Cerco y acoso: se agudiza la ofensiva contra el gobierno

Vivimos una montaña rusa política, una sucesión de sacudidas cada vez más agudas. Y todas acaban conduciendo a un mismo punto: cuestionar la continuidad del gobierno… o exigir su final.

Muchos elementos están creando esta “tormenta política perfecta”: desde los casos de corrupción que afectan al PSOE a la decisión de Junts de coludirse con la derecha y la ultraderecha para dejar al gobierno en minoría en el Congreso, o la controvertida condena al Fiscal General del Estado.

Este último episodio concentra casi toda la atención. El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado sin presentar pruebas concluyentes, y descartando las declaraciones de varios periodistas que lo exoneraban. Buena parte de la izquierda afirma que hemos vivido un “golpe judicial” a través de un lawfare de libro, ejecutado por la “derecha judicial, política y mediática”, llegando a plantear que su objetivo era proteger a Ayuso.

¿Esto es lo que está pasando? ¿Y estos son los protagonistas?

Los grandes medios internacionales plantean abiertamente que la condena al Fiscal General del Estado es “un golpe para Sánchez”. Este es el epicentro del terremoto que provoca la cada vez mayor tensión política. Asistimos a un movimiento de acoso y derribo al gobierno de coalición.

Aunque se haya violentado la legalidad reducir lo que sucede a un caso de lawfare es suavizar la amenaza que enfrentamos. Y situar detrás a los “jueces fachas” o a la “derecha y la ultraderecha” es ocultar a quienes sí tienen el poder para derribar gobiernos.

Es necesario ver de conjunto los últimos acontecimientos que afectan al gobierno de Pedro Sánchez para hacernos una idea de qué está pasando, y de quién lo está impulsando.

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Las razones ocultas

Detrás del cerco y acoso contra el gobierno de coalición están los mandatos del hegemonismo norteamericano, y también de importantes sectores de la oligarquía española.

Miremos primero hacia Washington para comprender lo que sucede en España. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha desatado una ofensiva mundial que afecta a las libertades democráticas, a la paz y a la independencia de criterio de los países.

En algunos puntos importantes las posiciones y la actuación del gobierno español avanzan a contrapelo de las nuevas exigencias de EEUU.

• El gobierno español, y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, se ha pronunciado contra el genocidio en Gaza, y frente los intereses de Netanyahu y Trump. Encabezando en la UE el apoyo a Palestina.
• España es el único país que en el seno de la OTAN se ha negado a aceptar el salvaje umbral del 5% del PIB en gasto militar.
• Con el actual ejecutivo España apuesta por reforzar las relaciones con China, política “de Estado” refrendada con la reciente visita de Felipe VI a Pekín. Frente al mandato norteamericano de encuadrarse totalmente en un “frenta antichino”. Y cuando con Trump EEUU pretende imponer una dictadura hegemista mundial, el gobierno redobla su defensa de un orden mundial multipolar.
• Al mismo tiempo que Trump lanzaba un ultimátum a Ucrania para que aceptara un plan de paz escandalosamente proruso, el presidente español recibía con todos los honores a Zelenski.
• Y Sánchez ha encabezado un acercamiento institucional a los gobiernos que en Iberoamérica se enfrentan de una manera a EEUU, como Brasil, Chile, Colombia o México.

Estas son discrepancias, reales y concretas, del gobierno español con algunos aspectos de la línea impulsada por Washington. Y la superpotencia ya ha dado una respuesta pública. Trump ha señalado a España hasta en nueve ocasiones, exigiéndole que cumpla con el umbral de rearme del 5%. O el secretario del Tesoro norteamericano advirtió a España que acercarse a China “sería como cortarse el cuello”.

La tensión política en España está directamente relacionada con los intereses y la intervención de EEUU en nuestro país. Con Trump los mandatos de la superpotencia han dado un salto cualitativo.

