre; los más son simplemente una cifra a sumar a larga lista de sindicalistas asesinados a lo largo del año.El Plan Colombia, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contrainsurgente, esconden el sangriento y oscuro objetivo de acabar con los movimientos sociales y sindicatos en Colombia. La historia nos muestra que el modelo de «la guerra contra el narcotráfico» tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía.El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia. Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.