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El último informe presentado por Cáritas alerta sobre el cambio del perfil social en la demanda de ayudas. Ya no son mujeres inmigrantes de entre 35 y 40 años, sino hombres españoles de entre 37 y 40 años. Las condiciones de pobreza se extienden a capas sociales que no la sufrían desde hace décadas.
Al inicio de la crisis el triartito balear se apresuró a comprometerse públicamente a garantizar que todo ciudadano de las islas tendría asegurada comida, cama y ropa para vestir. Tan ínfima línea de demarcación auguraba lo que hoy ya empieza a ser un hecho: cada vez más gente no tiene ni lo básico para subsistir.En febrero de este año Cáritas presentó un informe en el que denunciaba la situación de los trabajadores inmigrantes y sus familias, criticando el “endurecimiento” de la política de inmigración y del discurso oficial criminalizándolos, al mismo tiempo que ofrecía datos sobre la desaparición de multitud de servicios de ayuda que antes proporcionaba el Estado.En el informe se hablaba de la responsabilidad del discurso político oficial respecto a “una percepción social cada vez más negativa sobre el fenómeno de la inmigración, que refuerza una imagen del inmigrante como competidor”. En el 2009, de las 786.273 personas atendidas, algo más de la mitad, unos 407.000, eran inmigrantes. Y un tercio de ellos, aproximadamente 150.000, se encuentran en situación administrativa irregular. La limitación del empadronamiento, la restricción de las ayudas sociales, el boicoteo, en los hechos, de la integración económica, política y social, y el desempleo masivo entre los inmigrantes, son algunas de las consecuencias de la política oficial. Los trabajadores inmigrantes que recurren a la economía sumergida para sobrevivir, cuentan con la dificultad añadida de no disponer de las amplias redes familiares y sociales que contribuyen a esta forma de subsistencia. Los recortes presupuestarios han alcanzado hasta el 70% de las partidas, por lo que tanto Cáritas como muchas otras organizaciones están sustituyendo esta sangría de atención social. Lo que quiere decir que una parte de ella está recayendo sobre las espaldas de la solidaridad ciudadana. Desde febrero el panorama no solo ha empeorado, sino que ha sido alterado por la incorporación a las bolsas de pobreza de miles de trabajadores españoles, principalmente de entre 37 y 40 años. Durante el año pasado se atendieron a 114.000 personas con un presupuesto de 22,2 millones de euros. En el periodo 2005-2007 se atendió a 182.000 personas frente a las 322.000 de 2008-2010. En términos de familias, en el trienio pasado se atendió a 13.000 frente a las 29.000 a las que se han asistido en el actual. En cuanto a la “sustitución del papel del Estado”, actualmente Cáritas actúa buscando empleo para 11 mil personas. Algo que no entra dentro de sus funciones, ni objetivos. Conscientes de que en España sobra riqueza y que el problema es cómo está distribuida, es decir, quién la posee, no es de extrañar que mientras se le siga ofreciendo a los ciudadanos, “como mínimo”, un catre donde dormir, un cuenco para comer y unas alpargatas para no andar descalzos, más gente no tenga ni eso. La redistribución de la riqueza, salarios y rentas, es una reivindicación de primer orden, más vistas las consecuencias sociales cada vez más dramáticas de la actual política de recortes.