Bruselas quiere reforma de las pensiones con o sin consenso

Las próximas reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se prevén, cuando menos, movidas. Después de la presentación el pasado viernes del informe para definir el factor de sostenibilidad de las pensiones, Gobierno, partidos políticos y agentes sociales han ido pronunciándose con mayor o menor claridad sobre el dictamen de la comisión de expertos. Pero la guinda la puso ayer Bruselas, por boca de Joaquín Almunia. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia espoleó el debate desde Málaga, donde reclamó «acelerar la definición del índice de sostenibilidad» para acometer la reforma del sistema público de pensiones. En un foro del diario Sur, el que fuera ministro de Trabajo en la primera legislatura de Felipe González instó a los responsables políticos a mirar «de frente» este asunto y tratar de consensuarlo con los interlocutores sociales y económicos, aunque la imposibilidad de llegar a un consenso «no debe paralizar la acción», advirtió. Eso sí, sin concretar el cómo debe hacerse. «Cuando era más joven tuve que hacer una y ya cumplí», dijo en alusión a la reforma de 1985. A su juicio, «la pérdida de empleo» que ha sufrido la economía española y «el envejecimiento que ya golpea fuerte la sostenibilidad del sistema en otros países y que afectará y presionará al nuestro» justifican las recomendaciones de la Unión Europea. «Tenemos que hacer más en materia de sostenibilidad», remarcó. Para el otrora candidato socialista a la presidencia, «el factor de sostenibilidad se puede interpretar de muchas formas». «La jubilación a los 65 años se decidió en España en la segunda década del siglo pasado, va a hacer ya, dentro de poco, 100 años. Y desde entonces la esperanza de vida de una persona a los 65 años es de 16 o 18 años más, cuando a principios del siglo pasado podría ser de seis o siete años más», expuso. Almunia se refirió también a la reforma en 2007 del Ejecutivo de Zapatero. «Desde entonces, todos los parámetros e hipótesis que se tuvieron en cuenta han empeorado. Por tanto, hay que mirarlo otra vez», concluyó, no sin antes dejar otro recadito en el auditorio, al tachar de «muy ineficiente» el mercado laboral en España tanto en el sector público como en el privado. Para esta cuestión tampoco aportó soluciones, sólo un «obligado» análisis «racional, moderado, inteligente» de la situación. Más pausado se mostró el Gobierno que, si bien respaldó el informe, aludió al diálogo en el Pacto de Toledo en todo momento. Así las cosas, la ministra Fátima Báñez tildaba el informe de los 12 expertos de «honesto y técnicamente robusto» y señalaba que serviría de base para el debate político en la citada comisión, donde prometió «el mayor de los consensos» con los grupos parlamentarios y los agentes sociales. La titular de Empleo ve el factor de sostenibilidad como una forma de «recontar céntimo a céntimo» los ingresos del sistema en cada momento y distribuirlos de acuerdo a «reglas fijas, predecibles y transparentes». También le tocó definirse más al PSOE. Después de que su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijera el fin de semana que no pactarán una reforma de las pensiones «sin los sindicatos», el PP se declaraba ayer «sorprendido» de que se ponga «detrás de los sindicatos» para no manifestar su posición. Fue en este caso el portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista, Valeriano Gómez, el encargado de clarificar. Y lo hizo mostrando su total desacuerdo con el diseño del factor de sostenibilidad propuesto por los expertos, que el PSOE sí estaría de acuerdo en concretar «en el futuro», siempre que se tengan en cuenta otros factores obviados por los expertos, como cotizaciones sociales, edad de jubilación o periodo de cómputo. Al respecto, Gómez anunció que su partido elaborará una propuesta específica a partir de los votos particulares de los dos miembros de la comisión cercanos al PSOE: Santos Ruesga –que votó en contra– y José Luis Tortuero –que se abstuvo–. Más expeditivo, en cambio, fue el coordinador general de IU, Cayo Lara, que denunció que la reforma que prepara el Gobierno conducirá a la contratación de planes privados a «beneficio» de aseguradoras y bancos, de los que dijo que le tienen «muchas ganas» desde hace años a «ese bocado tan jugoso». Entre los sindicatos también hubo puntualizaciones. Le ocurrió al líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que aclaró ayer que el informe «no recoge la posición de CCOO ni nos sentimos vinculados al mismo en absoluto». Y es que el experto del sindicato, Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico, sí votó a favor del dictamen. En una rueda de prensa junto a su par en UGT, Cándido Méndez, Toxo expresó que la reforma de 2011, pactada por el Gobierno de Zapatero y los agentes sociales, «tenía los elementos necesarios para dar respuesta a los problemas que ya existían». Méndez, por su parte, pidió al Gobierno lo que el PP al PSOE: que se defina. «No sería una buena práctica parapetarse en el informe» para «esconder una decisión política», criticó.