Cargando...«El anuncio por la vía de urgencia de la nacionalización de las cajas de ahorros que no tengan unos niveles adecuados de solvencia tiene su origen en una reunión que mantuvieron los directivos de más alto rango de BBVA y de Banco Santander en la última quincena de diciembre con el Gobierno. Así lo aseguran fuentes conocedoras de esa cita, sobre la que ni BBVA ni Banco Santander han querido hacer ningún comentario»
Tanto Santander como BBVA habían reiterado a los analistas que su deendencia de la economía española oscilaba entre el 27 y el 33%, respectivamente, y que el resto de los ingresos procedían principalmente del Reino Unido y Brasil –en el caso del primero- y de Estados Unidos y México, en el caso del segundo. Una defensa que no caló hasta que el Gobierno comenzó a filtrar en la segunda semana del presente mes de enero que iba a obligar a las cajas a poner negro sobre blanco y a intervenirlas para que el tumor de las que tuvieran grandes problemas no se extendiera al resto. El anuncio ha tenido un efecto inmediato: BBVA se ha revalorizado un 20% y Santander, algo más de un 13%. (EL CONFIDENCIAL) EL PAÍS.- Lo más discutible de la reforma es la excesiva duración del periodo transitorio para ampliar la edad de jubilación. Tal como está pactado, empezará en 2013 y acabará en 2027; un periodo transitorio de 10 años hubiese establecido un plazo igualmente razonable y habría transmitido la voluntad política firme de buscar la solvencia del sistema con más rapidez. La importancia de la reforma es que rompe con la idea de que el sistema de pensiones es intocable e instaura el precedente de que puede revisarse periódicamente para corregir las deficiencias sin que ello constituya un drama social. Por lo demás, es un éxito político que cabe atribuir a la insistencia del Gobierno y a la flexibilidad de los sindicatos EL MUNDO.- El acuerdo supone, sin duda, un éxito político del Gobierno y una muestra de realismo de los sindicatos, que tendrán que abordar ahora la crucial reforma de la negociación colectiva. Sería lamentable que el precio por el pacto de ayer fuera el endurecimiento del despido objetivo o la renuncia del Ejecutivo a modificar el desfasado sistema de convenios. Pronto lo veremos. En cualquier caso, todo indica que la CEOE y el PP se van a sumar al acuerdo sobre pensiones que, aunque no deja plenamente satisfecho a nadie, va en la buena dirección y crea un positivo precedente para pactar futuras y necesarias reformas. Opinión. El Confidencial González y Botín instaron al gobierno a intervenir en las cajas en una reunión secreta A. Marco El anuncio por la vía de urgencia de la nacionalización de las cajas de ahorros que no tengan unos niveles adecuados de solvencia tiene su origen en una reunión que mantuvieron los directivos de más alto rango de BBVA y de Banco Santander en la última quincena de diciembre con el Gobierno. En dicho encuentro, los dos mayores bancos del país exigieron a Salgado tomar medidas inmediatas ante el cerrojazo de los mercados a cualquier institución financiera española. Así lo aseguran fuentes conocedoras de esa cita, sobre la que ni BBVA ni Banco Santander han querido hacer ningún comentario. En esa reunión, que se produjo días después del encuentro en la Moncloa con los cerca de 40 mayores empresarios del país, la entidad dirigida por Francisco González y la presidida por Emilio Botín instaron al Ejecutivo a acelerar la segunda etapa de la reestructuración de las cajas de ahorro. El motivo era que los principales inversores institucionales, sobre todo fondos de pensiones americanos, les habían castigado sin distinción, sin discriminar su menor exposición a la economía española respecto al resto de bancos y cajas, su internacionalización, su nivel de solvencia y su liquidez. Prueba de esta situación fue que BBVA se derrumbó casi un 40% en bolsa en 2010, mientras que Santander cayó en torno al 31%. En ambos casos, los segundos mayores desplomes en la última década, tan solo superados por los hundimientos que registraron en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers y AIG. Por si fuera poco, en diciembre, la agencia de calificación financiera Moody´s amenazó con bajar el rating de 30 entidades financieras españolas, así como de sus emisiones de deuda con aval del Estado, después de hacer lo mismo recientemente con la calificación del Reino de España. Entre esas instituciones estaban BBVA y Santander, a los que se metía en el mismo saco que a entidades con más problemas de solvencia como Caja Madrid, Bancaja, Caja España y CaixaCatalunya. Como hiciera el pasado miércoles, Elena Salgado salió al paso en TVE donde dijo que Moody’s debía reconocer que el sistema financiero español en su conjunto es de los más sólidos de Europa y que la advertencia de la agencia constituía simplemente un ejercicio de simulación. La