Se nos exige una salvaje exigencia para destinar un 5% del PIB a gasto militar a costa de la sanidad o las pensiones. Desde la Casa Blanca se nos exige renunciar a una política internacional propia. Y se nos amenaza como país con aranceles más gravosos.

También existen discrepancias, parciales pero importantes, entre la actuación del gobierno y lo que pretenden hoy importantes sectores oligárquicos.

El gobierno mantiene el impuesto especial a la banca, busca conservar parte de las ayudas sociales aprobadas tras la pandemia, o no puede aplicar los recortes en la sanidad y las pensiones públicas hasta donde lo exigen la oligarquía y el hegemonismo.

Los nódulos principales de la oligarquía ya se han pronunciado, estrechando el cerco contra el gobierno. Así lo ha hecho el Círculo de Empresarios, que agrupa a los grandes bancos y monopolios.

Exige que, si no se aprueban nuevos presupuestos, “el gobierno debería dar el paso y convocar elecciones”, afirmando que esta exigencia es hoy “un imperativo moral”. Planteando un programa oligárquico “sin complejos”, es decir sin concesiones a la izquierda:

• ”España debe dar cabida al aumento del gasto en defensa”. Cumpliendo con el 5%.

• ”Tampoco puede seguir aplazando las reformas estructurales”. Apuntando al recorte y privatización de las pensiones: “abordar con realismo la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas (…) la principal partida del gasto público”.
• ”Cumplir de forma rigurosa con las nuevas reglas fiscales acordadas en la UE”. Que supondrían recortes de en torno a 40.000 millones anuales.
• Reformar “un sistema tributario que ha aumentado la presión fiscal”. Señalando especialmente al impuesto a la banca.
• Y ajustar la posicion de España a “un tablero internacional que ha cambiado”, sobre todo porque “la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha cambiado las reglas”.

Los gobiernos de Sánchez, con Podemos o con Sumar, han acatado los principales mandatos del hegemonismo, y han sido muy rentables para EEUU y la oligarquia. Y lo siguen siendo: los beneficios del Ibex-35 y los fondos norteamericanos registran nuevos récords, la oligarquía y el hegemonismo explota el atraco de la vivienda o avanza su dominio sobre la sanidad, Sánchez ha cumplido con el umbral del 2% del PIB en gasto militar y ofrece seguir avanzando hasta el 3% o 3,5%…

Pero los mandatos y exigencias de EEUU, y también de la oligarquía, han dado un salto cualitativo. Y un gobierno como el actual, que se apoya en una mayoría parlamentaria básicamente de izquierdas, y en una masa de votantes que integran la mayoría progresista, tiene dificultades y resistencias para ejecutarlos.

Esto es lo que explica el cerco y acoso al gobierno, las permanentes exigencias de convocatoria de elecciones, y la apuesta por abrir paso a un nuevo ejecutivo del PP con Vox.

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Una avalancha “coordinada”

La condena al Fiscal General del Estado evidencia hasta dónde ha llegado el cerco y acoso al actual gobierno. Por su calado, zarandeando a una institución clave; por las formas, una condena sin pruebas evidentes; y por la celeridad, sacrificado la unanimidad entre todos los magistrados. Tal y como plantea un analista como Enric Juliana evidencia que “alguien tenía prisa, mucha prisa”. Ya hemos aclarado quienes.

El gobierno ya ha asumido el golpe, nombrando rápidamente una nueva Fiscal General del Estado.

Pero este es solo un elemento más de un cerco que se estrecha.

En algunos casos son episodios probados de corrupción que afectan al PSOE y al gobierno. Como la trama de las mascarillas. El último informe de la UCO cifra en el 2% la comisión pagada por Acciona. Y desentraña parte del circuito que conducía ese dinero al entorno de Santos Cerdán. Ábalos y Koldo pueden acabar esta semana en la cárcel. Y la Audiencia Nacional va a investigar si hubo financiación ilegal del PSOE.

