Cargando...Montilla y Blanco acordaron que el próximo 1 de enero el funcionamiento de Cercanías pasará a depender de la Generalitat, algo previsto en el Estatuto catalán y que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había prometido para enero del año pasado. Pero todo seguirá casi igual hasta el 31 de diciembre, cuando venza el actual contrato que financia el servicio. Si hay acuerdo en la renovación de ese contrato, el asunto podría seguir igual: la Generalitat como titular de un servicio que prestaría Renfe. Si no hay acuerdo, el Gobierno catalán asumirá trenes y personal y decidirá quién explota los Cercanías. El acuerdo expresa el «cambio» que Blanco quiere dar a las relaciones entre el Estado y las castas regionales. Esas son sus cercanías. Los ciudadanos de a pie están muy lejanos.
Un “cambio” que consiste en negociar las distintas transferencias en función del rearto de poder entre las castas burocráticas regionales y el Estado. Cercanías para Generalitat, representante política de tales castas, significa pasar a controlar, a “poseer”, otro trozo del pastel presupuestario estatal. Para el supuesto representante del Estado, una competencia estatal menos, de todos los españoles, que entrega a los poderes burocráticos que controlan la Generalitat a cambio de conseguir su apoyo político. Pero para los ciudadanos de a pie, que viven en los barrios populares, donde el funcionamiento de Cercanías es un desastre, este acuerdo les es muy lejano. Lo que necesitan son reformas en las infraestructuras e inversiones en las líneas existentes para que cumplan adecuadamente con el servicio a los ciudadanos.