Cargando...«De insuficiente, carente de reformas estructurales, sin un calendario de actuaciones a largo plazo, llena de dificultades de comprensión, generadora de inseguridad jurídica y, lo que es peor, incapaz de garantizar la financiación privada que quiere movilizar, critican abiertamente la Ley de Economía Sostenible, iniciativa estrella del Gobierno en su intento por cambiar el modelo productivo. Y eso sólo son las valoraciones genéricas».
También tienen sus ropias recetas UGT y CCOO sobre los problemas de los mercados financieros. En este sentido, consideran que el Estado ha de fijar objetivos concretos de recapitalización de entidades, pero sin recurrir a la deuda pública. Es más, estiman que “cuando estas medidas no sean suficientes, el Estado debiera recapitalizar directamente entidades para garantizar su viabilidad”. También subrayan que las ayudas públicas deben condicionarse a que el sector haga “el máximo esfuerzo” en reforzar sus reservas y a la “promoción de sistemas de cooperación o integración estables” entre las cajas de ahorros. (EL CONFIDENCIAL) EL MUNDO.- El PNV, por tradición tan apegado a las sotanas, ha entrado de lleno en la polémica suscitada por el nombramiento de Munilla. Urkullu se puso ayer del lado de los curas rebeldes y acusó a «los jerarcas de la Iglesia católica del Estado español» de ser responsables del conflicto por haberse «entrometido en el ejercicio de la política». Al margen de que bastante ha callado la Iglesia española estos años sobre el comportamiento de destacados prebostes del clero vasco, es un sarcasmo decir que éste se ha mantenido al margen de la política. A la hora de la verdad, son los monseñores del nacionalismo -el PNV y una parte de la Iglesia vasca- quienes alimentan el rechazo a un obispo guipuzcoano, vascoparlante y con un expediente impecable, por el hecho de no estar comprometido con los objetivos nacionalistas. Opinión. El Confidencial CCOO y UGT acusan a Zapatero de echar una mano a la banca y a los promotores Daniel Toledo Lo habían evitado hasta ahora. Sin embargo, según consta en un documento remitido el pasado viernes a la vicepresidenta Elena Salgado al que ha tenido acceso El Confidencial, los sindicatos critican abiertamente la Ley de Economía Sostenible, iniciativa estrella del Gobierno en su intento por cambiar el modelo productivo. Insuficiente, carente de reformas estructurales, sin un calendario de actuaciones a largo plazo, llena de dificultades de comprensión, generadora de inseguridad jurídica y, lo que es peor, incapaz de garantizar la financiación privada que quiere movilizar. Y eso sólo son las valoraciones genéricas. UGT y CCOO cuestionan también la moratoria en la entrada en vigor de la nueva valoración del suelo urbanizable. Según la Ley de Suelo de 2007, los promotores tenían tres años para actualizar el valor de los terrenos urbanizables delimitados, esto es, listos para construir. Si no se acometían las promociones en los plazos recogidos por la planificación urbanística, tenían que ajustar la valoración a la baja en tres años. La Ley de Economía Sostenible eleva a seis años el plazo para echar cuentas, lo que supone un alivio para las cuentas de resultados de la banca y los promotores, que ya en junio de 2010 tendrían que retocar el valor de solares que con la debacle del sector constituyen un activo fuertemente depreciado. “Esta medida concede un plazo a los afectados (propietarios del suelo y entidades financieras) para poder esquivar en unos casos o periodificar en otros las pérdidas derivadas de la depreciación de sus activos de suelo. (…) Esta medida retrasa y aminora los necesarios ajustes a la baja de los precios de la vivienda, tanto actuales como futuros, al conceder una prórroga a los agentes que han obtenido beneficios desmesurados con la materia prima sobre la que se edifican las viviendas”, apuntan los sindicatos en sus observaciones al anteproyecto. También tiene sus propias recetas UGT y CCOO sobre los problemas de los mercados financieros. En este sentido, consideran que el Estado ha de fijar objetivos concretos de recapitalización de entidades, pero sin recurrir a la deuda pública. Es más, estiman que “cuando estas medidas no sean suficientes, el Estado debiera recapitalizar directamente entidades para garantizar