¿Catalán por decreto?

La nueva Ley del Cine, que prepara el gobierno de Montilla, obligará a las distribuidoras cinematográficas a doblar al catalán al menos la mitad de las copias de cada pelí­cula en lengua extranjera. Nadie puede dudar de la necesidad de promocionar la exhibición de cine en catalán, que hoy ostenta una ridí­cula cuota de pantalla, apenas del 3,5%. ¿Pero es este el camino, el de la imposición por la ví­a legal? ¿Se puede promocionar una lengua «por decreto», al margen y por encima de la realidad y la voluntad social?

Hace diez años, el gobierno de Jordi Pujol intentó establecer cuotas mínimas ara las películas dobladas al catalán. El poder de las grandes majors norteamericanas, que monopolizan de forma aplastante la distribución cinematográfica, y amenazaron con no estrenar en Cataluña los éxitos de Hollywood, obligó a Pujol a retirar el decreto.Hoy, el gobierno de Montilla vuelve a la carga. Y la nueva Ley del Cine establece la obligación de doblar al catalán -excluyendo, lógicamente, los títulos cuya lengua original sea el castellano- la mitad de las copias de una película, además de imponer una tasa que penalice el doblaje frente a la versión original.Existe un amplio consenso social sobre la necesidad y justicia de promocionar el uso del catalán en la gran pantalla. Para las distribuidoras el coste de doblar al catalán una película, cuando es posible exhibir la copia en castellano, es absolutamente irrentable. Al mismo tiempo, no parece lógico que en Cataluña, donde el 45% de sus ciudadanos tienen el catalán como lengua materna, sólo el 3,5% de las películas se exhiban en esta lengua. Pero el camino emprendido por la Generalitat no puede ser más erróneo, desde el punto de vista de la promoción del catalán. La clase política autonómica, que en Cataluña forman una auténtica casta absolutista y endogámica, cree que puede transformar la realidad por decreto. Considera que imponer por ley una determinada cuota de películas, libros, canciones, en catalán equivale a incrementar el uso social de la lengua.Pero la realidad es exactamente la contraria. Durante los últimos veinte años, los diferentes gobiernos catalanes se han gastado miles de millones en subvencionar "el cine catalán", "la música catalana", "la literatura catalana"… Pero, a pesar de ese esfuerzo institucional, la cifra de lectores, oyentes o espectadores en catalán ha permanecido invariable. Todo ese dinero público sólo ha servido para crear un circuito cultural subvencionado, burocratizado, sumiso y dependiente del poder nacionalista, ajeno a la sensibilidad social y despreocupado de conectar y enganchar al público porque su futuro está asegurado por las instituciones.Si a eso le unimos unas consellerias de cultura imbuidas de un dogma excluyente que consideran al castellano como una lengua extranjera, y se atribuyen la "misión histórica" de obligar a los ciudadanos, a golpe de decreto, imposición y multas, a adoptar la "lengua propia de Cataluña", el delirio está servido.Sin embargo, durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición el uso social del catalán entre la población subió como la espuma, a pesar de que no existían decretos ni leyes que obligaran hacerlo. Miles de castellanoparlantes aprendieron catalán y se lanzaron a usarlo públicamente, buscaron libros en catalán, escucharon la música de la nova cançó… Porque se generó una voluntad social a favor del avance del catalán, libre, independiente de cualquier poder, ajena a ninguna confrontación con el castellano, y respaldada por el conjunto de la población como una conquista democrática.Entonces es cuando el catalán realmente avanzó, en la calle, entre la gente, y no en los despachos o en las consellerías de cultura.Pero los gobiernos nacionalistas, incluyendo el tripartito de Montilla, se cargaron ese momento histórico. Desde el poder se identificó el catalán (presentando la lengua como "expresión concentrada de la nación") con el proyecto del nacionalismo excluyente, y se emprendió su imposición en la educación, en la cultura… Una imposición que ha generado una reacción en contra, transformando, en amplias capas sociales, el respaldo al avance del catalán por indiferencia, cuando no rechazó abierto.La nueva Ley del Cine es expresión de esta línea que ha perjudicado, mucho más que cualquier otra cosa, los intereses de la lengua catalana.