Cargando...«Dada las vulnerabilidades y la magnitud del ajuste requerido, la necesidad de acciones políticas es particularmente acuciante en los países de la UE que han acumulado grandes déficits por cuenta corriente y grandes pérdidas de competitividad, señala -refiriéndose a Estados como España- la última edición del Informe trimestral sobre la zona euro, publicado este miércoles 31 de marzo por la Comisión Europea.» (EL ECONOMISTA)
LA VANGUARDIA.- Con ser escandalosos de rincipio a fin todos los hechos imputados, el caso Matas deja al descubierto cuestiones básicas que los políticos profesionales deben someter a debate, si de verdad quieren cerrar vías a la corrupción PÚBLICO.- Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del Estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que la creación de tales empleos beneficie al máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones es en las inversiones en los servicios del Estado del bienestar Informe. El Economista Bruselas urge a España que ajuste a la baja el nivel de salarios y precios Antonio León "Dada las vulnerabilidades y la magnitud del ajuste requerido, la necesidad de acciones políticas es particularmente acuciante en los países de la UE que han acumulado grandes déficits por cuenta corriente y grandes pérdidas de competitividad", señala -refiriéndose a Estados como España- la última edición del Informe trimestral sobre la zona euro, publicado este miércoles 31 de marzo por la Comisión Europea. "Estos países necesitan emprender los ajustes relativos necesarios sobre salarios y precios, y facilitar la reasignación de recursos de los sectores no comerciales al sector exportador. En los países con desequilibrios presupuestarios, este ajuste debe ir de la mano de una consolidación presupuestaria considerable", añade el informe. "La requerida reasignación de la mano de obra (…) llevará tiempo, e implicará volver a formar a los trabajadores y nuevas inversiones, lo que corre el riesgo de asociarse a un aumento prolongado del desempleo", advierte Bruselas antes de puntualizar: "Es crucial realizar las elecciones apropiadas: las políticas que impulsan la productividad y las cualificaciones reducen la necesidad de ajustes nominales en los salarios y facilitan la recolocación de la mano de obra". Fuentes de la propia Comisión Europea subrayaron este miércoles al presentar el informe que, tras el desplome de la burbuja inmobiliaria y la crisis bancaria, España debe reformar su mercado laboral, el de bienes y servicios, el sector financiero, etcétera. E insistieron en que aunque durante la reciente recesión global España no haya perdido cuota de mercado internacional, como argumentó la semana pasada un José Luis Rodríguez Zapatero a la defensiva, otros múltiples indicadores como los costes de producción ofrecen pruebas "robustas" de que la economía española pierde competitividad. EL ECONOMISTA. 1-4-2010 Opinión. La Vanguardia Libro de instrucciones Fernando Ónega Conocí a Jaume Matas de ministro. Era un hombre cabal, ni genio ni ramplón, que se hacía querer. No hacía ostentaciones y, desde un fondo de timidez, tampoco suscitaba pasiones. Siempre acompañado por su mujer, siempre sonriente, se esforzaba en demostrar simpatía y llaneza: un buen paisano. Habiéndolo visto así, cuesta reconocerlo en el auto de la demolición del juez Castro; ese escrito donde su autor maneja adjetivos como un literato, administra interpretaciones como un novelista y prodiga la acidez en el análisis como un Oscar Wilde del siglo XXI, justiciero y balear. El Matas que sale en esa foto judicial es opuesto al que conocí: maquinador, tramposo, falsario, sin escrúpulos ni otra lealtad que a sus alforjas. Con ser escandalosos de principio a fin todos los hechos imputados, el caso Matas deja al descubierto cuestiones básicas que los políticos profesionales deben someter a debate, si de verdad quieren cerrar vías a la corrupción. A este cronista no le sorprende que haya gentes que quieren el poder para enriquecerse: las hubo, las hay y las habrá, y a veces lo consiguen. Lo que le asombra es lo siguiente: –La facilidad que encuentra el que se lo propone. Puede hacer alquimia, convertir dinero blanco en dinero negro, y hacer que fluya de su despacho con pasmosa naturalidad. –La frivolidad con que se aceptan y se aprueban presupuestos de obras, que inmediatamente se quedan cortos y se llegan a multiplicar por tres. Se practica tanto, que es ya toda una tradición de la obra pública. Ahora sabemos que, además, una parte del dinero de todas las fases se va quedando en manos obscenas. –La desidia de los órganos de control interno de las Administraciones, ante cuyos ojos se pueden inventar reuniones oficiales, falsificar documentos y firmas, desviar dinero o directamente saquear, sin que nadie llame la atención al delincuente. –La imposición del secreto a los subordinados, como si estuvieran en un régimen dictatorial o sus puestos de trabajo fueran una graciosa concesión de la autoridad, sin cuya protección no existe el funcionario. –La falta de auditorías en organismos desde donde se recaudan, administran y pagan miles de millones de euros, en una permanente tentación a la apropiación y en una falta de transparencia y rigor que, en cambio, se exige a la empresa privada. –Y la tolerancia de los partidos, en este caso del Partido Popular, que no se intriga por el tren de vida de un dirigente, ni pregunta cómo se financian determinadas actividades, y después tropieza con las cuentas de Valencia y las islas Baleares. Y, naturalmente, el presidente Mariano Rajoy no encuentra palabras ni para salir del paso. Todo eso es el caso Matas. En lo personal, deleznable. En lo penal, condenable. En lo moral, aborrecible. Pero todo un gran libro de instrucciones de cómo meter la mano en la caja con una sola condición: que haya una persona con voluntad de robar. LA VANGUARDIA. 