Cargando...ESTABA CANTADO que la Comisión Europea iba a conceder la ansiada prórroga de dos años para lograr el objetivo de déficit público del 3%, como así ha sido. Lo que no era previsible es que nos diera más margen del previsto, porque Bruselas deja que este año podamos acabar con un desfase del 6,5%, superior al 6,3% que pedía el Gobierno. Esto significa que el recorte necesario de este ejercicio será de sólo unos 4.000 millones de euros. Una noticia que, sin duda, habrá agradado al Gobierno. Pero esta supuesta generosidad de la Comisión lleva aparejada un programa concreto de obligaciones, con plazos de ejecución incluidos, que son un todo un aldabonazo para el Gobierno. En ese plan, Bruselas exige a Rajoy que lleve a la práctica ya las reformas imprescindibles en la economía española, algunas de ellas anunciadas incluso en su discurso de investidura.
La Comisión es especialmente exigente en la revisión y el control del gasto público. Así, pide «la aplicación rigurosa y transparente de las medidas preventivas» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero va más allá; demanda terminar ya con la reforma de los ayuntamientos, elaborar en octubre de 2013 un «plan de aumento de la eficiencia de toda la Administración Pública» y que «a más tardar» en diciembre esté culminada la reforma de las pensiones. Bruselas dice que los precios públicos y los sueldos de los funcionarios dejen de depender del IPC antes de 2014. También impone llevar a cabo un «examen de las mayores partidas de gasto» en primer trimestre de ese año. A la vez, reclama la puesta en marcha de la ley de Unidad de Mercado, la de Servicios Profesionales y los nuevos organismos reguladores. La Comisión quiere «una revisión sistemática» de la fiscalidad para marzo de 2014; pide limitar los productos que se benefician del IVA reducido, eliminar deducciones en el IRPF y regular la tributación medioambiental. Además de una intensificación de la lucha contra el fraude. En definitiva, Bruselas ha impuesto al Gobierno todo un programa para emprender esas reformas ineludibles que todavía no ha puesto en marcha a pesar de estar anunciadas desde que llegó al poder. Se trata de un calendario exigente –con el rigor que no se autoimpone Rajoy– y del que dependerá que España pueda acelerar el proceso de salida de la recesión. La OCDE empeoró ayer las previsiones del Gobierno al estimar que el déficit público se va a mantener en el 6,9% en 2013 y que el paro se irá hasta el 28% el año siguiente. Aunque el Banco de España ve una «cierta mejoría» en la demanda interna y en otros indicadores en el segundo trimestre, sólo con la inercia y estando la UE sumida en la recesión, es imposible que la economía crezca lo suficiente para generar empleo, el único objetivo que debe tener el Gobierno. Estamos al final del año académico y la decisión de ayer de Bruselas se asemeja a la tutoría que hace el profesor al alumno rezagado que no va a aprobar el curso. Hay que ponerle deberes, y un calendario concreto, con el fin de poder pedirle cuentas si se retrasa o no cumple. Por el bien de España, esperemos que Rajoy apruebe a partir de septiembre.