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Poco después de anunciar formalmente que se postulará a las presidenciales de 2024, los problemas legales de Donald Trump acaban de dar un salto. La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021, ha presentado sus conclusiones finales. Acusan al expresidente de mentir y conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, piden procesar a Trump -por la vía penal- por insurrección y otros tres delitos, y recomiendan tomar medidas para su inhabilitación permanente de la política.
¿Y ahora qué? El peso político que tiene una comisión del Congreso es aplastante, pero no está claro si -dada la nueva correlación de fuerzas en el Capitolio- esa petición prosperará. De hacerlo, sería el fin de la carrera política de Trump.
Tras más de mil entrevistas -muchas de ellas televisadas en prime time, a personajes de máximo impacto como la propia hija de Trump, Ivanka-, la Comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes de los EEUU ha publicado un informe de 845 páginas sobre el asalto al Capitolio de 2021, un hecho sísmico que hizo temblar no solo a la potencia más poderosa del mundo, sino al orden internacional entero.
«El 6 de enero no habría ocurrido sin Trump». Tal y como se esperaba, la Comisión -de la que forman parte demócratas como Bernie Thompson, pero también republicanos como Liz Cheney- ha recomendado cargos penales contra Donald Trump -ahora corresponde a la Fiscalía cruzar ese Rubicón- así como un mecanismo que impida al exmandatario volver a presentarse a unas elecciones.
La inhabilitación permanente, que cortaría en seco la carrera política de Trump, se basa en la vulneración de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los EEUU, que señala que cualquier persona que haya jurado cumplir la Constitución y se haya visto envuelto en una “insurrección” o haya “ayudado a los enemigos de la Constitución” puede ser “descalificado para ocupar en un futuro cargo público.
La petición de cargos penales que podrían dar con Trump en la cárcel se basan en múltiples delitos recogidos en las 17 conclusiones clave del informe. Estas son algunos extractos de las mismas:
«Desde la noche de las elecciones hasta el 6 de enero, (Trump) difundió deliberadamente falsas acusaciones de fraude respecto a las elecciones presidenciales de 2020, para intentar anular las elecciones (…)»
«A pesar de que sus propios asesores refutaron sus afirmaciones de fraude electoral y le instaron a reconocer su derrota electoral, Trump se negó a aceptar el resultado (…). En lugar de cumplir con su obligación constitucional de “velar por la fiel ejecución de las leyes”, Trump conspiró para anular el resultado de las elecciones.
«A pesar de saber que tal acción sería ilegal (…) Trump presionó de manera corrupta al vicepresidente Mike Pence para que [bloqueara] la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero». Además, «presionó ilegalmente a funcionarios y legisladores estatales para que cambiaran los resultados de las elecciones en sus estados». Asimismo, «supervisó un intento para obtener y transmitir certificados electorales falsos al Congreso y a los Archivos Nacionales» y «presionó a miembros del Congreso para que se opusieran a las listas válidas de electores (los que formalizan el resultado) de varios estados»
Pero lo más contundente es lo que se afirma respecto a la responsabilidad directa en la toma insurrecional del Capitolio.
«Basándose en alegaciones falsas de que las elecciones habían sido robadas, Trump convocó a decenas de miles de partidarios en Washington para el 6 de enero. Aunque estos partidarios estaban enfadados y algunos iban armados, Donald Trump les ordenó marchar al Capitolio el 6 de enero para “recuperar” su país».
«Sabiendo que se estaba produciendo un ataque violento contra el Capitolio y sabiendo que sus palabras incitarían a más violencia, Trump envió un mensaje en las redes sociales condenando públicamente al vicepresidente Pence a las 14:24 horas del 6 de enero». «A sabiendas de que se estaban produciendo actos de violencia en el Capitolio, y a pesar de su deber de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, Trump se negó durante varias horas a responder a las reiteradas peticiones de que ordenara a sus violentos partidarios que se dispersaran y abandonaran el Capitolio, y en su lugar observó por televisión cómo se desarrollaba el violento ataque»
«La comunidad de inteligencia (…) detectaron la planificación de posibles actos de violencia el 6 de enero (…). Esta inteligencia fue compartida dentro del poder ejecutivo, incluso con el Servicio Secreto y el Consejo de Seguridad Nacional del presidente».
Las acusaciones, junto con el grandísimo número de pruebas, indicios y declaraciones, reunidos por la Comisión, junto con su enorme trascendencia pública, hace muy difícil que puedan ser ignoradas. Y a esto hay que sumarle los documentos incautados a Trump por el FBI en la mansión de Mar-a-Lago, que también pueden revelar graves delitos federales.
Las elecciones de medio mandato han arrojado una correlación de fuerzas algo más favorable para los republicanos en el Capitolio, pero esto -sumado a que importantes sectores del republicanismo consideran que Trump está quemado y buscan sustituirlo por “versiones equivalentes” aunque corregidas, nuevas figuras como Ron DeSantis- podría no ser suficiente.
Dados sus poderosos apoyos de clase, nadie debería dar a Trump por perdido. Pero el cerco se estrecha.