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Si las cortes ecuatorianas se pronuncian en contra de Chevron y en favor de las comunidades del Amazonía demandantes significará un antes y un después en el tratamiento de la presencia de las multinacionales en los países del Tercer Mundo. Chevron ha puesto todo su empeño en evitarlo. Álvaro Galindo es Director de Patrocino Internacional de la Procuraduría General del Estado.
¿Cuál es el origen de la demanda resentada contra Chevron? Es una demanda presentada por unas comunidades de la Amazonía ecuatoriana en contra de Texaco originalmente. Texaco fue la operadora de una explotación hidrocarburífera en el Ecuador desde el año 65 hasta el año 92. Y como tal era la responsable de la operación. Texaco tenía como socia del consorcio a Gulf, una compañía americana también. En los años 70 el Estado ecuatoriano creó su propia compañía petrolera, que en los años 90 se convirtió en Petroecuador. Cuando las comunidades demandaron en el 93 a la compañía en EEUU, paralelamente Texaco estaba negociando en Ecuador su salida del país. En el año 94, se firma un documento llamado Memorando de Entendimiento (MOU), el cual no incluyó una frase que originalmente se había discutido en la cual se liberaba a la compañía de responsabilidades frente al Estado y frente a terceros. Luego de varias discusiones, inclusive con la intervención de organizaciones de protección del medio ambiente, se eliminó cualquier referencia a liberación de responsabilidades frente a terceros. Por lo tanto, fue claro en ese momento que la compañía no quedaba liberada de obligaciones extracontractuales frente a terceros, como era el caso de las comunidades del oriente ecuatoriano, juicio que seguía su marcha en las cortes americanas. Si usted se fija en la cronología, es claro que ya en el 95 y el 98 se conocía la demanda presentada por las comunidades indígenas del Ecuador y era claro tanto para el Estado como para la compañía que Ecuador no tenía capacidad jurídica para liberar a Texaco de esa responsabilidad. En el transcurso del caso, Chevron consiguió trasladar el juicio de los juzgados americanos a Ecuador, y ahora no están satisfechos y pretender llevarlo a un tribunal internacional, ¿por qué? La compañía, desde el año 1993 hasta el año 2002 defendió la posición jurídica ante las cortes federales de los EEUU de que el caso tenía que ser enviado a los tribunales ecuatorianos. Para convencer a esas cortes de su argumento, Texaco presentó declaraciones de juristas ecuatorianos que aseguraron que las cortes ecuatorianas eran idóneas para conocer ese mismo reclamo. Esa fue la tesis que finalmente triunfó, en desmedro de la posición jurídica de las comunidades indígenas que buscaban justicia a sus reclamos ante esas cortes. Ahora, ChevronTexaco afirma que las cortes del Ecuador no son idóneas porque han sufrido una crisis institucional desde el 2004, y por lo tanto no son independientes y están controladas por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Que sus cálculos durante una década se basaron en que los demandantes no iban a presentar su reclamo ante las cortes ecuatorianas. Cuando cambia ese escenario la compañía le pide al Procurador General del Estado, en el 2004, que notifique a la corte de Lago Agrio, donde se había presentado la demanda, que intervenga para decir que en las actas del 95 y el 98 el Estado había liberado a la compañía de esas responsabilidades. El Procurador de esa época no acogió ese pedido. Y es entonces cuando la compañía cambia su estrategia que era la de desligitimar la demanda de las comunidades indígenas ecuatorianas y decide atacar globalmente y en diferentes foros al Estado ecuatoriano, bajo la premisa de trasladar a Ecuador y a su compañía petrolera la responsabilidad de la posible contingencia que pueda surgir de una decisión adversa para ChevronTexaco. Texaco fue la única operadora; la petrolera estatal se convirtió en socia mayoritaria de ese consorcio a mediados de los años 70, con una participación del 62.5%. Pero la operadora fue siempre Texaco. Es por eso que en el año 2004, con el cambio de estrategia de Chevron, intenta invocar una cláusula de arbitraje que existía en el convenio del consorcio original, con sede en EEUU. Al convertirse la petrolera estatal en socio mayoritario, Chevron alegaba que estaba obligada bajo esa cláusula arbitral. La posición del Ecuador fue ir a las cortes de EEUU, bajo la ley de arbitraje federal, y pedir a esas cortes que suspendieran el arbitraje iniciado por la compañía, en vista de que el Ecuador ni Petroecuador habían expresado su consentimiento a ese arbitraje. Uno de los fundamentos jurídicos del arbitraje es que exista un consentimiento entre las partes a través de un convenio arbitral. Tras litigar en primera, segunda, tercera instancia, hasta llegar incluso a la Corte Suprema de los EEUU, se ordenó el archivo final. Este es uno de los triunfos del Ecuador en esta pelea descarnizada en contra del Estado ecuatoriano, iniciada por Chevron. Mientras que se discutía