La Audiencia investiga a Blesa por las preferentes y la Fiscalí­a se opone

Basta ya de impunidad

Ha vuelto a suceder. Un juez se atreve a encausar a un banquero por estafa y el gobierno, lejos de defender nuestros derechos se convierte en abogado defensor de ladrón. Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite una nueva querella por la venta de prefrentes, implicando a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, así­ como a seis ex consejeros de la entidad. Lo sorprendente es que la Fiscalí­a Anticorrupción se haya opuesto furibundamente. Todo forma parte de una estrategia desatada cuando otro juez, Elpidio José Silva, se atrevió a meter a Blesa en la cárcel. Y cuyo objetivo es decretar “la nulidad del caso”, lo que dejarí­a libres y sin cargos a los estafadores.

Entre los acusados, además de Blesa, están otras seis personas que formaban parte del Consejo de Administración de Caja Madrid en 2009. Entre ellos el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella. Se les acusa de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y publicidad engañosa. “Que todos los banqueros, desde Blesa hasta Botín, paguen por las estafas y atracos contra la población”

En esa época, Caja Madrid lanzó una emisión de preferentes por valor de 3.000 millones de euros, la de mayor cuantía realizada en España destinada a los pequeños ahorradores. Se les aseguró que era “una inversión segura y sin riesgo”, y para ello presentaron un informe de las agencias de calificación, que avalaban la calidad del producto.

Todos conocemos la verdad. En realidad las preferentes eran sofisticados títulos financieros de tan alto riesgo que ningún gran inversor quería comprarlos. Por eso tuvieron que colocarlos, con engaños y mentiras, a los pequeños ahorradores.

Ahora esos jubilados o pequeños empresarios han perdido alrededor del 70% de su dinero.

¿No está claro que se trata de una estafa? ¿No existe una indignación social que exige detener a los estafadores?

Pues resulta que la Fiscalía Anticorrupción, que debería ser la primera en perseguir el delito, no quiere que se juzgue a los estafadores, alegando que “las entidades han podido incurrir en graves deficiencias” pero que “no se dio un engaño penalmente relevante ya que no hubo un plan preconcebido para estafar a sus clientes”.

¿Qué no hubo un “plan preconcebido para estafar”? ¡Pero si la ley exigía que los compradores “comprendieran los riesgos del producto”… y se llegaron a vender preferentes a clientes analfabetos!

La última trinchera de la fiscalía es que aunque la venta de preferentes fuera inmoral, no constituía entonces un delito. Es decir, que aunque fuera un atraco, era un atraco legal.

El juez le ha contestado que “no se trata de que el producto o los productos financieros de alto riesgo comercializados por las querellas fueran legales, que lo eran, sino si en su comercialización y negociación se ocultó la verdadera situación de las entidades participadas por los preferentistas y el verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos”.

Es decir, para el juez no vale que el atraco “sea legal” para exonerar al estafador. Si es un atraco, debe pagar.

Todo lo relacionado con el “caso Blesa” huele muy mal. Y el mayor hedor proviene de quienes deberían perseguir el delito, y sin embargo se dedican a encubrirlo.

La fiscalía ya se opuso a la decisión del juez Silva de decretar prisión incondicional contra Blesa. Incluso se presionó para que el recurso presentado por la defensa de Blesa, que iba a dirimirse dentro de varios meses, se acelerara. Hasta el punto de que este mismo viernes se estudiará en una sala de la Audiencia Nacional. Y lo que reclama la defensa es que el juicio se declare nulo, con lo que Blesa y el resto de banqueros ladrones “se saldrían de rositas”.

¡Ya está bien!

¿Es que los banqueros son “intocables”, aunque se demuestre que nos han estafado impunemente? ¿Es que no quieren que se condene a uno, aunque sea menor, como Blesa, porque eso significaría que sí se puede juzgar y condenar a todos? ¿Hasta dónde quieren que llegue la impunidad de los banqueros para atracarnos a todos?

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