firma sostenía que la capitalización, rentabilidad y acceso a los mercados de financiación de la banca española "permanecerán débiles", debido a las dificultades económicas, el progresivo deterioro de los activos y los planes de austeridad fiscal del Gobierno. Dicho y hecho. El 4 de enero, BBVA pidió a los inversores institucionales que le comprasen una emisión de cédulas hipotecarias a tres años por importe de 1.200 millones. La consiguió vender con amplitud, pero para ello tuvo que ofrecerles un tipo de interés del 2,25%, un 15% más alto que cuando colocó 2.000 millones en verano y casi tres veces más que doce meses antes. Santander hizo lo mismo un día después y tuvo que abonar también un 2,25%, un 55% más que en abril de 2010. “Fue la prueba del algodón”, indican fuentes financieras, las cuales indican que parte de los 1.000 millones que emitió el grupo de la llama roja se lo tuvieron que quedar los propios bancos colocadores porque no encontraron suficientes inversores para suscribir los títulos. “Si los mercados no nos prestan, no podemos prestar. El sistema se hunde y la economía también”, fue el mensaje que ambos bancos le enviaron al Gobierno en la citada reunión, en la que invitaron al equipo de José Luís Rodríguez Zapatero a tomar medias urgentes de manera unilateral. Tanto Santander como BBVA habían reiterado a los analistas que su dependencia de la economía española oscilaba entre el 27 y el 33%, respectivamente, y que el resto de los ingresos procedían principalmente del Reino Unido y Brasil –en el caso del primero- y de Estados Unidos y México, en el caso del segundo. Una defensa que no caló hasta que el Gobierno comenzó a filtrar en la segunda semana del presente mes de enero que iba a obligar a las cajas a poner negro sobre blanco y a intervenirlas para que el tumor de las que tuvieran grandes problemas no se extendiera al resto. El anuncio ha tenido un efecto inmediato: BBVA se ha revalorizado un 20% y Santander, algo más de un 13%, Popular, Bankinter y Sabadell también se han apreciado entre un 14 y un 18%. EL CONFIDENCIAL. 28-1-2011 Editorial. El País El primer gran pacto El pacto social sobre pensiones, prácticamente cerrado, tiene una importancia política que difícilmente puede ser menospreciada. De entrada, es un acuerdo de largo alcance, probablemente el único que consiga un amplio apoyo, político y de los agentes sociales, de entre la cadena de reformas económicas en que se ha embarcado el presidente Zapatero. Es un éxito también para UGT y CC OO, puesto que rompe con la perniciosa actitud hostil, basada en la numantina defensa de derechos que la situación de la economía y el empleo no respaldan, hacia la negociación con Gobierno y empresarios. No menos importante es el esfuerzo de los negociadores por despejar las dudas que pueda suscitar entre los inversores la hipótesis de un eventual colapso del sistema, que lógicamente llevaría a que el Presupuesto tuviera que hacerse cargo del de las pensiones. El riesgo queda minimizado, a cambio de un recorte medio de las prestaciones de un 12% para el conjunto del sistema. A este éxito político debería adherirse el PP como demostración práctica de que los consensos no tienen por qué mermar votos; de que no tiene sed de poder disfrazada de sed de urnas. Las reformas suelen ser molestas (a veces muy dolorosas) pero, para que surtan efecto, necesitan estabilidad y voluntad de mantenerlas aunque cambie el partido gobernante. EL PP daría un mensaje de apoyo firme a la estabilidad económica si hiciese constar su voluntad de aplicarla cuando gobierne. El contenido pactado dista mucho de una reforma radical que trastoque drásticamente las expectativas vitales de los trabajadores. Gobierno y sindicatos han aceptado que el objetivo principal era prolongar la vida laboral efectiva del asalariado, antes que imponer fechas rígidas de jubilación. Por esa razón, aunque consta un aplazamiento de la edad de retiro (desde los 65 años actuales hasta los 67), lo más importante es la detallada casuística que se establece para relacionar vida laboral y jubilación. Así, un trabajador sólo podrá jubilarse a los 65 años con la pensión completa si ha cotizado durante 38,5 años. Para el resto de los trabajadores será necesario cotizar durante 37 años para retirarse con la pensión completa a los 67 años. La negociación ha hecho posible un acuerdo que se antojaba difícil (el Gobierno pensaba que el mínimo de cotización para jubilarse a los 65 eran 40 años), pero en otros apartados el Ministerio de Trabajo se ha mostrado inflexible. Así, para calcular la pensión se tendrán en cuenta los últimos 25 años, en lugar de los 15 en la actualidad. Lo más discutible de la reforma es la excesiva duración del periodo transitorio para ampliar la edad de jubilación. Tal como está pactado, empezará en 2013 y acabará en 2027, de forma