Al mismo tiempo se juzgan las turbias maquinaciones de Leyre Díez, que se presentaba como mano derecha de Cerdán, supuestamente para entorpecer las investigaciones que afectan al PSOE,

Otros son casos prefabricados, pero que han avanzado hasta sentar en el banquillo a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Más allá de que sus conductas sean éticamente reprobables, la base jurídica de estos casos es débil o nula, y no existirían si la situación política fuera otra.

Cuando no está totalmente resuelta la amnistía a Puigdemont, Junts rompe con el PSOE, anunciando que no volverá a votar con el gobierno, quebrando la “mayoría de investidura”. Un partido de Puigdemont que ha reforzado su vinculación con la gran patronal catalana, y que vota en cuestiones económicas con el PP y Vox en el Congreso.

Y todavía se añaden nuevos capítulos. Como la reciente publicación de que Sánchez se reunió con Otegi para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura en 2018.

No hay acontecimiento político o económico que no acabe convertido en lanza contra el gobierno, impulsada por centros de poder internacionales y nacionales.

Ni siquiera se salva la Corona.. La visita de Felipe VI a China es interpretada por algunos como un plegamiento a la “estrategia sanchista”.

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Un escenario político del que se borra a uno de los protagonistas

Este cerco y acoso al gobierno se produce en un escenario político que ofrece una correlación de fuerzas endiablada.

Todas las encuestas ofrecen la posibilidad de que PP y Vox alcancen la mayoría necesaria para formar gobierno. Incluso el CIS de Tezanos, aunque siga colocando al PSOE en primera posición.

Pero con una importante peculiaridad: el avance de Vox en detrimento del PP. La ultraderecha, ariete del trumpismo más agresivo, alcanzaría el 20%, no solo sería imprescindible para formar gobierno sino que tendría más influencia.

La presión para forzar un adelanto electoral, en una condiciones más favorables a la formación de un gobierno PP-VOX, crece. Y ya está generando fracturas en la “mayoría de investidura”. No solo por el abrupto portazo de Junts. El presidente del PNV, Aitor Esteban, acaba de cuestionar la legitimidad de “mantener una legislatura con una mayoría parlamentaria en contra”, afirmando que “si yo fuera Sánchez iría pensando en cómo y cuándo convocar elecciones”. Y desde ERC, Gabriel Rufián ha situado líneas rojas planteando que si se confirmase una financiación ilegal del PSOE sería inevitable poner fin a la legislatura.

Pero todos los analistas olvidan a uno de los protagonistas de esta obra: el pueblo. A pesar de que su enorme influencia política persiste. La movilización acaba de forzar en Valencia la dimisión de Mazón, algo que jamás antes había sucedido. Y en Andalucía la indignación ante la crisis de los cribados, ha levantado un movimiento transversal que modifica el escenario en una comunidad clave. A lo que debemos añadir el salto dado desde agosto en la lucha contra el genocidio en Gaza, que ha determinado la posición del gobierno.

Las discrepancias del actual gobierno con algunos mandatos de EEUU y la oligarquía, aunque sean parciales, no son atribuibles al “manual de resistencia” de Pedro Sánchez. Solo se explican por la influencia política del pueblo.

Avanza el cerco y el acoso contra el gobierno de coalición. Pero el pueblo no ha dicho la última palabra, y como ya sucedió en 2023 puede dar al traste con las alternativas más agresivas del hegemonismo y la oligarquía.

Estas son las razones ocultas que han movido la condena al Fiscal General del Estado. Cuando para explicar el actual clima político convulso se nos habla solamente de los ataques de la derecha y la ultraderecha contra un gobierno de izquierdas, o de la actuación de las “cloacas del Estado” se oculta lo que sucede -el acoso y derribo al gobierno para imponer un programa más salvaje- y se protege a los verdaderos protagonistas que sacuden el tablero -la intervención y los mandatos del hegemonismo y la oligarquía-.