su viabilidad”. También subrayan que las ayudas públicas deben condicionarse a que el sector haga “el máximo esfuerzo” en reforzar sus reservas y a la “promoción de sistemas de cooperación o integración estables” entre las cajas de ahorros. ¿Quién paga la fiesta? Lo más inquietante es que los sindicatos no ven claro cómo se financiará la iniciativa de Zapatero. Primero, en lo que toca al sector privado. “Se desconoce cuál será el mecanismo por el que, en un escenario de recorte de crédito y falta de liquidez para el funcionamiento de la economía real, aportará los 10.000 millones que, según la propuesta del Gobierno, le corresponden”, reza el documento. En cuanto a la parte pública, los agentes sociales lamentan que no se hayan concretado las características del Fondo para la Economía Sostenible que anunció el Gobierno y que financiaría las propuestas recogidas en la ley. De hecho, apuntan que “se dotará, en lo que respecta a recursos propios, reordenando las partidas no consumidas de la actuales líneas” del ICO. Peor si se tiene en cuenta que se desarrolla en un marco de inseguridad jurídica. “El anteproyecto recoge principios económicos conjuntamente con principios normativos, lo que genera inseguridad jurídica”, se expone. Los sindicatos inciden igualmente en el olvido del sector sanitario en la ley y denuncian que el reciente Consejo Estatal de Medios Audiovisuales no se incluye en la reforma planteada de los organismos reguladores, en los que la norma genera “una situación de prolongación en la transitoriedad”. En algunos ha pasado más de un año desde que se tenían que haber renovado sus consejeros. Finalmente, aprovechan para pedir mayor presencia sindical en la toma de decisiones socioeconómicas, precisamente en el día en que arranca de nuevo el diálogo social, tras su ruptura a finales de julio. “El diálogo social no debe, no puede, quedarse en los estrechos márgenes de la información y consulta”, aseveran, pidiendo que se dé continuidad a los ámbitos del diálogo social reforzado, como las políticas de infraestructuras, industriales y energéticas, o educativas y sanitarias. EL CONFIDENCIAL. 21-12-2009 Editorial. El Mundo Los monseñores del nacionalismo, a por el obispo LAS MANIFESTACIONES del obispo saliente de San Sebastián valorando críticamente la elección de su sucesor son un suma y sigue al calamitoso papel que una parte de la Iglesia ha tenido y tiene en el País Vasco. Que Juan María Uriarte diga ahora que es «deseable una mayor participación» de las comunidades cristianas en los nombramientos de sus prelados, sencillamente por el hecho de que no considera a monseñor Munilla uno de los suyos, causa vergüenza. Podría haber planteado esa revolución antes, e incluso solicitar que se hicieran primarias, si se permite la broma; por ejemplo, para haber utilizado la fórmula cuando él mismo fue designado obispo de un lugar tan ajeno a sus raíces como Zamora. Uriarte raya en el cinismo cuando señala que le preocupa «la situación reflejada» en la carta de los párrocos guipuzcoanos disconformes con la llegada de José Ignacio Munilla, cuando incide en que «la comunión está herida» y cuando añade que él mismo informó a las «instancias» oportunas del «perfil» que era «conveniente» para la diócesis. No se puede usar una fórmula más jesuítica -en el peor sentido de la palabra- para echar leña al fuego y azuzar la inquina contra su sucesor. En cuanto a lo del «perfil», ¿a cuál se refiere Uriarte?, ¿al de quien contemporiza y gasta medias tintas con los asesinos de ETA? Si está poniéndose como modelo, habrá que recordarle que fue él el obispo que reclamó el acercamiento de los presos etarras en el propio funeral de López de Lacalle, el periodista de EL MUNDO asesinado por la banda terrorista. No cabe mayor ignominia. También fue él quien, este mismo año, ha obviado cualquier alusión al terrorismo en la homilía del funeral por el empresario Ignacio Uría, como si hubiera muerto por causas naturales y no tiroteado por ETA. Las palabras de Uriarte dan verosimilitud a la tesis expresada ayer por la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, que señala al obispo emérito de San Sebastián, Setién -mentor de su sucesor-, como la persona que «está detrás» del documento contra Munilla. Califica Uriarte de calumnioso