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Lo más destacado e importante que aparece hoy en la prensa de nuestro país es, sin duda, el artículo que en el bilbaíno El Correo publica Fernando Savater. Recordando, en un momento tan oportuno como las víspera electorales en Euskadi, las verdades del barquero. Los siniestros cálculos electorales que hacen unos, y los que, en justa correspondencia, nos toca hacer a nosotros.
La rimera de estas verdades, una lección duramente aprendida durante los años de gestación de la rebelión democrática y que está grabada a sangre y a fuego en el corazón de todos los que, de una u otra manera, hemos participado en ella: que el centro de la batalla política en Euskadi no es el fascismo abertzale radical, sino el fascismo insidioso, cotidiano y silencioso que practican los dirigentes del régimen nazi-fascista incrustados en Ajuria Enea y en la dirección del PNV Y que, justamente, estas elecciones presentan la oportunidad histórica de desalojarlos del poder que vienen ocupando impunemente desde hace casi tres décadas. Pero mejor que comentar el artículo, léanlo. Pese a su extensión, lo hemos reproducido prácticamente en su totalidad. No tiene desperdicio. En otro orden de cosas, El País dedica toda su página editorial a hablar de la toma por parte de la italiana ENEL de las acciones que le quedaban para hacerse con el control total de Endesa, hasta hace poco la mayor industria eléctrica del país y todavía hoy la eléctrica más importante de Iberoamérica. Significativamente, el editorial se titula “El fracaso de Endesa”. “Fracaso político y económico de primera magnitud” que el diario achaca, en primer lugar, al gobierno Zapatero, incapaz de “fabricar un núcleo accionarial estable en la compañía española frente a las pretensiones de la alemana E.ON”. Aunque no estaría de más aclarar cuál fue su posición entonces, que, si no recordamos mal, fue la de alinearse abierta y completamente con el gobierno frente a la feroz oposición del PP, dispuesto a entregar Endesa a los alemanes. Al final entre unos y otros, entre una clase dominante dispuesta a vender hasta las joyas de la corona para poder acceder a codearse en otros sectores con las grandes oligarquías europeas y una clase política entregada a cualquier cancillería con tal de medrar, una parte sustancial del sector eléctrico español –un sector clave ya que de él depende el funcionamiento de toda la estructura productiva del país– queda en manos del capital extranjero. Proceso que, como crípticamente advierte en su párrafo final el editorial, “puede repetirse en breve”, imaginamos que en referencia a Repsol. Eso sí, del muñidor último de todas estas operaciones, Botín como diseñador de la reestructuración de la clase dominante y de la nueva estructura del capital monopolista en nuestro país, ni una palabra. Y eso, que, al final, es uno de sus máximos beneficiarios, ya que no sólo cobrará, gracias a la venta de sus acciones el préstamo, con sus correspondientes intereses, con el que Acciona las compró, sino que vuelve a ser el encargado de sindicar el préstamo de 11.000 millones de euros con el que ENEL comprará el paquete que le falta de Endesa. Una operación idéntica a la de la frustrada venta de Repsol, a la que muy pronto, tal y como está la bolsa, veremos salir nuevamente a subasta. Bilbao. El Correo CÁLCULO ELECTORAL Fernando Savater Como se ha dicho ya demasiadas veces, la actividad terrorista todo lo distorsiona en el País Vasco. Pero también lo monopoliza todo, aunque sea a la inversa: con tal de estar contra el terrorismo, ya está garantizada la buena conciencia y la buena política. No es verdad, claro: los terroristas son unos canallas que pisotean la democracia, pero entre quienes reniegan de ellos también hay gente poco de fiar y con una idea de la democracia que se parece al autoritarismo étnico fascista como un huevo a otro huevo. Fuera del terrorismo tampoco vale todo: ciertos proyectos políticos no son ilegales pero eso no los hace decentes ni deseables; y el comportamiento de muchos ciudadanos que no son terroristas (respecto a la lucha contra el terrorismo y respecto a quienes lo sufren más directamente) es menos sanguinario pero aún más repugnante que el de los terroristas mismos. Una parte de la sociedad -de la vasca, desde luego, pero también en cierta medida del resto de la española y hasta de la europea- asume la presión terrorista como un inconveniente casi natural, que tiene sus desventajas pero también sus alicientes… para quien no se ve afectado en primera persona por él. El terrorismo es un método para domesticar a los humanos, haciendo que se porten como espontáneamente no quieren portarse y que se conviertan en lo que no desean ser. El terrorismo de ETA quiere domesticar a los vascos, forzándolos al nacionalismo más radical y a que rompan todo lazo institucional y aún simbólico con España (o con Francia, pero todo a su tiempo). A buena parte del nacionalismo con mando en plaza y a los oportunistas allegados (la sonrojante Ezker Batua en primer lugar: debería haber un ‘copyright’ político que prohibiera usar la palabra ‘izquierda’ para llamar a ese partido) no les parece del todo mal este proceso de domesticación, aunque no estén de acuerdo con la violencia empleada por los domadores. Por eso se impacientan más con quienes se rebelan contra su destino domesticado, pues quieren seguir siendo por encima de todo ciudadanos españoles, que contra los propios domadores terroristas. Por eso regatean todo apoyo institucional verdadero a quienes no sólo repudian el terrorismo sino también -explícita e inequívocamente- el perfil nacionalista que el terrorismo quiere imponerles. Por eso sólo condenan el terrorismo cuando ‘se pasa’, es decir, cuando afecta a quienes ya -más o menos voluntariamente- se portan como nacionalistas convencidos o cuando ataca al nacionalismo institucional, que en su día debió mucho al terrorismo pero hoy cree que ya no lo necesita y abomina de sus métodos feroces. Así se comprenden comunicados bienintencionados aunque en el fondo insoportables como el de la familia Uria, al denunciar el asesinato de su patriarca Ignacio: ‘Amaba a su país, era abertzale’, etcétera. Sólo les faltaba añadir: ‘¡Y a pesar de todo le han tratado como si fuese un guardia civil!’. Ante la ilegalización de las listas electorales de ANV y D3M (¿hay algo más lógico que prohibir al brazo político de ETA presentarse a unos comicios en plano de igualdad con aquellos a los que amenaza, extorsiona y asesina?). las más altas jerarquías del PNV nos informan de que la Fiscalía del Estado y los jueces del Tribunal Supremo actúan al servicio de un ‘cálculo electoral’. Muy bien, pues hablemos de cálculos electorales. ¿Alguien puede calcular con exactitud qué ventaja electoral han obtenido en los últimos treinta años los nacionalistas de una violencia terrorista que ha eliminado sistemáticamente a quienes no querían serlo, enviándoles bajo tierra o haciéndoles poner tierra de por medio? ¿Cómo se calcula la ventaja política que supone para los nacionalistas poder hacer campaña a pecho descubierto, mientras los demás deben moverse con las máximas medidas de seguridad y constantemente hostigados por el fascismo abertzale? ¿No hay acaso cálculo electoral en proponer un referéndum consultivo a la ciudadanía vasca, mientras gran parte de ella -exactamente aquella amplia mitad que rechaza la hegemonía nacionalista- está amenazada de muerte y por tanto no tiene libertad auténtica de voto? Venga, que aquí todos nos conocemos ya: en Euskadi el verdadero cálculo electoral es el de quienes dicen: ‘¡Qué mala es ETA… pero qué bien me viene!». Lean con atención los testimonios recogidos en el libro imprescindible ‘El infierno vasco’ y vean, si les resulta posible, el documental del mismo título de Iñaki Arteta. Comprobarán que la mayoría de las personas que aquí se manifiestan no han abandonado el País Vasco por temor a la muerte física, sino por la comprobación lenta y gradual de su muerte civil. Si te opones a los planes de ETA puedes morir; pero si te opones directa y claramente al nacionalismo clientelista imperante morirás casi con certeza como ciudadano, se te negarán ayudas, subvenciones, reconocimiento mediático y todo lo demás. Quien lo probó lo sabe. Mucha gente se va porque no puede más, porque no soporta más la indiferencia o incluso el veneno ambiental que rodea a quienes no son adictos a la obligación nacionalista (o a fingirla, bajo el nombre de ‘vasquismo’ o similares, como hace la hipocresía oportunista). Dicen que la sociedad vasca está harta. ¡Qué más quisiéramos! Por el momento parece sólo que está harta de encogerse de hombros ante las amenazas y ultrajes que sufren sus vecinos. Dicen que la sociedad vasca resiste. ¡Qué más quisiéramos! A lo único que hasta la fecha se ha resistido con auténtica determinación es a la tentación peligrosa de oponerse abiertamente a ETA, así como a quienes hablan en su nombre y a quienes desde las instituciones rentabilizan sus fechorías (…) No, desde luego: oponerse al terrorismo no basta, es sólo el comienzo. Y quienes sueñan con un final ‘dialogado’ del terrorismo, es decir, en el que se conceda a los terroristas -en cómodos plazos- las ventajas políticas que gracias a las fuerzas de seguridad de España no han logrado arrebatar por las bravas, no son ya una alternativa política fiable. Al menos para quienes no pensamos irnos voluntariamente de este cutre infierno vasco hasta que se le hiele el aliento al último de nuestros demonios con txapela calada hasta las cejas… Ahora llegan las elecciones y también una oportunidad decisiva de rebelarnos contundentemente contra quienes pretenden domesticarnos y contra los que se aprovechan -sintiéndolo mucho, eso sí- de que los demás estemos enjaulados. EL CORREO. 