que la vida laboral aumentará a un ritmo de un mes y medio por año. De esta forma se respetan con más propiedad los derechos de los trabajadores; pero un periodo transitorio de 10 años tampoco hubiera mermado tales derechos, hubiese establecido un plazo igualmente razonable y habría transmitido la voluntad política firme de buscar la solvencia del sistema con más rapidez. La cuestión capital es si esta reforma cancela definitivamente el riesgo de un colapso del sistema. La respuesta es que, muy probablemente, el riesgo queda prácticamente conjurado durante los próximos 40 años. Sobre todo si la economía española regresa a tasas de crecimiento superiores al 2% y crea cantidades razonables de empleo. La importancia de la reforma es que rompe con la idea de que el sistema de pensiones es intocable e instaura el precedente de que puede revisarse periódicamente para corregir las deficiencias sin que ello constituya un drama social. Por lo demás, es un éxito político que cabe atribuir a la insistencia del Gobierno y a la flexibilidad de los sindicatos, que ojalá trasladen a otras negociaciones. EL PAÍS. 28-1-2011 Editorial. El Mundo Un buen pacto que puede quedarse corto PARECÍA casi imposible hace un par de semanas, pero lo cierto es que el Gobierno y los sindicatos llegaron ayer a un compromiso para reformar el sistema de pensiones. Ahora resta la tramitación parlamentaria de ese acuerdo, que podría sufrir algún pequeño retoque. Según datos del Ejecutivo, el pacto traerá como consecuencia un retraso en la edad real de jubilación de los 63,2 años de hoy a los 65,5 años en el 2027. En síntesis, los trabajadores que hayan cotizado 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años cobrando el 100% de la base reguladora. El Gobierno ha cedido en este apartado a las demandas de los sindicatos, que han conseguido que alrededor de la mitad de los cotizantes vayan a poder jubilarse a esa edad de 65 años sin merma de sus derechos. Quienes no logren superar ese periodo de cotización tendrán que jubilarse a los 67 años para no ver penalizada su pensión. La edad mínima de jubilación se fija en los 63 años, dos años más que el requisito actual. En Francia, la elevación de la edad mínima dio lugar a varias huelgas generales, mientras que aquí la batalla se ha librado sobre el retraso de la edad legal. La aplicación conjunta de ambas modificaciones contribuirá a alargar de hecho la vida laboral media en esos dos años. Otro de los aspectos importantes del acuerdo es que se elevará el periodo para calcular el importe de la prestación de los actuales 15 a 25 años, lo que de hecho conllevará una reducción de la cuantía. Todas estas medidas se irán implantando gradualmente desde el año 2013 al 2027 en el que estarán totalmente en vigor, lo que significa que afectarán plenamente a la población que ahora tiene menos de 50 años. Al igual que sucede en otros países como Alemania o Suecia, el acuerdo introduce también el crecimiento económico y la evolución demográfica como factores para calcular la pensión, que hasta la fecha se había venido revalorizando sólo en función de la inflación. Estos ajustes eran inevitables en una población como la española que ha incrementado en más de 15 años sus expectativas de vida desde los años 50. Según la OCDE, esas expectativas aumentarán unos cinco años más a mitad de este siglo, lo que hacía imposible la sostenibilidad del actual sistema. A ello se suma el envejecimiento de la población española, que se acelerará a partir del 2030, lo que supondrá que el porcentaje de personas en edad de trabajar será muy inferior al actual. A la luz de estas tendencias, cabe preguntarse si la reforma pactada es suficiente para garantizar a largo plazo la viabilidad del sistema, del que se benefician hoy ocho millones de ciudadanos, el doble que en 1980. No hay una respuesta segura a esta cuestión, pero parece probable que el acuerdo alcanzado ayer tenga que ser revisado en un plazo no superior a 20 años, como ha sucedido con el Pacto de Toledo, suscrito en 1995. Pero no hay duda de que el nuevo marco legal es más realista que el anterior y que ayudará a la Seguridad Social a mantener un equilibrio financiero que hoy está en peligro. El acuerdo supone, sin duda, un éxito político del Gobierno y una muestra de realismo de los sindicatos, que tendrán que abordar ahora la crucial reforma de la negociación colectiva. Sería lamentable que el precio por el pacto de ayer fuera el endurecimiento del despido objetivo o la renuncia del Ejecutivo a modificar el desfasado sistema de convenios. Pronto lo veremos. En cualquier caso, todo indica que la CEOE y el PP se van a sumar al acuerdo sobre pensiones que, aunque no deja plenamente satisfecho a nadie, va en la buena dirección y crea un positivo precedente para pactar futuras y necesarias reformas. EL MUNDO. 28-1-2011