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La multinacional alemana exigió a los trabajadores de SEAT en la planta catalana de Martorell un año de congelación del sueldo, como condición para mantener la adjudicación del modelo Audi Q3, evitando así más despidos. Cuando los trabajadores aceptaron en referéndum las condiciones, la dirección de Volksgawen presentó las cuentas anuales, con un beneficio de 44 millones de euros. Y ahora, exige un año más con los salarios congelados y un incremento de las ayudas públicas, amenazando con trasladar el Q3 a la fábrica alemana de Ingolstadt. No podemos soportar un minuto más los chantajes de los monopolios extranjeros del automóvil. Y existen mecanismos para ponerles coto… si Zapatero y el ministro de Industria, Miguel Sebastián tuvieran voluntad política para hacerlo.
La dirección de Volkswagen se había comrometido a adjudicar a las plantas españolas la fabricación del Audi Q3. Para ello se ha obligado a los trabajadores a congelarse el sueldo, y al gobierno central y la Generalitat a soltar cientos de millones en subvenciones. Pero ahora, la cúpula de la multinacional alemana exige más por lo que ya hemos pagado. Y comunicó al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y al conseller de Innovació, Josep Huguet, el miércoles en la sede alemana, que los trabajadores de Seat debían congelarse el sueldo durante dos años al tiempo que las administraciones públicas habían de aumentar las ayudas previstas si la planta de Martorell quería recibir el modelo Q3. El conseller Josep Huguet lo consideró normal, afirmando que "obviamente, una empresa siempre pide más ayudas y más flexibilidad laboral”. Lo que ya no es tan obvio es la postura del gobierno español y catalán, en permanente genuflexión hacia Berlín. Primero viajaron a Alemania, en un humillante traslado, para mendigar a Volkswagen el cumplimiento de sus compromisos. Y han mostrado una indignante pasividad ante la negativa de la multinacional germana. Y eso que se ha llenado a Volkswagen de dinero público. El Gobierno español se ha comprometido a aportar unos 100 millones en subvenciones mientras que la Generalitat ha puesto sobre la mesa otro centenar de millones, entre las ayudas ya adjudicadas y las nuevas. Sólo existe una forma de solucionar el problema: supeditar el mantenimiento de las ayudas públicas al compromiso de no solicitar un solo ERE más ni despedir a ningún trabajador. Este es un poderoso instrumento en manos del gobierno. ¿Hay EREs? No hay ayudas. Y que devuelvan las que ya se les han concedido –todas ellas bajo el compromiso de mantener la carga de trabajo en España-. Sí se puede presionar a los monopolios automovilísticos. Pero para eso hace falta un gobierno que tenga la voluntad política para hacerlo. Zapatero y Montilla han demostrado con creces carecer de ella.