21-2-2009 Editorial. El País FRACASO EN ENDESA Después de 17 meses de cohabitación tormentosa en Endesa, Acciona acaba de vender el 25% del capital de la empresa eléctrica española a Enel, el grupo italiano con un 30% de capital público y que ahora dominará el 92% de Endesa. Por muchas razones, la operación puede considerarse como un fracaso político y económico de primera magnitud. La primera razón y más poderosa es que la economía española pierde una referencia empresarial importante; no en vano es la compañía eléctrica más importante de América Latina y estaba llamada a convertirse en lo que se conoce como un campeón nacional, es decir, un grupo empresarial con capital español capaz de ocupar cuotas de mercado significativas en Europa y en América Latina. Ahora, esa posibilidad ha desaparecido y Enel ha dado el gran paso para dominar el mercado energético mediterráneo. También confirma el fracaso de quienes, con el Gobierno a la cabeza, pretendieron fabricar un núcleo accionarial estable en la compañía española frente a las pretensiones de la alemana E.ON. La mayor responsabilidad de este fracaso hay que atribuirla al Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero no está de más recordar el turbio conflicto que ha acabado con Enel como dueño de Endesa. Los directivos y el Consejo de Endesa, nombrados a instancias de José María Aznar y Rodrigo Rato, boicotearon activamente en 2005 la OPA de Gas Natural sobre Endesa, una solución que podía haber consolidado la idea de un campeón energético español. Como parte de ese boicoteo, respaldado públicamente por el PP, los directivos buscaron a la empresa alemana E.ON, que lanzó una OPA sobre Endesa. El Gobierno aceptó públicamente un desafío que tenía que haber resuelto con mayor firmeza y discreción y, después de utilizar indebidamente a la Comisión Nacional de la Energía para cerrar el paso a E.ON, fabricó artificiosamente un núcleo accionarial mixto con Enel y la constructora Acciona para dirigir Endesa. Hoy se puede decir que la solución no fue acertada. Las endiabladas relaciones entre Acciona y Enel no han aguantado ni siquiera el plazo de 2010 fijado para recomprar las acciones de Endesa. Tampoco fue muy afortunada la elección de una constructora como accionista capaz de dotar de estabilidad una compañía eléctrica tan compleja como Endesa. Ni su capacidad financiera, más deteriorada todavía por el hundimiento de la construcción, ni sus intereses profesionales, avalaban el papel de Acciona. La constructora española ha obtenido en la operación unas plusvalías de casi 1.900 millones de euros. Si acudió a Endesa como un favor al Gobierno o lo hizo por iniciativa propia, el caso es que ha obtenido pingües beneficios. El beneficio de Enel es que controla una parte del mercado español y latinoamericano. Pero se ha perdido una gran oportunidad, quizá la única, para configurar un mercado energético español tan sólido e inatacable como, por ejemplo, el alemán. Y la historia de este fracaso puede repetirse en breve. EL PAÍS. 21-2-2009 Editorial. El Mundo DE LA PALABRA DE CAMPS AL CUENTO DE BERMEJO (…) A pesar de que todo indica que no hay base alguna para proceder penalmente contra el presidente de la Generalitat, la Fiscalía no ha querido eludir en su informe la existencia de esa factura, dejando al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la tarea de investigarla al tratarse de una persona aforada. Pero si estamos hablando de lo que un dirigente político puede hacer dentro de la legalidad y no debe hacer por decoro, mucha más materia de debate hay en la conducta de Fernández Bermejo, ministro de Justicia. Ayer la Junta de Andalucía le abrió un expediente después de que él reconociera que había cazado sin permiso en dos fincas de Jaén. El ministro podría ser sancionado con una multa de hasta 4.000 euros y retirada temporal de la escopeta y del permiso de caza. Dejando al margen su inverosímil explicación de que no sabía que estaba en Andalucía, que suena a puro cuento, el Gobierno debe responder a tres cuestiones bien concretas. La primera es quién paga las cacerías de Bermejo. Si las paga él, no concuerda con su sueldo de ministro. Si se las pagan otros, ¿a cambio de qué? La segunda pregunta es cuáles son los criterios de utilización de una finca pública como la de Quintos de Mora. ¿Está reservada solamente a los ministros y altos cargos o pueden cazar también los 300 ciudadanos que lo han solicitado a través de nuestro periódico? Y la tercera es si el Gobierno piensa hacer algo tras constatar que un ministro ha infringido una disposición legal y el código de conducta que sus propios miembros se han comprometido a respetar. Ayer, el PP presentó en el Congreso una petición para que se cree una comisión de investigación sobre todo esto, ya que «los españoles tienen derecho a conocer los motivos que han llevado al Gobierno a la utilización abusiva de las instituciones del Estado para sustentar fines partidistas». Nadie puede negar que este asunto concierne mucho más al interés público que el supuesto espionaje entre clanes del PP que los populares han accedido a pasar por el tamiz investigador de la Asamblea de Madrid. Veamos cómo reaccionan los socialistas EL MUNDO. 21-2-2009