que se haya dicho de él que está «más cerca de los verdugos que de las víctimas», pero aunque es cierto que en la entrevista publicada ayer en un diario guipuzcoano reconoce que las familias de los asesinados merecen «una atención mayor» que los familiares de los presos de ETA, sorprende que siempre saque a colación el «sufrimiento» de éstos por tener que desplazarse para visitar a los reclusos, como si fuera indisociable una cosa de la otra y ambas estuvieran en un mismo plano. El PNV, por tradición tan apegado a las sotanas -esta misma semana ha propuesto, sin éxito, que el Ayuntamiento de San Sebastián le diera a Uriarte la Medalla al Mérito Ciudadano -ha entrado de lleno en la polémica suscitada por el nombramiento de Munilla. Urkullu se puso ayer del lado de los curas rebeldes y acusó a «los jerarcas de la Iglesia católica del Estado español» de ser responsables del conflicto por haberse «entrometido en el ejercicio de la política». Al margen de que bastante ha callado la Iglesia española estos años sobre el comportamiento de destacados prebostes del clero vasco, es un sarcasmo decir que éste se ha mantenido al margen de la política. A la hora de la verdad, son los monseñores del nacionalismo -el PNV y una parte de la Iglesia vasca- quienes alimentan el rechazo a un obispo guipuzcoano, vascoparlante y con un expediente impecable, por el hecho de no estar comprometido con los objetivos nacionalistas. Pero se supone que la misión de la Iglesia es ayudar al prójimo y salvar almas, no ideologías ni proyectos políticos. EL MUNDO. 21-12-2009 Editorial. Expansión El lastre griego para la salud del euro El rápido recorte en la cotización del euro durante los últimos días –un 2,11% la semana pasada– ha generado inquietud sobre si el sobreendeudamiento de Grecia puede terminar contagiando al resto de socios de la moneda única. La rebaja en la calificación de su deuda y la falta de un mensaje claro de apoyo de las instituciones comunitarias han amplificado los riesgos procedentes del sobreendeudamiento actual y futuro de varios socios –especialmente la propia Grecia, Portugal, Bélgica o España–, derivado de la resistencia de sus gobiernos a recortar el gasto social. ¿Existen motivos para pensar que Grecia pueda sufrir las dificultades que tuvo hace días Dubai para cumplir con los vencimientos pendientes? Aunque la deuda pública griega se ha incrementado en diez puntos porcentuales durante el último año, hasta el 113% del PIB, aún se encuentra por debajo de su media histórica y lejos de Japón, donde llega al 200% del PIB. Además, el nuevo Gobierno heleno se ha comprometido públicamente a realizar un intenso ajuste del déficit público, cercano al 12% del PIB, moderar el ritmo de emisiones y reformar su sistema impositivo. Sin embargo, el caso de Grecia ejemplifica la política contradictoria de la UE, que ha unificado las monedas nacionales de 16 países, pero no su política económica, y que, antes del estallido de la crisis, optó por relajar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, quebrando así la garantía de credibilidad de la que se habían dotado los socios ante posibles incertidumbres. Por otra parte, acudir en auxilio de Grecia no supondría un excesivo coste para la UE, ya que apenas incrementaría un 3% la deuda conjunta de sus miembros. Pero éstos no están obligados a ello, y tampoco han hecho ademán de comprometerse de antemano, lo que ha aumentado las dudas. Sin embargo, podrían verse forzados a hacerlo, ya que, por ejemplo, en las subastas de liquidez del BCE para entidades financieras europeas se han aceptado como avales los bonos griegos (cuya calificación acaba de ser revisada a la baja), igual que otros títulos de gobiernos europeos. El castigo que acumula el euro es consecuencia del estado de nervios en que se han instalado los mercados y el exceso de celo de las agencias de ráting (en su afán por recobrar el prestigio perdido al no prever la crisis ni los problemas de Dubai). Cualquier señal negativa que emita alguno de los países de la moneda única puede convertirse en un pesado lastre para la divisa y el resto de socios de la unión monetaria. Por eso es imprescindible que las autoridades comunitarias clarifiquen su mensaje y rebajen la presión existente sobre el euro. EXPANSIÓN. 21-12-2009