en ese foro (que le llamamos Chevron I), la compañía inició un arbitraje internacional contra Ecuador. El 30 de marzo pasado un tribunal de arbitraje internacional, constituido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, concluyó que el Ecuador había violado uno de los estándares de protección del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y EEUU. El tribunal concluyó que Ecuador debía, y cito, “proveer los medios eficaces” para que el inversionista extranjero pueda presentar sus reclamos ante las cortes del país y obtener pronunciamientos oportunos de sus cortes. El tribunal llega a la conclusión en vista de la demora de las cortes para resolver estos juicios pendientes desde los 90, por reclamos contractuales, por el pago de un petróleo entregado al Estado. La compañía reclamaba que se le había pagado un precio de mercado local y que Ecuador se había beneficiado al haber vendido ese petróleo en el mercado internacional por un precio mayor. Por lo que Ecuador debía devolver esas ganancias extras. Sin embargo, la compañía no obtuvo lo que para ella era más importante: Que ese Tribunal condenara al Ecuador por denegación de justicia y por tener unas cortes parcializadas y con falta de transparencia. Su estrategia era utilizar ese pronunciamiento, de haberlo obtenido, para deslegitimar cualquier resultado del juicio por daños ambientales en la corte de Lago Agrio. ¿Han apelado ya esa decisión? No existe una apelación en términos técnicos. Lo que existe es la posibilidad de pedir una nulidad contra el “laudo”, que en este caso es parcial, no final. Y Ecuador ya ha anunciado que va a buscar la nulidad del fallo ante las cortes de los Países Bajos, que es la sede elegida por el tribunal para el arbitraje en el caso Chevron II. ¿Cómo valora la declaración de Calmbacher, uno de los peritos del caso de las comunidades del Amazonía contra Texaco, en las que se desdice de sus informes y niega su autoría aún estando firmados por él? El Estado ecuatoriano no es parte de ese juicio, no tiene ningún rol en ese proceso judicial, más allá de asegurar la independencia judicial de sus cortes. No tenemos ninguna valoración que hacer ni nos corresponde hacerla con lo que ha sucedido con este supuesto perito que hoy tiene una versión particular sobre el trabajo que realizó en algún momento. Chevron-Texaco sacó a la luz pública, en agosto del 2009, unos videos que habían llegado a su poder, supuestamente por unos benefactores y buenos ciudadanos, en los que alegan presuntos actos de corrupción en los que podía haberse visto involucrado el juez que instruía ese juicio. Este juez se excusó, hoy en día es otro el juez que está instruyendo el caso, y Chevron logró su objetivo. Como usted se imaginará es un proceso voluminoso y ese juez se tomará algún tiempo todavía para llegar a una sentencia final en primera instancia. Y ahora lo que está intentando la compañía, a través de un nuevo arbitraje contra el Ecuador iniciado en septiembre del 2009, es que se le ordene al Ecuador que interrumpa el juicio y que si hay una sentencia desfavorable Ecuador sea el único responsable de cualquier sentencia adversa a la compañía. Hasta la fecha, Chevron ha invertido más de 20 millones de dólares en evitar que se mantengan las preferencias arancelarias que los EEUU otorga al Ecuador por su lucha contra el narcotráfico. Es claro que la intención de Chevron es doblegar la postura del Estado ecuatoriano, que es la de no interferir en el desarrollo del juicio en Lago Agrio. ¿No cree que el caso tiene una gran significado en términos geopolíticos y de justicia internacional?. Chevron tendría que aceptar que le juzgue un país del Tercer Mundo, y quizás la mayor condena impuesta a una multinacional Es un tema que está bajo la lupa de la opinión pública internacional y de todas las multinacionales en materia de explotación de recursos naturales. El precedente que pueda salir es muy importante en materia de operaciones internacionales en el sector de los hidrocarburos. Pero al día de hoy el resultado del juicio de Lago Agrio es incierto. Un perito designado por la corte, después de estudiar cientos de pozos y redactar miles de páginas llega a la conclusión que esos daños ambientales ascienden entre 16 mil y 27 mil millones de dólares. Ecuador es consciente de la repercusión de este juicio y de cómo esto explica la posición agresiva de Chevron con el gobierno ecuatoriano, aunque no se justifica. Hace pocos meses en un programa americano que se llama “Sesenta minutos”, se entrevistó a la relacionadora internacional de Chevron. En ella le preguntan si ellos eligieron trasladar el caso a Ecuador y su respuesta es “sí”; luego le preguntan por qué ahora cuestionan esas cortes que ellos eligieron y la respuesta es que “las cortes ecuatorianas no son idóneas”. Entonces le pregunta el reportero qué cortes son las idóneas en el mundo para juzgar este caso, y ella responde “ninguna”, que no hay corte en el mundo que pueda juzgar este caso. Esta es la posición el día de hoy de la compañía Chevron-Texaco.