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La negociación del acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación autonómica se ha prolongado durante más de un año, configurando un auténtico camino de espinas repleto de tiras y aflojas entre el gobierno central y cada una de las comunidades. ¿El motivo? La insaciable voracidad de unas burguesías burocráticas regionales extremadamente parasitarias, incapaces de impulsar la creación de riqueza, y que viven casi exclusivamente de arrancar recursos a la caja común para luego repartirlo, a través de contratas y subvenciones, entre las élites locales.
Hace siete meses, el ministerio de Hacienda ofrecía 6.000 millones adicionales ara cuadrar el sudoku de la financiación autonómica. Ahora, esa cantidad casi se ha elevado hasta los alcanzar los 11.000 millones de euros, casi dos billones de las antiguas pesetas.La aprobación del nuevo estatuto catalán, donde una comunidad se auto otorgaba la capacidad de imponer al gobierno central cuántos recursos debía adjudicarle, abrió la caja de pandora.Todos los barones autonómicos se lanzaron, bajo la consigna de tonto el último, a exigir “el mismo trato que a Cataluña”.Inoculado el virus disgregador, la financiación autonómica se ha transformado en un galimatías insolidario, del que salen más gordas las burguesías autonómicas y más flacos nuestros bolsillos.Porque los dos billones de pesetas adicionales entregados a los Chávez, Montilla y Camps los acabamos pagando nosotros, en forma de subida de impuestos o bajo un monstruoso incremento del déficit público que carga una onerosa factura sobre varias generaciones de españoles.En plena crisis, donde es imprescindible un severo programa de ahorro nacional que debe empezar por la drástica reducción de los gastos innecesarios del Estado, Zapatero ha abierto la chequera pública para contentar a los 17 reyezuelos de taifas.Ese dinero, arrojado al pozo sin fondo de las voraces castas políticas y económicas regionales, debería estar destinado a impulsar la creación de riqueza y empleo.Pero, además, el mercado persa de la financiación autonómica sólo podía provocar, como así ha sido, un incremento de las desigualdades y una limitación de la solidaridad. Justo lo contrario de lo que nos interesa para evitar que los trabajadores suframos las consecuencias de la crisis.Mientras los trabajadores perdemos y los barones regionales ganan, hay que resaltar que ganan más las que más tienen, esto es, además de Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. Porque al criterio de población -las cuatro han visto incrementar ampliamente su censo desde 1999, fecha en que se sostiene el actual modelo- se une otro más difuso de competitividad, que consistirá en la creación de un fondo por el cual se tendrá en cuenta «la capacidad y el esfuerzo fiscal» de las Comunidades que tengan una financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, esto es, las más ricas.Y porque, en los hechos, se limita la solidaridad. Se amplía la cesión de impuestos a las comunidades, pero éstas no aportarán el 100% de lo recaudan a la bolsa común, que luego el gobierno central debe repartir en función de las necesidades de conjunto, sino que retendrán el 25% para su propia suficiencia, lo que beneficia a las más dinámicas. El 75% restante será aportado al llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que incluyen Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Pero este fondo será repartido, a su vez, en función básicamente de la población, beneficiando nuevamente a las comunidades más desarrolladas.Hace siete meses, el ministerio de Hacienda ofrecía 6.000 millones adicionales para cuadrar el sudoku de la financiación autonómica. Ahora, esa cantidad casi se ha elevado hasta los alcanzar los 11.000 millones de euros, casi dos billones de las antiguas pesetas.La aprobación del nuevo estatuto catalán, donde una comunidad se auto otorgaba la capacidad de imponer al gobierno central cuántos recursos debía adjudicarle, abrió la caja de pandora.Todos los barones autonómicos se lanzaron, bajo la consigna de tonto el último, a exigir “el mismo trato que a Cataluña”.Inoculado el virus disgregador, la financiación autonómica se ha transformado en un galimatías insolidario, del que salen más gordas las burguesías autonómicas y más flacos nuestros bolsillos.Porque los dos billones de pesetas adicionales entregados a los Chávez, Montilla y Camps los acabamos pagando nosotros, en forma de subida de impuestos o bajo un monstruoso incremento del déficit público que carga una onerosa factura sobre varias generaciones de españoles.En plena crisis, donde es imprescindible un severo programa de ahorro nacional que debe empezar por la drástica reducción de los gastos innecesarios del Estado, Zapatero ha abierto la chequera pública para contentar a los 17 reyezuelos de taifas.Ese dinero, arrojado al pozo sin fondo de las voraces castas políticas y económicas regionales, debería estar destinado a impulsar la creación de riqueza y empleo.Pero, además, el mercado persa de la financiación autonómica sólo podía provocar, como así ha sido, un incremento de las desigualdades y una limitación de la solidaridad. Justo lo contrario de lo que nos interesa para evitar que los trabajadores suframos las consecuencias de la crisis.Mientras los trabajadores perdemos y los barones regionales ganan, hay que resaltar que ganan más las que más tienen, esto es, además de Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares. Porque al criterio de población -las cuatro han visto incrementar ampliamente su censo desde 1999, fecha en que se sostiene el actual modelo- se une otro más difuso de competitividad, que consistirá en la creación de un fondo por el cual se tendrá en cuenta «la capacidad y el esfuerzo fiscal» de las Comunidades que tengan una financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, esto es, las más ricas.Y porque, en los hechos, se limita la solidaridad. Se amplía la cesión de impuestos a las comunidades, pero éstas no aportarán el 100% de lo recaudan a la bolsa común, que luego el gobierno central debe repartir en función de las necesidades de conjunto, sino que retendrán el 25% para su propia suficiencia, lo que beneficia a las más dinámicas. El 75% restante será aportado al llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que incluyen Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Pero este fondo será repartido, a su vez, en función básicamente de la población, beneficiando nuevamente a las comunidades más desarrolladas.