Cargando...La recuperación de más cadáveres -ahora ya suman 13- de los inmigrantes que pretendieron alcanzar la playa de Ceuta y sufrieron la represión, con disparo de pelotas de goma, de la Guardia Civil que recibió órdenes de actuar así, y las lamentables excusas del Gobierno de España que ha sido advertido por la Comisión Europea que le pide explicaciones, mientras este lamentable escándalo corre como reguero de pólvora por toda Europa y medio mundo, debe tener fulminantes consecuencias políticas y no las lamentables explicaciones dadas el viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el jueves por ministro de Interior, Jorge Fernandez Díaz. En la UE el ministro de Interior en semejante situación habría dimitido o habría sido cesado, pero en España no solo no ocurre esto sino que además se protege al Director General de la Guardia Civl, Arsenio Fernández de Mesa, quien mintió a los españoles diciendo que no se habían disparado pelotas de goma contra los inmigrantes -lo que luego confirmó su propio ministro- sino que además amenazó con querellas a los medios e informadores que contaban la verdad.
El asunto es de la mayor gravedad y llegará, sin lugar a duda a los tribunales españoles y a otros instancias internacionales, y constituye un desdoro para España de consecuencias que aún son imprevisibles pero que no serán menores. Si hubo escándalos de gran trascendencia porque en varias ocasiones los inmigrantes en el mar fueron desatendidos o no salvados (recuérdese el drama de Lampedusa), en este caso de España la cuestión es peor porque fueron tiroteados con pelotas de goma mientras estaban en el agua e intentaban ganar la playa para salvar su vida, y por supuesto para entrar en el país. Y los argumentos dados por el ministro de que se trataba de una acción ‘disuasoria’ son indignantes y faltan a la verdad. Por todo ello seguimos a la espera de un cese inmediato que no se debe demorar. Del ministro, del director de la Guardia Civil, o de los dos.
La conversación privada y cazada el pasado jueves a micrófono abierto entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su compañero del PP y presidente de la comisión de Interior del Parlamento, Esteban González Pons, ante la que el ministro leyó un informen donde reconoció que los inmigrantes fueron tiroteados con pelotas de goma en la playa de Ceuta no deja lugar a dudas. Las Fuerzas de Seguridad no actuaron bien y su pretendida acción ‘disuasoria’ acabó siendo un uso desmedido de la fuerza represora que pudo ser determinante en la muerte de trece -o de algunos de ellos- de los inmigrantes, por más que el ministro dijera que no tiraron a dar y que no hubo relación ‘causa efecto’ entre una cosa y la otra cosa que el ministro no puede demostrar.
El asunto es muy grave y no puede cerrarse con esa declaración de la que el propio ministro no estaba nada contento, sino más bien preocupado y perplejo cuando le preguntó a González Pons: ¿qué tal he estado? y el vicesecretario general del PP, sin entusiasmo, respondió que bien porque “había colocado su mensaje” y porque acudió con premura a la Cámara, donde dicho sea de paso el ministro del Interior no convenció a nadie de la oposición, ni tampoco a los medios de comunicación. Y menos después que el ministro rectificara y desmintiera a su Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien horas antes había negado el disparo de pelotas de goma por la Benemérita y amenazado con querellas a quienes ‘difamaran’ (sic) a la Guardia Civil, lo que ha constituido una declaración falsa y una amenaza impropia y fuera de lugar.
Por lo que a la vista del último de los informes de la Guardia Civil, el leído por el ministro dentro del Parlamento, el Director General Fernández de Mesa debe dimitir. Y sobre todo borrar de sus labios ese lamentable discurso de amenazas contra los que según él han difamado a la Guardia Civil, lo que tampoco es verdad. Las críticas no van contra el Cuerpo sino contra los que dieron esas órdenes y encubrieron el error de apoyar una actuación que, lejos de ser un acto disuasorio o de socorro, acabó creando el pánico de los inmigrantes que estaban nadando y resultó sin duda, directa o indirectamente, una colaboración para aumentar al desastre humano del total de los trece inmigrantes muertos, si es que al final no lo son más.
La verdad es que este ministro -ya enfrentado a la víctimas del terrorismo, y protagonista de errores y actitudes de corte autoritario, relativas a los derechos de manifestación o reunión- bien podría, o más bien debería, engrosar la lista de ministros que deberían cesar en la crisis del Gobierno que se dice que está preparando Rajoy. Aunque sabido es que este presidente del Gobierno no suele actuar con decisiones consecuentes propias de la democracias europeas consolidadas. De hecho a los ministros que cometen abusos, errores y provocan alarma política y social Rajoy los suele proteger más, máxime si están en el círculo de sus amistades como parece el caso de Fernández Díaz.
Pero este caso no solo no ha terminado sino que va a mucho más. La C0misión Europea está en marcha y otras instituciones internacionales van a actuar, además de la oposición de este país. Y resulta alarmante que en plena crisis económica, social, moral e institucional ocurran episodios como el de Ceuta, que se suman a una cierta involución democrática y al recorte de libertades lo que el presidente Rajoy debería rectificar.