1-4-2010 Opinión. Público Crisis y empleo público Vicenç Navarro Existen hoy dos filosofías de cómo salir de la crisis. Una, dominante en los establishments políticos y mediáticos europeos, acentúa la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública. Es la alternativa liberal promovida sobre todo por la banca y por los partidos conservadores y liberales (y algunos socialdemócratas). La otra filosofía considera que el mayor problema existente es el desempleo y que la prioridad en las intervenciones públicas debiera ser la de crear empleo, incluso empleo público, a fin de disminuir el desempleo, una de las causas de la falta de recuperación económica. La Administración de Obama y el Congreso de EEUU han tomado varias medidas en este sentido. Una de ellas es la ley propuesta por la Administración de Obama y aprobada en febrero de 2009 por el Congreso (American Recovery and Reinvestment Act o ARRA), que tiene como objetivo la creación de empleo en aquel país, ley que ha sido complementada con otra –aprobada en diciembre de 2009 por la Cámara Baja de EEUU (Jobs for Main Street)– que expande el gasto público para, además de ampliar la cobertura al seguro de desempleo (a fin de alcanzar a mayor número de trabajadores en paro, hoy el 10% de la población activa), crear el máximo número de puestos de trabajo en construcción de infraestructuras físicas (carreteras y transporte público) y en servicios públicos (tales como educación, servicios sociales y servicios sanitarios). Y ahora la Administración de Obama está preparando otra ley que acentúe todavía más la creación de puestos de trabajo en el sector público. El objetivo de todas estas intervenciones es la creación masiva de empleo público. Existen además otras intervenciones en las que se estimula la creación de empleo en el sector privado, y muy en especial en las industrias verdes de carácter ecológico y ahorradoras de energías. Todas estas políticas de creación de empleo público por parte del Estado están adquiriendo un gran protagonismo en las políticas de resolución del elevado desempleo en EEUU. El criterio fundamental para guiar este esfuerzo es que se creen el máximo número de puestos de trabajo en el mínimo de tiempo y que la creación de tales empleos beneficie al máximo número de personas posible. Todos los estudios realizados muestran que donde las inversiones alcanzan mejor estas condiciones es en las inversiones en los servicios del Estado del bienestar. Incluso el ministro de Economía y Hacienda (secretary of the Treasure), Timothy Geithner, subraya que “las inversiones en áreas sociales ofrecen mayor ocupación por el mismo dinero”. Comparando la creación de empleo en infraestructuras físicas y en inversiones verdes con las creadas en inversiones sociales –como centros de infancia, servicios domiciliarios a personas dependientes, servicios sanitarios o servicios educativos–, estos últimos son los que crean más empleo y satisfacen a un número mayor de personas. La misma cantidad de dinero público que crea 556.000 puestos de trabajo en infraestructuras físicas crea 1,2 millones en los servicios del Estado de bienestar. Las inversiones que facilitan 11 puestos de trabajo en infraestructuras físicas y 17 en industrias verdes, favorecen 23 puestos de trabajo en sectores sociales. Es importante añadir, además, que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas. De especial importancia son las inversiones en escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios que facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y aumentan a su vez su productividad (añadiendo 33.000 millones de dólares a la economía). Este tipo de inversión en creación de empleo es también especialmente importante, pues aumenta el porcentaje de la población adulta que trabaja, un elemento clave para la recuperación económica. El Ministerio de Trabajo de EEUU ha indicado que los dos sectores de la economía donde crecerá más el empleo serán precisamente en las escuelas de infancia y en los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, siendo estos sectores donde el Gobierno federal está insistiendo más en los programas de creación de empleo público. Estos datos son especialmente relevantes para España, donde se está siguiendo una política errónea de reducción del empleo público y de gasto público, desaprovechando la oportunidad creada por la crisis de corregir el enorme déficit de empleo público en los servicios del Estado de bienestar. España es el país de la UE-15 con el número más bajo de empleo público (6,5 empleos públicos por 100 habitantes, muy inferior a los 14 de Suecia, 10 de Francia, 17 de Dinamarca y 12 de Finlandia, todos ellos países de gran eficiencia y competencia económica). La creación de empleo público en España reduciría el desempleo y facilitaría la recuperación económica. Tal creación de empleo público debería financiarse a base de aumentar los impuestos de los grupos que se beneficiaron más en los años de exuberancia de los beneficios bancarios y empresariales y de las rentas superiores, permitiendo además una menor reducción del déficit fiscal. Incluso el Gobierno de la Tercera Vía de Gordon Brown en Reino Unido (que tiene un déficit de 13% del PIB, mayor que el español) está aumentando su gasto público social aumentando el empleo público en su Servicio Nacional de Salud (añadiendo 60.000 nuevos puestos de trabajo por año). Como Brown ha señalado, “los recortes en gasto y empleo públicos son erróneos y peligrosos en estos momentos en los que necesitamos crear empleo”. ¿Hasta cuándo el pensamiento liberal continuará dominando las políticas públicas en la Unión Europea (incluyendo España)? PÚBLICO. 1-4-2010